Radican medida para exigir al Congreso de EE.UU. excluir a Puerto Rico de aplicación del Military Selective Service

El senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, catalogó recientemente de bochornoso e indignante la firma del ex gobernador Ricardo Rosselló Nevares sobre la Ley 124-2019 que obliga a los jóvenes puertorriqueños a inscribirse en el servicio militar obligatorio para poder obtener la licencia de conducir.

Dicho proyecto, que fue firmado por Rosselló Nevares el 1 de agosto de 2019, y fue originalmente radicado por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, y los representantes José F. Aponte Hernández, Eddie Charbonier, José O. González Mercado y José E. Meléndez, establece que todo varón mayor de 18 años que solicite o vaya a renovar su licencia de conducir, quedará inscrito automáticamente en el Sistema de Servicio Selectivo de Estados Unidos, para asegurar el cumplimiento de los residentes de Puerto Rico con la ley federal de Military Selective Service Act, 50 U.S.C. 3801.

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Es por ello que el senador anunció la radicación de la Resolución Concurrente 86 que le exige al Congreso de los Estados Unidos de América que excluya a Puerto Rico del ámbito de aplicación del Military Selective Service Act, 50 U.S.C. 3801, et seq., según enmendado.

Compartimos aquí de forma íntegra las expresiones del senador Dalmau Ramírez:

“Cuando se pretenden imponer responsabilidades sin reconocer los derechos inalienables más elementales, como el derecho a la autodeterminación, se atenta contra la dignidad. El Servicio Selectivo es un sistema diseñado por el Congreso de los Estados Unidos para generar una lista de candidatos disponibles para el servicio militar en la eventualidad de que se decrete un estado de emergencia bélica y el gobierno determine reclutar soldados forzosamente. Es de particular importancia subrayar que, según expone el estatuto federal, a los jóvenes que no se inscriban se les podría imponer una pena de reclusión de cinco (5) años o una multa de hasta doscientos cincuenta mil dólares ($250,000.00)”, sentenció el Portavoz senatorial del PIP.

“Resultaría ofensivo e imperdonable que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, como cuerpo representativo de un pueblo amante de la paz, auspicie con su inacción o silencio el uso de nuestros jóvenes como carne de cañón en escenarios de conflictos bélicos presentes o futuros, particularmente cuando dichos conflictos no tienen absolutamente nada que ver con Puerto Rico, nuestra seguridad o nuestra subsistencia. Por estas razones y muchas otras he radicado esta Resolución Concurrente, con el fin de exigir al Congreso de los Estados Unidos de América que excluya a Puerto Rico del ámbito de aplicación del Military Selective Service Act”, concluyó Dalmau Ramírez.

Por otro lado, en la Cámara de Representantes, el también legislador por el PIP, Denis Márquez Lebrón, radicó la misma medida, en este caso es la Resolución Concurrente 112, exigiendo de igual forma al Congreso de los Estados Unidos excluir a Puerto Rico del ámbito de aplicación del Military Selective Service Act, 50 U.S.C. 3801, et seq., según enmendado.

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