[COLUMNA] Los derechos de las personas acusadas están muriendo

Por el licenciado Alex Omar Rosa Ambert

El Prison Litigation Reform Act (PLRA) es una ley federal que delimita los parámetros en los que un confinado puede cuestionar las condiciones de su confinamiento mediante una acción civil en el Tribunal Federal. Esencialmente, el PLRA requiere que el peticionario agote los remedios administrativos de reclamaciones en el sistema carcelario, y que el mismo sea final y firme para poder solicitar remedio judicial federal. Para propósitos del estatuto, agotar remedios exige y obliga que el confinado prosiga con todos los procesos apelativos internos previo a acudir al tribunal. Si su apelación (1) es denegada, (2) no recibe respuesta a su reclamo, (3) no existe mecanismo de reparación de ese agravio particular en el sistema correccional, o (4) su caso adviene final y firme, el confinado puede solicitar remedio al PLRA. El requisito de agotar remedios administrativos es dispositivo. Salvo limitadas excepciones – como el peligro inminente a la vida o integridad física del confinado – no agotar el procedimiento administrativo conlleva la desestimación de la causa de acción.

Visita nuestro Observatorio COVID-19 en Puerto Rico

Por otro lado, el PLRA exige que el confinado reclamante sufrague la totalidad del costo del litigio – cuyo valor es cuantificado por la institución correccional demandada – para poder exigir un remedio federal. Sin embargo, el estatuto permite a un confinado solicitar que se releve de pagar los costos del litigio y se le declare litigante indigente, con estatus In Forma Pauperis (IFP). Ahora bien, el PLRA establece un límite de ocasiones en las que un confinado puede solicitar estatus IFP. Un solicitante cuyos reclamos son desestimados por frívolos, maliciosos, o por dejar de alegar un reclamo que amerita la concesión de un remedio en tres (3) ocasiones separadas e independientes está vedado de solicitar IFP en instancias adicionales. Por lo tanto, es su obligación pagar los gastos del litigio para proseguir con la solicitud de remedio.

El pasado 8 de junio, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó que una desestimación sin prejuicio de una acción de derechos civiles de un confinado al amparo del PLRA por ser “frívola, maliciosa, o por no alegar un reclamo legitimo para la concesión de un remedio” constituye una oportunidad de las tres (3) que tiene disponible para cuestionar condiciones de su confinamiento sin costear los gastos del proceso, al amparo del 28 U.S.C. § 1915 (g) (2019).

La jueza del Tribunal Supremo, Elena Kagan, emitió la opinión unánime del Tribunal en Lomax v. Ortiz-Márquez.

Lomax presentó una demanda contra la institución en la que se encuentra confinado en Colorado por removerlo de un programa de tratamiento. Acompañó su causa de acción con una solicitud para que se obviaran los costos del litigio, conocido normalmente como estatus In Forma Pauperis. Sin embargo, tres causas de acción de Lomax con estatus de In Forma Pauperis habían sido desestimadas por tribunales federales, por lo que tendría que sufragar los costos del litigio al amparo de 28 U.S.C. § 1915 (g) (2019).

El Tribunal de Distrito determinó que Lomax agotó sus oportunidades para litigar libre de costo. En apelación, el convicto argumentó que dos de las desestimaciones aludidas fueron sin prejuicio, por lo que podría relitigar el asunto, no contando como una oportunidad perdida al palio de la § 1915(g).

El Décimo Circuito confirmó al Tribunal de Distrito, asegurando que la consecuencia procesal de la desestimación – con o sin prejuicio – es inmaterial en el análisis de oportunidades de IFP bajo el estatuto.

La determinación del Tribunal Supremo está predicada en el texto del § 1915(g). Una causa de acción desestimada por dejar de alegar un reclamo que amerite la concesión de un remedio aplica indiscriminadamente a cualquier demanda. El efecto de la desestimación no es un factor para considerarse, pues no se encuentra en el lenguaje de la ley.

Por otro lado, el Tribunal estableció que la coherencia en la interpretación del lenguaje es necesaria. El PLRA contiene otras tres (3) disposiciones sobre una dejar de alegar un reclamo que amerite la concesión de un remedio. Esa facultad del Tribunal de determinar la consecuencia de una desestimación – con o sin prejuicio – responde a la autoridad inherente de un tribunal para disponer de reclamos frívolos o que carecen de evidencia, por lo que crear una distinción para demandas que fueron dispuestas sin prejuicio conllevaría otorgar distintos significados al mismo lenguaje en distintas secciones de la ley.

Lo contrario implicaría que los tribunales están vedados de desestimar demandas sin prejuicio, dado que solo una desestimación con prejuicio satisfaría el requisito de falta de alegar un reclamo que amerite la concesión de un remedio.

Por otro lado, el Tribunal descartó la contención de Lomax de que solo las desestimaciones que son irremediablemente defectuosas – como las maliciosas o frívolas – cuentan como una oportunidad perdida al palio del § 1915(g).

De inicio el Tribunal advirtió, como ejemplo, que no toda reclamación frívola es incorregible. Algunas pueden ser rectificadas con enmiendas a las alegaciones que definan los reclamos con mayor precisión. Igualmente, el Tribunal concluyó que el objetivo del § 1915(g) no fue limitar las acciones maliciosas y frívolas exclusivamente, sino reducir la presentación de litigación inmeritoria al amparo del PLRA. De lo contrario, la proliferación de demandas sin méritos limitaría la atención del Tribunal para asuntos en los que un remedio es viable. Por lo tanto, el Supremo concluyó que la frase “dejar de alegar una reclamación que amerite la concesión de un remedio” incluye desestimaciones con o sin prejuicio para la regla de tres oportunidades de reclamaciones IFP bajo el PLRA.

¿Aún no estás suscrito(a) a Microjuris? Hazlo aquí. ¿Necesitas cumplir con tus créditos de Educación Jurídica Continua? Hazlo en nuestra sección de cursos en línea.

Aunque deja una ventana abierta en su nota al calce cuatro (4) para enmendar demandas de modo que no sean desestimadas por las razones ya expresadas – presumiendo que los confinados cuentan con el conocimiento procesal y sustantivo para la alegación precisa de sus reclamos – la consecuencia de la opinión es un asunto de discusión limitado a su expresión final: condicionar las presentaciones de reclamaciones sobre condiciones en instituciones carcelarias podría implicar el efecto contrario al propuesto por la decisión.

Lo resuelto es un potencial disuasivo de litigios en los que el derecho en juego se encuentra en un área indefinida procesal o sustantivamente, si el convicto no quiere asumir el riesgo de perder esa oportunidad. El impacto de la determinación no puede ni debe menospreciarse, pues crea una distinción de acceso a la justicia para la mayoría de la población penal que no puede costear un litigio sobre sus condiciones de confinamiento.

Indudablemente, esta opinión cierra la puerta del tribunal para muchos litigios necesarios para indigentes, y constituye una brecha adicional de clases en el sistema.

A %d blogueros les gusta esto: