Junta de Supervisión acoge favorablemente el esfuerzo interagencial para reducir el atraso en el Registro de la Propiedad

La Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico acogió una nueva iniciativa para reducir la acumulación de títulos de propiedad y otros documentos que aún no se han registrado en Puerto Rico. Esta iniciativa se lanzó con la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Justicia.

El nuevo programa, diseñado para procesar más de 400,000 documentos que están pendientes de inscribirse en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico, tiene varios componentes principales que incluyen un programa de estudio y trabajo con 130 estudiantes graduados y subgraduados de la UPR que se asignarán a la agencia, así como cinco notarios públicos y cinco supervisores que serán contratados por el Departamento de Justicia.

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La Junta de Supervisión destacó la necesidad de mejorar la eficiencia del Registro de la Propiedad debido a su impacto directo en el ambiente empresarial y en el desarrollo económico, como lo demuestra el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales. Un proceso de registro funcional y eficiente fomenta las inversiones que aumentan el valor neto de las propiedades y facilitan las actividades empresariales que pueden producir riqueza. Contar con un sistema efectivo de registro de propiedades le otorga a las personas y a las empresas el derecho exclusivo de usar sus recursos como mejor entiendan.

“Es fundamental que dirijamos los recursos existentes a mejorar las áreas prioritarias de preocupación que promoverán la actividad económica y reducirán los obstáculos para abrir un negocio en Puerto Rico. La importancia de un registro actualizado es vital para una economía, ya que permite que una persona reclame ser dueño de su propiedad y la utilice para garantía y financiamiento. Además, cualquier venta de una propiedad no podría considerarse válida si no está registrada. Estos derechos respaldan la inversión y brindan transparencia a las transacciones inmobiliarias en Puerto Rico”, dijo la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión, Natalie Jaresko.

Las medidas que se están tomando para reducir la acumulación de documentos en el Registro de la Propiedad se relacionan con la Reforma para la Facilidad de Hacer Negocios, una de varias reformas estructurales requeridas en el Plan Fiscal Certificado, que también abordan los problemas de capital humano y bienestar, el sector energético y la infraestructura. Un barómetro importante para medir este criterio es el Índice de Facilidad para Hacer Negocios del Banco Mundial, que actualmente clasifica a Puerto Rico en el escalafón número 65 de 190 países. Se estima que registrar una propiedad en Puerto Rico ahora mismo toma alrededor de 191 días, de los cuales 180 días se deben a demoras en el Registro de la Propiedad, lo que coloca a Puerto Rico en la posición 161 de 190 para el registro de títulos, según el Banco Mundial.

En la actualidad, el Registro de la Propiedad recibe más de 130,000 documentos al año para inscripción y, aunque tiene la capacidad de procesar más de esta cantidad con su personal actual, solo puede reducir la acumulación de pedidos a razón de 31,824 al año si se toma en cuenta su carga de trabajo. A este ritmo, la agencia proyecta que tomará alrededor de 14 años eliminar el trabajo atrasado existente. Con el nuevo programa, la fuerza laboral de 310 del Registro de la Propiedad recibiría un aumento en su capacidad y podrá eliminar el retraso en aproximadamente cuatro años. La primera fase del programa de estudio y trabajo tendrá una duración de cinco meses, a partir de marzo.

“Creemos que la acumulación de casos podría reducirse significativamente si los estudiantes y los empleados del gobierno manejan alrededor de 90,000 casos adicionales por año. La iniciativa también será beneficiosa para estudiantes que busquen una excelente experiencia de trabajo, que podría generar oportunidades en el sector privado y público, además de proporcionarles una fuente de apoyo financiero mientras estudian”, dijo Jaresko.

La Junta de Supervisión aprobó una solicitud formal de la UPR para financiar la iniciativa con $386,100 de fondos que habían sido asignados a la institución en años fiscales anteriores y que no se utilizaron. Los estudiantes recibirán un salario de $15 la hora por su trabajo en el Registro de la Propiedad, el que podría incluir la inscripción de documentos de propiedad, el análisis de otros formularios oficiales tales como la cancelación de escrituras hipotecarias y las declaraciones de herederos, así como estimar el costo de sellos de rentas internas para documentos presentados. Además, el Departamento de Justicia contratará al personal que brindará apoyo al Registro de la Propiedad. La Junta de Supervisión también aprobó una solicitud de redistribución de $2 millones para que el Departamento de Justicia invierta en gastos
de capital relacionados con esta iniciativa.

“La creatividad y la colaboración son claves para resolver los problemas que obstaculizan el camino hacia la recuperación de Puerto Rico. Este tipo de colaboración entre la Universidad de Puerto Rico y diferentes agencias es un excelente ejemplo de cómo podemos trabajar juntos para mejorar la eficiencia y la eficacia del gobierno en Puerto Rico”, dijo Jaresko.

 

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