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Agenda y pulso legislativo: ¿Qué veremos en esta sesión?

Las principales medidas bajo la consideración de los cuerpos abarcan temas de familia, contribuciones, electorales y municipales

En la pasada sesión legislativa, resaltaron cuatro medidas que se vislumbran de gran impacto para el país. Se trata de los propuestos Códigos Civil, Municipal, Electoral y también la propuesta de Reforma Contributiva.

Microjuris conversó con el director ejecutivo de la Comisión de Reglas y Calendarios del Senado, Roberto Rivera, para conocer de primera mano el curso a seguir de estas medidas sobre las que la Legislatura pasará juicio en la presente sesión.

«Definitivamente esas cuatro medidas, las que incluyen el Código Civil, el Electoral, los proyectos de la Reforma Contributiva y el Código Municipal, son medidas que se van a tocar, que se van a aprobar en esta sesión», explicó Rivera en referencia a la sesión que abrió trabajos el pasado 13 de enero. Sobre cada una de estas medidas, a continuación le brindamos un resumen sobre el trámite que pasarán en su camino a convertirse en ley o -al menos- al intentar enfilar su entrada a la consideración de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, en La Fortaleza.

Código Civil

A un año de presentado el Proyecto Sustitutivo de la Cámara 1654, mejor conocido como el propuesto Código Civil de Puerto Rico, se espera que el mismo sea atendido y aprobado en la presente sesión con cambios realizados por el Senado.

El nuevo Código Civil propuesto es una de las medidas más abarcadoras y polémicas que surgen de anteriores sesiones y que hoy se encuentra en el proceso de someterse a enmiendas por la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto Rico. Radicado originalmente por la representante de mayoría, María Milagros Charbonier, la comisión senatorial que evalúa el proyecto está encabezada por el presidente de ese cuerpo, Thomas Rivera Schatz.

«Como culminó la pasada sesión sin que se bajara a votación, lo que corresponde ahora es a la Comisión hacer el informe positivo y someter la medida al pleno del Senado», explica Rivera.

En lo sustantivo, el Senado propone eliminar del proyecto del Código Civil el lenguaje que le reconoce derechos al no nacido, disposición que había sido incluida originalmente por la Cámara de Representantes. Por ejemplo, se elimina la frase que dispone que «el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le son favorables». Al respecto, grupos civiles que han sido críticos de este lenguaje han sostenido que de prevalecer un lenguaje diferente, ello podría constituir cortapisas irrazonables al derecho al aborto reconocido por jurisprudencia.

Por su parte, la representante novoprogresista María Milagros Charbonier, quien encabezó la discusión del proyecto en la Cámara, indicó que acogerá las enmiendas y le recomendará al presidente cameral, Carlos «Johnny» Méndez, que concurran con los cambios del Senado.

El Senado publicó el pasado mes de noviembre las enmiendas al proyecto, a modo de borrador, en su página de Internet. Sin embargo, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunció luego que la discusión de las propuestas enmiendas al Código Civil serían atendidas a partir de enero.

Según los cambios, se elimina el concepto de «derechos esenciales» y la prohibición a prácticas eugenésicas dirigidas a la selección de genes, sexo o caracteres físicos o raciales de los seres humanos. Asimismo, la clonación estaría prohibida de manera expresa.

Por otro lado, el lenguaje que el Senado mantuvo inalterado es el que establece que en el acta de nacimiento original no se autorizará enmienda sobre el sexo de nacimiento de una persona, aunque el tribunal pueda por medio de sentencia, autorizar al registrador a realizar una anotación al margen de la inscripción original del sexo.

Acerca del tema de la maternidad subrogada, se sostiene la disposición relativa a que el cuerpo no pueda ser objeto de «contratación privada». Pero se aclara que se verán como excepción la donación de órganos, células, tejidos, gametos, embriones y maternidad subrogada.

En otras áreas del Código Civil se reconoce la filiación por «métodos de procreación asistida» y que, además de la maternidad biológica, la maternidad subrogada cumple con lo que se conoce como la «presunción de maternidad».
Además, se elimina el lenguaje que prohíbe la eutanasia y las circunstancias en que una persona podrá rechazar o descontinuar un tratamiento médico.

De otra parte, se eliminan los artículos que flexibilizaban las instancias en que una persona puede ser internada en una institución para tratamiento de trastornos mentales. pudiendo ser internado hasta tres meses en contra de su voluntad, a pesar de no haber sido declarado incapaz por un tribunal. Otro cambio a la versión del Código Civil aprobada por la Cámara establece que se consignará en el Registro Demográfico cuando una persona fallezca como resultado de un evento catastrófico.

