Tribunal Supremo federal revoca al Supremo de Puerto Rico en caso de Iglesia Católica

Descarga el documento: Roman Catholic Archdiocese of San Juan v. Acevedo Feliciano

Decisión revocada: Acevedo Feliciano v. Iglesia Católica

Este lunes, 24 de febrero, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una opinión per curiam en la que deja sin efecto lo resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre el pago de $4.7 millones por parte de la Iglesia Católica en Puerto Rico al Fideicomiso Plan de Pensión para Empleados de Escuelas Católicas.

Con esta reciente decisión del foro federal, queda también sin efecto una tercera orden emitida por un tribunal de instancia en el caso requiriendo la confiscación de los activos y el dinero de la Iglesia Católica -y cualquiera de sus dependencias- que se encontraran en Puerto Rico.

En lo específico, el Tribunal Supremo federal identificó error en la jurisdicción local para imponer pagos y confiscaciones en el caso, puesto que para las fechas que dichas órdenes fueron emitidas en marzo de 2016, las cortes en Puerto Rico habían perdido su jurisdicción sobre el caso Acevedo Feliciano v. Iglesia Católica, el cual ya había sido sometido bajo la jurisdicción federal a través de la Corte de Quiebras y de la Corte de Distrito en San Juan.

Aunque en la decisión se recogen argumentos acerca de la personalidad jurídica de la Iglesia Católica en Puerto Rico, la Arquidiócesis y las parroquias, la base de la decisión descansó en un error en jurisdicción para determinar la nulidad de lo resuelto por las cortes puertorriqueñas en el caso.

A continuación se resume la opinión Roman Catholic Archdiocese of San Juan v. Acevedo Feliciano:

Tracto de hechos

En 1979, la Oficina del Superintendente de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Juan creó un fideicomiso para administrar un plan de pensiones para empleados de escuelas católicas, denominado acertadamente el Fideicomiso del Plan de Pensiones para Empleados de Escuelas Católicas. Entre las escuelas participantes estaban la Academia Perpetuo Socorro, la Academia San Ignacio de Loyola y la Academia San José.

En 2016, los empleados activos y retirados de las escuelas católicas presentaron demandas en el Tribunal de Primera Instancia alegando que el Fideicomiso había terminado el plan, eliminando los beneficios de pensión de los empleados. Los empleados nombraron como acusados ​​a la “Iglesia Católica Apostólica y Romana de Puerto Rico”, que según los empleados era una entidad legal con autoridad de supervisión sobre todas las instituciones católicas en Puerto Rico. Igualmente, los empleados también incluyeron en la demanda a la Arquidiócesis de San Juan, al Superintendente de Escuelas Católicas, a las tres academias y al Fideicomiso.

El Tribunal de Primera Instancia -y confirmado por el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico- denegó una orden preliminar para requerir el pago de beneficios, pero el Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó. La Corte Suprema local concluyó que “si el Fideicomiso no tuviera los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones, los patronos participantes (es decir, las Escuelas Católicas participantes) estarían obligados a pagar”.

Sin embargo, debido a que había una disputa sobre qué demandados ​​en el caso tenían personalidades legales independientes, el Tribunal Supremo de Puerto Rico remitió el caso al Tribunal de Primera Instancia para determinar quién sería responsable de continuar pagando las pensiones.

El Tratado de París y la Iglesia Católica en Puerto Rico

El Tribunal de Primera Instancia determinó que la “Iglesia Católica Apostólica y Romana en Puerto Rico” era el único demandado con personalidad jurídica separada. La Corte sostuvo que tal personalidad existía en virtud del Tratado de París de 1898, a través del cual España cedió Puerto Rico a los Estados Unidos. El Tribunal determinó que la Arquidiócesis de San Juan, el Superintendente y las academias constituían una “división o dependencia” de la Iglesia, porque esas entidades no se incorporaron por separado.

Como resultado, el Tribunal de Primera Instancia ordenó a la “Iglesia Católica Apostólica y Romana en Puerto Rico” hacer pagos a los empleados de acuerdo con el plan de pensiones. Diez días después, el Tribunal emitió una segunda orden que requería que la Iglesia depositara $4.7 millones en una cuenta judicial dentro de las siguientes 24 horas. Al día siguiente, el Tribunal emitió una tercera orden requiriendo que al alguacil del tribunal confiscar los activos y el dinero de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, y cualquiera de sus dependencias, que se encontraran en Puerto Rico.

Con personalidades jurídicas separadas

La Corte de Apelaciones de Puerto Rico revirtió esta orden. En su opinión, sostuvo que la “Iglesia Católica Apostólica y Romana en Puerto Rico” era una “entidad legalmente inexistente” y concluyó que el Tribunal podría ordenar a la Arquidiócesis de San Juan y a la Academia Perpetuo Socorro a que hicieran los pagos de contribuciones al plan de pensiones de los maestros afectados. En esa línea, dispuso que la Arquidiócesis de San Juan disfrutó de una personalidad jurídica separada como sucesor efectivo de la Iglesia Católica Apostólica y Romana en Puerto Rico, la entidad reconocida por el Tratado de París. La Academia Perpetuo Socorro también constituyó una persona jurídica separada porque se había incorporado de conformidad con la ley de Puerto Rico, a pesar de que su registro no estaba activo en 2016, cuando se emitieron las órdenes. Las dos academias restantes, la Academia San Ignacio y la Academia San José, eran parte de la misma entidad legal que “sus respectivas parroquias”, pero los empleados no pudieron obtener alivio contra las parroquias porque no habían sido incluidas en la demanda presentada.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revirtió nuevamente al foro apelativo, restableciendo la orden judicial preliminar emitida por el Tribunal de Primera Instancia. La Corte Suprema sostuvo primero que “la relación entre España, la Iglesia Católica y Puerto Rico es sui generis, dadas las particularidades de su desarrollo y contexto histórico”. La Corte centró su fundamento en que el Tratado de París reconocía la “personalidad jurídica” de “la Iglesia Católica” en Puerto Rico.

