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Comisión cameral analiza la prohibición de un herbicida en las vías públicas

La Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, presidida por el representante Joel Franqui Atiles, inició el estudio del Proyecto de la Cámara 138, para crear la «Ley para la prohibición del uso del glifosato en el desyerbado de autopistas, carreteras, avenidas, calles y caminos estatales o municipales, canales de riesgo y cualquier propiedad pública«.

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La legislación, de la autoría del representante Denis Márquez Lebrón, busca eliminar el uso del glifosato en las entidades gubernamentales, siendo uno de los herbicidas más utilizado y a su vez, polémico. Dicha medida fija que cualquier persona que viole ésto incurrirá en un delito menos grave y conllevará una multa no menor de cinco mil dólares o una pena de cárcel de seis meses.

Según expresó Márquez Lebrón, el interés es que el Estado no continúe actuando, a conciencia, como un agente que contribuye a la exposición de la ciudadanía a un probado elemento tóxico. A su primera audiencia pública compareció el secretario del Departamento de Agricultura (DA), Carlos Flores Ortega, quien reconoció que existe cierta preocupación por el sobreuso de este producto en Puerto Rico.

Sin embargo, el Secretario mostró reservas en la aprobación de la medida, ya que prohibir el uso de este producto en propiedades públicas tendría consecuencias de impedir cultivos agrícolas y podrían verse afectadas las investigaciones en las Estaciones Experimentales y los cultivos en fincas de propiedad pública. Como parte de las recomendaciones, Flores Ortega sugirió a que se reenfoque y se enfatice la educación y se oriente sobre el uso apropiado de glifosato y otros plaguicidas en vez de la prohibición de su uso.

De igual forma, expuso sus comentarios el doctor Wilfredo Robles, catedrático y decano asociado de la Estación Experimental Agrícola de la Universidad de Puerto Rico (UPR), quien mencionó que se debe tener mucho cuidado con estas determinaciones de la Agencia Internacional contra el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) y repensar por qué la comunidad científica y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) no apoyan dicha determinación. Esto, en referencia a los recientes informes de la European Food Safety Authority (EFSA) y del World Health Organization (WHO) que contradicen la determinación de la IARC que cataloga dicho producto como una sustancia probablemente carcinogénica a los humanos.

En el turno de preguntas durante la vista pública, el presidente de la comisión Franqui Atiles indagó referente a los herbicidas que utilizan en Puerto Rico y les solicitó a los funcionarios que entreguen en diez días a la Comisión una lista de los productos que están permitidos en Puerto Rico con sus precios.

El autor de la medida, y también portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en dicho cuerpo legislativo, Márquez Lebrón, manifestó preocupación por el vínculo del glifosato con las enfermedades como el cáncer, y de la constancia sobre el uso indiscriminado del mencionado químico, e indicó que dicha preocupación también es compartida por mucha gente en Puerto Rico.

Por su parte, el Secretario del DA aseguró que como agencia no promueven ningún plaguicida, pese a que a través del Laboratorio Agrológico del DA se regula la venta y el uso de estos en la Isla. Esto, a preguntas del representante Jesús Manuel Ortiz González.

Seguido, la licenciada Miriam Stefan, ayudante especial de Asuntos Legislativos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), respaldó la legislación por entender que dicho proyecto tiene la intención de proteger la salud y el medio ambiente. La licenciada afirmó que, de aprobarse el proyecto de ley, tomarán las medidas necesarias para velar el fiel cumplimiento, tanto por parte de las brigadas como de los contratistas que prestan servicios para el mantenimiento de áreas verdes.

Antes de finalizar la vista pública, el presidente de la comisión adelantó que citará para una nueva vista a finales de septiembre al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, al Colegio de Médicos y Cirujanos, a la Asociación de Agricultores y a las dos organizaciones que agrupan a los alcaldes, entre otras.

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