Sobre las iglesias, elimina todo el lenguaje que establece que estas y las organizaciones sin fines de lucro podrán tener una constitución como personas jurídicas. De igual manera, se retira del documento el artículo que establece que las iglesias y las instituciones eclesiásticas regirán sus asuntos internos «de acuerdo con su doctrina, dogmas, costumbres, leyes internas y disciplina religiosa propia», lenguaje que había sido incorporado por el presidente de la Cámara. Asimismo, se elimina la cláusula que establece que las iglesias y las entidades sin fines de lucro sólo tendrían que registrar ante el Departamento de Estado una inscripción que se convertirá «en un mero reconocimiento civil… para propósitos de publicidad».

Otra enmienda elimina el texto incluido en la Cámara que permite la concesión de un bien patrimonial del Estado, ya sea por parte de un municipio o el gobierno central, a una entidad privada, sea esta de manera permanente o temporal. Al respecto, se añade un nuevo artículo que define las cosas comunes como «aquellas cuya propiedad no pertenece a nadie en particular y en las cuales todos los hombres tienen libre uso, en conformidad con su propia naturaleza: tales son el aire, las aguas pluviales, el mar y sus riberas».

En la versión del Senado, se mantiene la definición de matrimonio incorporada por la Cámara, que lo define como «un contrato civil en virtud del cual dos personas se obligan mutuamente a ser cónyuges».

En cuanto a los derechos de los menores no emancipados, se les reconoce la capacidad de tomar decisiones sobre tratamientos médicos sobre su persona y sus hijos «sin que sea necesario el consentimiento de sus progenitores o tutores, siempre y cuando estos tratamientos redunden en el mejor bienestar e interés de los menores».

El Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, compila todas las leyes relativas a los derechos privados de los ciudadanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Bajo el fundamento de que la sociedad ha sufrido «grandes y drásticos» cambios en el período comprendido desde el año 1930 hasta el 1997, la Asamblea Legislativa creó la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión del Código Civil de 1930, en busca de producir «una obra atemperada a nuestros tiempos, tarea que es monumental y que requiere mucho esfuerzo y perseverancia», de acuerdo con lo descrito en la página web de la Comisión.

Código Municipal

Presentado en la pasada sesión por la senadora Margarita Nolasco y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el Proyecto del Senado 1333, mejor conocido como Código Municipal, es actualmente objeto de enmiendas por por parte de la Comisión de Asuntos Municipales, según confirmado con Rolando Rivera, director ejecutivo de la Comisión de Reglas y Calendarios de ese cuerpo.

Al igual que la medida de Código Civil, el Código Municipal quedó pendiente sin aprobarse en la pasada sesión y actualmente se encuentra sufriendo enmiendas en la comisión que preside el senador Nelson Cruz, quien no estuvo disponible para entrevista.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, José Román Abreu se expresó sobre los cambios propuestos por la Legislatura al Código Municipal, asegurando que una medida de esa magnitud requiere de consenso, de un estudio a profundidad con especialistas en el tema, porque en las leyes y medidas que aplican a los municipios, según se desprende de un informe de prensa, «está contenido lo más importante, que son los servicios a la gente».

«A días para culminarse la sesión legislativa, el País debe saber que el Código Municipal, una medida legislativa con más de 1,115 páginas y que integra más de 17 leyes, regula toda la organización, administración y funcionamiento de los municipios. El presidente de la Cámara de Representantes aceptó [el pasado noviembre] que varios alcaldes se oponen a la aprobación del mismo, evidencia que hay que ser prudentes con este tema», añadió Román Abreu.

«Eso es correcto, esta medida va a ser aprobada en esta sesión y las enmiendas se están trabajando», aseguró Rolando Rivera.

Código Electoral

En noviembre pasado, el Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes aprobaron en el último día de la Sexta Sesión Ordinaria un Informe de Conferencia en el que se dilucidaron las discrepancias surgidas en torno al Proyecto del Senado 1314, mejor conocido como Código Electoral.

La pieza todavía se encuentra bajo el trámite legislativo luego de que, tras ser aprobada en noviembre, se encontraran errores que provocaran una reconsideración. Esto suscitó el que la medida fuera devuelta a comité de conferencia el primer día de la presente sesión, el pasado 13 de enero. En noviembre pasado, no se había encontrado consenso respecto al contenido de la pieza legislativa entre ambos cuerpos y la misma fue objetada por la oposición política, así como por otros sectores del país.

