La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentó hoy un plan ante el Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales (CRIM) para que los municipios puedan devolver al gobierno el dinero correspondiente a los beneficios de retiro pagados a los pensionados municipales.
La propuesta de la junta fiscal surge luego que la gobernadora Wanda Vázquez Garced propuso mayores aportaciones al CRIM y una asistencia de dos años a los municipios para poder aplacar el efecto de la eliminación de la Ley 29.
La anulación de la Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios, mejor conocida como Ley 29, en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico restituyó la obligación de los municipios para cubrir las pensiones PayGo y los pagos del seguro médico para sus empleados retirados.
La Junta de Supervisión identificó los ingresos de una sola vez y los ingresos incrementales no presupuestados que utilizarán los municipios para devolver el balance adeudado de $66 millones, y que se desglosan a continuación:
- Las ganancias pendientes de la lotería electrónica desde el AF16 al AF17
- Los fondos en exceso de la Contribución Adicional Especial (CAE), que es la porción del impuesto de la propiedad recaudado para cubrir las obligaciones de deuda municipal
- Las recaudaciones de impuestos que exceden las cifras presupuestadas, ya que el CRIM pudiera recibir recaudos por impuestos no presupuestados: propiedades nuevas que pagarán impuestos y recaudos por las deudas pendientes por impuestos adeudados
- Los ingresos por la venta de las deudas pendientes por el impuesto de la propiedad sin cobrar —una medida que tendrá un papel destacado en el plan fiscal del CRIM, que se certificara antes de que concluya el año fiscal—.
La junta revisó las propuestas que compartieron el CRIM y el gobierno. Sin embargo, la Junta de Supervisión está envió una carta con la alternativa que considera es la más responsable en términos fiscales.
«La Junta de Supervisión está comprometida en ayudar a encontrar soluciones fiscalmente responsables a fin de superar los retos que hoy enfrentan los municipios», declaró la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko.
A palabras de Jaresko, los 78 municipios combinados deben al gobierno $198 millones en el año fiscal 2020, que se traduce en la suma de los $166 millones en PayGo y los $32 millones en costos de cuidados de salud de la Administración de Seguros Salud de Puerto Rico (ASES).
No obstante, el Plan Fiscal Certificado y el Presupuesto Certificado para el año fiscal 2020 en curso ya incluyeron un pago de $132 millones al fondo de equiparación del CRIM para distribuir a los municipios.
Jaresko planteó en declaraciones escritas que el dinero no se pagó a los municipios como resultado de la Ley 29 y ahora se puede usar para compensar parte de lo que los municipios deben al gobierno.
La cantidad neta que los municipios deben es entonces $66 millones, o el 3% de los $1,970 millones correspondiente al presupuesto de todos los municipios, aunque el impacto varíe de municipio en municipio.
«Por supuesto que los municipios no pueden devolver los $66 millones de la noche a la mañana, pero la Junta de Supervisión trabajará con los municipios y el CRIM para cerciorarse de que el balance adeudado al Gobierno Central se pague de manera responsable», apuntó Jaresko.
De otra parte, la Junta de Supervisión propuso crear un mecanismo para facilitar liquidez (fondo) a corto plazo de $148 millones ($110 millones en AF2020 y $38 millones en AF2021) a disposición del CRIM -subvencionado por el gobierno-, con el propósito de cuadrar el déficit del flujo de fondos con las recaudaciones del impuesto de la propiedad aplazadas, debido a la crisis provocada por el COVID- 19.
El mencionado fondo estará disponible hasta el 31 de julio de 2020 y en ningún mes el total de retiros puede exceder los $38 millones.
El adelanto se repagará con las recaudaciones de impuestos de los meses de julio, agosto y septiembre de 2020. Para garantizar el éxito del reembolso, el mecanismo de liquidez requerirá pagos del impuesto de la propiedad para que se apliquen al balance del préstamo antes de estar disponibles para el CRIM.
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