La gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó la Ley 76 de 2020 para crear la Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera contra Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos.
El fin de la medida es proteger a los adultos mayores contra la explotación financiera, una modalidad de maltrato.
La nueva ley establece los indicadores específicos de explotación financiera para que se apliquen en los protocolos de las instituciones financieras, cooperativas de ahorro y crédito, y compañías de seguros para la detección de los casos.
El autor de la medida es el senador Carmelo Ríos Santiago. La pieza legislativa tiene también como coautores al portavoz Eduardo Bhatia Gautier y al senador independiente, José A. Vargas Vidot.
La medida ordena que la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada establezca un protocolo legal para el manejo de los casos de explotación financiera de adultos mayores para todas las agencias responsables del manejo de los casos.
También dispone que se ofrezca colaboración, educación y capacitación sobre el tema de la explotación financiera para los diversos componentes del sistema judicial en Puerto Rico.
La exposición de motivos de la pieza legislativa hace mención a los hallazgos de un estudio que dirigió la Comisión de Revitalización Social y Económica del Senado, por orden de la Resolución del Senado 188.
La investigación fue sobre el impacto de la crisis económica y la seguridad financiera de la población, pero con especial énfasis en las personas de edad avanzada.
Los hallazgos señalan que la población mayor de 60 años puede ser una víctima frecuente de la explotación financiera.
En Puerto Rico existen varias leyes dirigidas a proteger a los adultos mayores de la explotación financiera.
La primera ley es la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores, la Ley 138 de 2014, una enmienda en el Código Penal de Puerto Rico que incluye la explotación financiera entre las modalidades de maltrato a las personas de edad avanzada y la Ley de Protección Financiera a Personas de Edad Avanzada o Incapacitados.
Sin embargo, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) tiene datos que apuntan a que en el año 2016 los casos de alegada explotación financiera que se refirieron a las agencias rondaron las 1,714.
Hasta el mes de abril del año 2017, se habían referido alrededor de 500 posibles casos de explotación financiera. Estos referidos ocurrieron conforme al Reglamento 7900 bajo la Ley 206 de 2008.
Las cifras de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) indican que la cantidad de casos referidos conforme a la Ley 206 de 2008 por las instituciones financieras a la OPPEA fue de 1,936 casos durante el año 2016.
Bajo la Carta de Derechos, las querellas a OPPEA por alegaciones de explotación financiera ascendieron a 3,050 en el año fiscal 2016-2017.
Entre las categorías de explotación financiera más comunes están (1) el mal manejo del dinero de las personas de edad avanzada (1,378 querellas), (2) transacciones no autorizadas de tarjetas de crédito y débito (441 querellas), (3) retiros no autorizados de cuentas de depósito (383 querellas), (4) firma de documentos sin autorización (126) y (5) transferencias de fondos por internet no autorizadas (107 querellas).
La información sobre las querellas presentadas ante la OPPEA revela que, entre los años 2017 y 2018, la explotación financiera fue una de las modalidades de maltrato más comunes contra el adulto mayor.
El maltrato por explotación financiera representó un 30% del total de las querellas presentadas, ocupando el segundo lugar en cifras, solo detrás del maltrato por negligencia que representó un 35% del total de las querellas presentadas.
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La nueva ley señala que aunque las leyes existentes en Puerto Rico han servido para identificar y atender miles de casos de maltrato por explotación financiera, el problema parece continuar en aumento.
Se identificaron algunos de los problemas que se proponen corregir:
- La coordinación para atender las querellas entre la OPPEA, el Departamento de la Familia, el Departamento de Justicia y el Negociado de la Policía.
- La falta de precisión en el manejo de casos de maltrato complejos, como las alegaciones de explotación financiera.
- La competencia de los tribunales de primera instancia para agilizar el procesamiento de casos ante los tribunales y evitar la duplicidad innecesaria.
- La falta de lineamientos claros sobre los protocolos de detección de casos de explotación financiera.
Aunque el proyecto había sido aprobado sin enmiendas en Senado, la Cámara de Representantes incluyó enmiendas con el fin de ordenar al comisionado de OCIF, a la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico y a la Oficina del Comisionado de Seguros a modificar los reglamentos, protocolos o procesos de prevención y detección de posibles casos de explotación financiera.
Como parte del proceso de referidos a las agencias responsables de atender los casos de explotación financiera, todas las instituciones cubiertas bajo la nueva ley deberán adoptar las siguientes disposiciones:
- que la hoja de referido que utilice la institución para informar los posibles casos de explotación a las agencias concernidas indique específicamente todas las agencias a las que está remitiendo el referido, de manera que todas tengan conocimiento de las involucradas y así promover la coordinación
- que, como parte del proceso de efectuar los referidos, las instituciones incluyan un informe de la situación, incluyendo todo detalle que pueda asistir a la agencia referida para efectuar la investigación del caso
- que las instituciones cubiertas bajo la ley mantengan una política y práctica de cooperación para facilitar y agilizar las investigaciones de las agencias sobre los referidos de explotación financiera
El portavoz senatorial Ríos Santiago sostuvo que el proyecto es muy completo porque tipifica más de 20 modalidades de explotación financiera.
El portavoz de la minoría popular, Bhatia Gautier, sostuvo que la medida es complementaria a una ley federal, por lo que se sintió complacido de su aprobación.
El director estatal de la American Association of Retired Persons, mejor conocida como AARP, José Acarón, indicó en declaraciones escritas que los adultos mayores de Puerto Rico son objeto de infravaloración y esto resulta en que se pretenda cuestionar y controlar sus decisiones.
La medida será efectiva inmediatamente.