[DOCUMENTO] Cámara aprueba flexibilizar uso de pruebas clínicas

La Cámara de Representantes aprobó en sesión ordinaria el Proyecto de la Cámara 513 con el fin de enmendar la Ley Núm. 194-2000, según enmendada, conocida como la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente para disponer que los pacientes podrán solicitar la realización de pruebas clínicas que no requieran orden médica, cuando sufraguen el costos de las pruebas.

La medida es en conformidad con lo establecido en el Titulo 42 del Código de Regulaciones Federales así como el Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA).

La medida ordena que el Reglamento para Regular el Establecimiento y Operación de los Laboratorios de Análisis Clínicos, Laboratorios de Patología Anatómica y Bancos de Sangre sea atemperado a las disposiciones de la ley.

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La exposición de motivos del proyecto señala que la reglamentación vigente limita el acceso del paciente a los servicios que proveen los laboratorios clínicos, ya que exige procesar únicamente cuando el paciente tenga una orden médica.

Sin embargo, indica que esto atenta contra la prerrogativa del individuo a tener acceso adecuado a los servicios de salud.

Además, señala que las limitaciones no son cónsonas con la Ley 194-2000, al disponer que todo paciente tiene derecho a “participar plenamente en todas las decisiones relacionadas con su cuidado médico y de salud”.

De otra parte, la medida destaca que los planes médicos en general sufragan alrededor de un 70% a 80% del costo de las pruebas de laboratorio y que el restante 20% a 30% es costeado, a través de un deducible, por el asegurado que solicita la prueba de laboratorio.

Se expone además que la reglamentación federal vigente permite la disponibilidad del Direct Access Testing (DAT), que es lo que se conoce como el proceso que inicia un consumidor o paciente para solicitar y obtener pruebas de laboratorio sin necesidad de obtener autorización previa de un médico.

La medida, de la autoría de los representantes Michael Quiñones Irizarry, Joel Franki Atiles, José J. Pérez Cordero, y María de L. Ramos Rivera, fue aprobada con enmiendas del informe legislativo en votación con 46 votos a favor y un voto en contra.

La medida pasa al Senado para su consideración.

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