Los licenciados Diego Alcalá y Alex Omar Rosa Ambert se unieron al grupo de abogados que propone medidas de prevención de COVID-19 en las cárceles de Puerto Rico.
El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Eduardo Rivera Juanatey, aclaró en una declaración escrita que la agencia ya tiene un protocolo de prevención y que «en el momento en que haya la necesidad de implementar planes alternos, así se estará comunicando».
Sin embargo, el licenciado Alcalá propuso la excarcelación de las personas que son más susceptibles al efecto mortal del COVID-19, que solo se arreste cuando no haya otro mecanismo para detener la conducta de la persona, que se reduzca o elimine la condición de la fianza como un método para garantizar la comparecencia de la persona y que se utilicen métodos como el grillete electrónico como método alterno a la fianza.
Además, planteó que se atiendan de manera expedita los casos que están pendientes ante la Junta de Libertad Bajo Palabra y que se aplique retroactivamente la decisión de Sánchez Valle.
El abogado también aclaró que muchas de las personas que están confinadas son por delitos que no son violentos. El informe de la Rama Judicial para el año 2016-2017 presenta que solo el 2% de los 39,645 casos que se procesaron fueron por delitos contra la vida.
«Si yo saco a uno, posiblemente estoy salvándole la vida», explicó Alcalá.
El abogado penal aseguró que aproximadamente el 15% de las 8,960 personas que están confinadas aún están en espera de juicio. Además, el sistema penal ingresa entre 10 a 15 imputados diariamente a través del centro de ingreso en Bayamón.
«Esto no es un asunto exclusivo de la rama ejecutiva. La rama legislativa y judicial también tienen responsabilidad», explicó.
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Alcalá estará desarrollando un sondeo para que los familiares de las personas confinadas puedan reportar los familiares que sean vulnerables a los efectos mortales del COVID-19.
Por otra parte, el licenciado Rosa Ambert propuso que se identificara la naturaleza del confinamiento del individuo y separaran la situación de los sumariados de los confinados. Además, planteó que se deben reevaluar las penas para que los confinados en riesgo tengan un mecanismo o método alterno.
Rosa Ambert también señaló que se puede liberar a las personas que están pendientes de apelación por crímenes que no son violentos.
«A veces lo abogados tendemos a ser mecánicos, pero son personas de carne y hueso. Esto es un panorama mucho mas abarcador que soltarlos por piedad. Hay que pensar en un macro mucho mayor», explicó.
Senado investiga el estado de las cárceles
El presidente de la comisión de Gobierno en el Senado, Carlos Rodríguez Mateo, visitó ayer los complejos correccionales de Guayama y Ponce para conocer si los complejos están siguiendo el protocolo de prevención de COVID-19 que propuso el Departamento de Corrección.
Rodríguez Mateo, que también es médico, explicó a Microjuris.com que la comisión de Gobierno estará investigando las estrategias y la implementación de los protocolos de prevención del virus, luego que el Senado aprobara la Resolución del Senado 1347.
La Resolución del Senado 1347 establece que las comisiones de Gobierno y de Salud investigarán cómo el gobierno se está preparando para la atajar la llegada del COVID-19 y qué medidas preventivas están tomando los Departamentos de Educación, Corrección y Rehabilitación, Salud, la Compañía de Turismo y la Autoridad de los Puertos para contrarrestar la entrada del virus y evitar su propagación a gran escala.
«Queremos ver cómo se atienden y cómo se lleva a cabo el protocolo de Corrección», explicó el senador.
Rodríguez Mateo enfatizó que los servicios de salud no pueden ser un privilegio del que no gocen las personas confinadas. El funcionario adelantó que su equipo podría examinar la ley y la jurisprudencia para evaluar cómo se puede apoyar a la población confinada desde una mirada salubrista.