Piden que Asamblea Legislativa continúe legislación sobre retroactividad de veredictos unánimes

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El penalista Alex Omar Rosa Ambert explicó a a Microjuris.com que la Asamblea Legislativa no debería esperar a que el Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) se exprese para continuar el proceso de legislar a favor de que se aplique de forma retroactiva el requerimiento de veredictos de culpabilidad que sean unánimes.

Las expresiones de Rosa Ambert surgen luego que, en la vista pública sobre el Proyecto del Senado 1590, se planteara la necesidad de que el TSEU resolviera el caso pautado para octubre de Edwards v. Vannoy para determinar si se debe aplicar de forma retroactiva en Puerto Rico el requerimiento de veredictos de culpabilidad unánimes.

La discusión surge a partir de la vista pública de la Comisión de lo Jurídico sobre el Proyecto del Senado 1590, que ya plantea la retroactividad de veredictos unánimes para declarar la culpabilidad a una persona en un juicio por jurado.

“No deberíamos esperar o depender del Tribunal Supremo Federal para la concesión de derechos más amplios”, sentenció el penalista.

El abogado también señaló la necesidad de estadísticas certeras sobre las personas que fueron sentenciadas a partir de veredictos por mayoría, que no fueron unánimes.

La vista pública, que comenzó a las 10:00 de la mañana y terminó pasadas las 7:00 de la noche, incluyó el testimonio de víctimas, familiares, organizaciones sin fines de lucro y oficiales gubernamentales.

El penalista señaló que la vista pública puede ser el comienzo de una discusión más amplia y de proyectos a largo plazo para capacitar el personal administrativo sobre la sensibilidad con la que deben responder a las necesidades de las víctimas de violencia.

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Por su parte, la secretaria del Departamento de Justicia, Dennise Longo Quiñones, planteó en la vista pública que se debería omitir la sección sobre retroactividad de la medida porque podría dejar de reconocer la validez de las sentencias hasta el momento, abre la puerta a procesos hostiles, estremece irrazonablemente la administración de la justicia y añade incertidumbre a los procesos finales y firmes.

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