El Departamento de Educación (DE) y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico apelaron la decisión para la apertura de los comedores escolares y radicaron una moción de auxilio para paralizar los términos de la demanda.
La apelación del Departamento de Educación sostiene que el tribunal erró al concluir «que existe un deber ministerial de brindar alimentos que ha sido incumplido por el Estado, y expedir el auto privilegiado de mandamus, a pesar de que tal deber no surge de ninguna ley y tampoco se ha incumplido».
El DE también señala que erró el tribunal «al intervenir con una determinación de política pública del poder ejecutivo en cuanto a la apertura de comedores, violentando así la separación de poderes, ya que la determinación respecto a cuántos y cuáles comedores escolares deben abrir es una determinación que le corresponde a la Rama Ejecutiva, no a la Rama Judicial».
Por último, señalan que erró el tribunal al disponer que las asociaciones demandantes poseen legitimación activa para instar la demanda y que la controversia que se planteó no es académica.
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Mientras, la licenciada Amárilis Pagán, representante de una de las organizaciones demandantes, sostuvo que las ayudas que están brindando organizaciones y algunos municipios no llegan a todos los barrios y comunidades de Puerto Rico.
«Ese trabajo sería más efectivo si se abriera la red de comedores escolares a través de todo el país. Los comedores escolares del Departamento de Educación son la única infraestructura con la suficiente amplitud geográfica como para lograr una red de distribución 7 días a la semana, a cada familia que lo requiera», explicó Pagán en declaraciones escritas.
Por otra parte, la Mesa Social abrió un correo electrónico para que familias y grupos comunitarios de Puerto Rico escriban y dejen saber el estado de situación de sus comunidades. El correo electrónico es abranloscomedoresya@gmail.com.
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