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Nuevas leyes para permitir a policías ingresar al Seguro Social y darle mayor independencia a la OIG, entre otras

El pasado viernes el gobernador Ricardo Rosselló Nevares convirtió en ley un proyecto que procura beneficiar a los miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico y otro para brindar más independencia a la Oficina del Inspector General.

De igual forma, el Gobernador firmó otras 16 medidas de iniciativa legislativa, que atienden diversos asuntos. Dichas medidas son: el Proyecto de la Cámara 864 y Proyecto de la Cámara 1015; los Proyectos del Senado 84, 304, 315, 867, 901 y 1069; y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 291, 373, 376, 437, 438, 476, 492 y 502.

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En primer lugar, el Proyecto de la Cámara 650, de la autoría de la representante Lourdes Ramos Rivera, permite que los miembros del sistema de rango del Negociado de la Policía de Puerto Rico ingresen al Seguro Social.

Los policías nunca han cotizado al Seguro Social, por lo que estos servidores públicos nunca han podido contar con este ingreso una vez concluyen su carrera profesional. Rosselló Nevares expresó que con la firma de esta ley se podrá asegurar que los policías puedan ser beneficiarios del Seguro Social.

La ley reduce la retención para el plan de contribución definida establecido por la Ley 106-2017 de 8.5% a 2.3%. Esta reducción de 6.2%, será utilizada para sufragar la aportación mínima necesaria para poder ser beneficiario del Seguro Social.

Rosselló Nevares indicó además que para ser elegible para el Seguro Social, el empleado tiene que cotizar alrededor de 10 años como mínimo. Por tal razón la aportación al Seguro Social será opcional para aquellos miembros que le queden menos de 10 años en la Policía.

Por otro lado, se convirtió en ley el Proyecto del Senado 1293, que enmienda la Ley de la Oficina del Inspector General (OIG). Esta medida le brinda a la OIG la autonomía administrativa, operacional, presupuestaria y fiscal, con el fin de que pueda operar de forma autónoma sin ningún tipo de intervención externa.

La medida equipara a la OIG con el grado de autonomía que tienen otras entidades fiscalizadoras, tales como la Oficina de Ética Gubernamental y el Contralor de Puerto Rico.

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