Esta medida propone adoptar el Código Electoral de Puerto Rico de 2019, que derogar la Ley Núm. 78-2011, según enmendada, conocida como Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI. Asimismo, derogaría la Ley Núm. 6 de 24 de septiembre de 1979, conocida como Ley de Primarias Presidenciales Compulsorias y modificaría la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, entre otros cambios. También se propone derogar la Ley Núm. 12-2018, conocida como Ley para Garantizar el Voto Presidencial a todos los Ciudadanos Americanos Residentes en Puerto Rico, pero cuyas disposiciones pasarían a incluirse a este nuevo Código.

El entirillado electrónico con la versión final del texto destaca las enmiendas realizadas en torno al llamado «voto presidencial». En específico, el Artículo 8.3b de la pieza legislativa dispone:

«Cada cuatro (4) años, en el mismo día de las Elecciones Generales, comenzando con la Elección General del año 2024, la Comisión deberá organizar y viabilizar que los electores en Puerto Rico emitan su voto para expresar su preferencia entre los Candidatos para los cargos de Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos de América».

El Código Electoral propuesto ordena a la Comisión Estatal de Elecciones iniciar un plan piloto de voto por Internet para este año. Precisamente ha sido la implementación de un sistema de votación utilizando la red de Internet la que ha causado más revuelo. Tanto la oposición política, así como entidades como la ACLU han levantado bandera en este aspecto arguyendo que la mayoría de los países han descartado como buena práctica el utilizar Internet en las votaciones pues, al momento, no se conoce de una tecnología existente que garantice la protección contra ataques cibernéticos o intrusiones de otros gobiernos, como se ha alegado, por ejemplo, en el caso de los comicios presidenciales de 2016 en los Estados Unidos y la presunta participación del gobierno de Rusia para favorecer la campaña del entonces candidato Donald Trump.

Accede al Informe de Conferencia y el Entirillado Electrónico aquí.

Reforma Contributiva

Por su parte, la Cámara de Representantes ha procurado colocar especial atención al tema contributivo. Aún con los retos que supone el ofrecer mayores alivios contributivos en tiempos de directrices de austeridad por parte de la Junta de Supervisión Fiscal, la Cámara Baja ha aprobado tres (3) proyectos de ley en ese sentido. A esta suma de medidas también se le ha llamado «Reforma Contributiva», a pesar de que las mayores reformas al código contributivo en la Isla fueron recogidas en la Ley Núm. 257-2018, dada a conocer como el «Nuevo Modelo Contributivo».

De los tres proyectos uno ya fue convertido en ley, tratándose del proyecto de la Cámara 2210, hoy Ley Núm. 17-2020, firmado por la gobernadora. Dicho estatuto aclara que todos aquellos servicios rendidos fuera de Puerto Rico serán considerados como ingresos de fuentes dentro de Puerto Rico cuando: (1) los servicios prestados sean ofrecidos por cualquier individuo, que no sea empleado, y entidad jurídica a cualquier rama del Gobierno de Puerto Rico o a cualquier otra entidad creada por ley estatal o federal; y (2) los servicios que se rindan bajo un contrato que no se remita a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, siempre y cuando dicho contrato, en virtud de la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según enmendada, o mediante algún reglamento que haya promulgado el Contralor, no esté expresamente exento de cumplir con el requisito de publicidad que rige toda contratación gubernamental al requerir que los mismos se envíen a la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Dada la naturaleza de la contratación y los servicios que rinde un empleado, según se define en el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, los servicios prestados por estos fuera de Puerto Rico, seguirán siendo tratados como ingresos de fuentes fuera de Puerto Rico.

Las restante medida pendiente – la P de la C 2172 – fue aprobada con enmiendas de ambos cuerpos y espera a ser atendida en Fortaleza para la firma de la Gobernadora.

El P de la C 2172 dispone que si bien mediante la Ley Núm. 257-2018 la Asamblea Legislativa eliminó el B2B a un 77% de los contribuyentes, en el referido proyecto de ley, se eliminaría el mismo para el 85% de los contribuyentes, al aumentar la exención para aquellos comerciantes con un volumen de negocios hasta $300,000. De igual manera, para los individuos, mediante la Ley Núm. 257-2018, ya se había dispuesto una reducción de un cinco (5) por ciento. Sin embargo, esta ley, de aprobarse, establece una reducción adicional de tres (3) por ciento para aquellos contribuyentes cuyo ingreso bruto no exceda de $150,000.

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