El viernes pasado, 6 de septiembre de 2019, iniciaron las vistas públicas sobre el Proyecto del Senado 1346, que propone eliminar el pago en efectivo del servicio de Uber. El senador Miguel Laureano Correa, autor de dicha medida, sostuvo una reunión con representantes de Uber, y con componentes de seguridad estatal y federal para buscar alternativas a los incidentes de “carjackings” que han afectado a los choferes y usuarios de este servicio.
El propulsor de la medida senatorial adelantó que durante la mañana del día 3 de septiembre de 2019, estuvo con el Presidente del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos, Lcdo. Luis García Fraga , con el Secretario del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, Elmer Román, con la Secretaria designada de Justicia, Denisse Longo, con el comisionado de la Policía, Henry Escalera y con los organismos de ley y orden del gobierno estatal y federal para afinar el funcionamiento del «task force» reconfigurado para atender los casos de «carjackings» en la isla. En dicha reunión se discutieron posibles enmiendas que pudiesen hacerse al proyecto radicado.
Además, Laureano Correa dejó saber que también se reunió con representares de Uber e indicó se están buscando alternativas para afrontar la situación de peligro a la que han estado expuestos sus trabajadores y los usuarios de dicho servicio, pues la compañía mostró su compromiso de atender de inmediato la situación que ha ido en aumento, e hicieron unas aportaciones relevantes que se están ya examinando para incorporarlas a la medida.
Entre las alternativas que se discutieron, está la de trabajar en conjunto con la iniciativa Trigger Puller, que es un proyecto conjunto entre estatales y federales, pero que ataca el narcotráfico. Además, los instó deponer en las vistas públicas que la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura llevará a cabo mañana viernes.
De otra parte, el senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez reaccionó a la presentación de esta medida que busca enmendar la Ley 75-2017, Ley de Transformación de Administración de la Comisión de Servicio Público y expresó lo siguiente:
«Este un asunto de un alto interés público y de seguridad. Se trata de que la empresa que dijo venir a traer mejores servicios de transportación y servicio de entrega de alimentos a base de la tecnología, ha guardado silencio ante los eventos recientes en contra de algunos de sus proveedores de servicio y no ha brindado explicaciones sobre los protocolos de seguridad que se deben utilizar tanto por los consumidores como los que trabajan para la empresa. En estos momentos, cada vez que un proveedor de servicio Uber prende la aplicación para trabajar se está jugando la vida. Es necesario hacer esta investigación cuanto antes y citar a la Comisión de Servicio Público, a los directivos de la empresa Uber y además representantes de los proveedores de servicios y consumidores con respecto a los problemas de seguridad de servicio. La investigación no está dirigida contra la empresa, sino a favor de quienes trabajan para la misma como un ingreso principal o accesorio y también en defensa de los consumidores para asegurarnos que el servicio que se brinde sea uno seguro confiable y en protección de la seguridad de quienes utilizan la plataforma».
Recientemente se han dado a conocer varios casos de ciudadanos que laboran como conductores para esa empresa en los cuales han sido víctima de asaltos, e inclusive se reportó el caso de un asesinato en el municipio de Caguas a una persona que daba servicio de lo que se conoce como Uber Eats.
Este proyecto que busca también enmendar la ley original 109-62, conocida como Ley de Servicio Público, para eliminar el uso de efectivo como alternativa de pago en las empresas de red de transporte, fue radicado el día 22 de agosto de 2019. Al momento ha contado con una sola vista pública, y está a la espera de que se rinda un informe o se vuelva a citar a una nueva vista para continuar con la discusión de la misma.
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