Desestiman demanda del Gobierno contra compañías de espuma de poliuretano flexible que alega conspiración para fijar precios

Descarga el documento: The Government of Puerto Rico v. The Carpenter Company et al

El Gobierno de Puerto Rico demandó a compañías y personas involucradas con la industria de la espuma de poliuretano flexible, alegando que estos han conspirado para mantener un esquema de fijación de precios en su perjuicio.

La demanda, presentada ante el Tribunal federal, sostiene que en el 2010 la compañía Vitafoam acudió a las autoridades federales para reportar la conspiración que realizaba en conjunto con tras compañías.

La investigación sobre conspiración para fijar los precios de sus productos descubrió que los dueños de las compañías de la industria se reunían entre 2 y 3 veces al año, en ocasiones coincidiendo con las reuniones bi-anuales de la Asociación de Espuma de Poliuretano (PFA, por sus siglas en inglés).

Se alega que los demandados establecían precios inflados y fechas en las cuales en conjunto inflarían sus productos aún más.

En la demanda, el Gobierno de Puerto Rico sostiene que salvo Vitafoam, que ha cooperado con las autoridades, y otra de las compañías que se fue a quiebra, las demás compañías continúan ejerciendo la conspiración en detrimento del gobierno, quien ha comprado el material de las compañías alegadamente co-conspiradoras. Por ello, solicitó un interdicto para que las compañías demandadas cesen de conspirar para fijar sus precios y reclamó la suma de $50,000,000.00 a estas compañías por los pagos en función de productos con precio inflado y daños relacionados.

Las compañías demandadas presentaron una moción de desestimación donde sostienen que el gobierno presentó una reclamación de la cual no surge que amerite la concesión del remedio solicitado. De inicio, señalan que la demanda no contiene suficientes alegaciones para que se emita un injunction contra una conducta que supuestamente no ocurre desde el 2010.

A su vez, las compañías alegadamente co-conspiradoras, puntualizaron que el Gobierno de Puerto Rico no puede litigar las reclamaciones de los residentes de Puerto Rico, por lo que no tiene legitimación para presentar la reclamación, y por ello la misma debía ser desestimada. En cuanto a la reclamación monetaria, los demandados sostienen que no procede por estar predicada en el enriquecimiento injusto, un remedio en equidad que existe en el Derecho para cuando no existe un remedio disponible en la ley. Sin embargo, la Ley Antimonopolística de Puerto Rico tiene un remedio adecuado para las alegaciones del gobierno, pero está prescrito. Sostienen los demandados que el gobierno no puede reclamar bajo un remedio en equidad con el propósito de revivir un término prescrito.

Algunas compañías por su parte presentaron mociones solicitando la desestimación de la demanda alegando que la misma no está relacionada a sus actividades dentro de la jurisdicción de Puerto Rico, por lo que no existe jurisdicción sobre su persona para que se les reclame. El Tribunal de Distrito, por su parte, tomó conocimiento judicial de que luego de que Vitafoam cooperara con las autoridades federales, en el 2010 se presentaron varias demandas. Muchas de esas demandas se consolidaron en una acción ante el Tribunal del Distrito del Norte de Ohio, la cual culminó con un acuerdo de transacción millonario, razón por la cual muchas compañías de esa industria se disolvieron o se acogieron se fueron a quiebra. Muchas de esas compañías pagaron multas y/o fueron sujetas a procesos criminales.

En cuanto a este caso, el Tribunal de Distrito determinó que, en efecto, habiendo transcurrido más de 4 años desde que el gobierno conoció o debió conocer de la conducta de los demandados, el término para solicitar el interdicto prescribió. El Tribunal también estuvo de acuerdo con los demandantes en que el gobierno debió reclamar sus daños bajo la Ley Antimonopolística. Dicha ley permite que un estado o territorio reclame por acciones en violación a las leyes antimonopolio, pero no existe disposición alguna ni precedente que permita que el gobierno demande a nombre del pueblo de Puerto Rico bajo la doctrina de enriquecimiento injusto.

por el Lcdo. Cristian González

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