La Corte Suprema de Puerto Rico observó además que “cada entidad creada que opera por separado y con un cierto grado de autonomía de la Iglesia Católica es en realidad un fragmento de una sola entidad que posee personalidad jurídica”, al menos cuando las entidades no se han sometido a un proceso independiente incorporación ordinario”. En otras palabras, el Supremo de Puerto Rico estableció que “las entidades creadas como resultado de cualquier configuración interna de la Iglesia Católica”, como la Arquidiócesis de San Juan, “no son automáticamente equivalentes a la formación de entidades con personalidades jurídicas diferentes en el campo del Derecho Civil “, sino que “son simplemente fragmentos indivisibles de la personalidad jurídica que tiene la Iglesia Católica”. De similar manera estableció que Perpetuo Socorro Academy no era una corporación registrada en 2016, cuando se terminó el plan de pensiones de los maestros y que por lo tanto, según el razonamiento del Supremo, el único demandado con personalidad jurídica separada y la única entidad a la que se le podía ordenar pagar las pensiones de los empleados era a la “Iglesia Católica Apostólica y Romana en Puerto Rico”.

Dos opiniones disidentes en el Supremo de Puerto Rico

La honorable jueza del Supremo, Anabelle Rodríguez Rodríguez, criticó a la mayoría es esta decisión por “interferir [inapropiadamente] con el funcionamiento de la Iglesia Católica al imponerle una personalidad jurídica que no tiene en el campo del derecho privado”. En su opinión, la Arquidiócesis de San Juan y las otras cinco diócesis en Puerto Rico tienen cada una su propia “personalidad jurídica independiente”. De forma similar opinó el honorable juez Ángel Colón Pérez quien también determinó que, según la ley de Puerto Rico, “cada diócesis y arquidiócesis tiene su propia personalidad jurídica” y que no existe ninguna “personalidad jurídica” separada llamada “Iglesia Católica Apostólica y Romana”.

La Arquidiócesis solicitó al Tribunal Supremo del Estados Unidos una orden de certiorari argumentando que las disposiciones de la Primera Enmienda de la Constitución federal requieren que los tribunales tengan deferencia con las propias opiniones de la Iglesia sobre cómo la misma está estructurada. Por ello, argumentó el que los tribunales deberían seguir el ejemplo de la Iglesia al reconocer las personalidades jurídicas separadas de cada diócesis y parroquias en Puerto Rico. La Arquidiócesis afirmó que la decisión de la Corte Suprema de Puerto Rico violó la “doctrina de la autonomía religiosa”, que establece que: “siempre que las cuestiones de disciplina, o de fe, o regla, costumbre o ley eclesiástica hayan sido decididas por el el más alto de los juzgados de la Iglesia a los que se ha llevado el asunto, los tribunales legales deben aceptar tales decisiones como definitivas y vinculantes para ellas, en su aplicación al caso que se les presente”. Id., 20 (citando a Watson v. Jones, 13 Wall. 679, 727 (1872)).

“Encontramos que el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción para emitir las órdenes de pago y embargo. El 6 de febrero de 2018, después de que la Corte Suprema de Puerto Rico remitió el caso al Tribunal de Primera Instancia para determinar las partes apropiadas en el injunction preliminar, la Arquidiócesis retiró el caso y lo elevó al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico”. reza la decisión emitida por el TSEU. En la demanda a nivel federal, la Arquidiócesis argumentó que el Fideicomiso se había declarado en bancarrota a través del Capítulo 11 y que este litigio estaba lo suficientemente relacionado con la bancarrota como para dar lugar a la jurisdicción federal. El Tribunal de Quiebras desestimó el procedimiento de quiebra del Fideicomiso el 13 de marzo de 2018. El Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico emitió las órdenes de pago y embargo correspondientes el 16 de marzo, 26 de marzo y 27 de marzo de ese año. No obstante, el Tribunal de Distrito no remitió el caso al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico hasta casi cinco meses después, el 20 de agosto de 2018.

El Tribunal de Primera Instancia emitió sus órdenes de pago e incautación después de que el procedimiento fue trasladado al tribunal federal de distrito, pero antes de que el tribunal federal remitiera el procedimiento nuevamente al tribunal de Puerto Rico. En ese momento, el Tribunal de Primera Instancia no tenía jurisdicción sobre el procedimiento.

Por lo tanto, la opinión del Supremo de los Estados Unidos en este caso establece que las órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico y la decisión del Supremo de la Isla son nulas.

Según se detalla en la opinión, el 13 de marzo fue cuando el Tribunal de Quiebras desestimó el procedimiento del Fideicomiso y que desde ese momento, aunque el argumento de la Arquidiócesis a favor de la jurisdicción federal perdió su fuerza persuasiva, aun así el caso permaneció en la corte federal hasta que esa corte, el 20 de agosto, llegó a una decisión sobre la moción que estaba pendiente ante ella. “Las acciones del Tribunal de Primera Instancia en el ínterin, incluidas las órdenes de pago y embargo, son nulas”, aclara la opinión.

“Creemos que el curso preferible en este punto es devolver el caso a los tribunales de Puerto Rico para que consideren cómo proceder a la luz del defecto jurisdiccional que hemos identificado”, dispone la decisión del caso.

La petición de certiorari y las mociones de permiso para presentar escritos amici curiae fueron otorgadas.

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