La jueza Rebeca de León Ríos ordenó una vista mediante videoconferencia —para el martes, 11 de agosto a las 10:00 a.m.— en la que atenderá la demanda que presentó la ciudadana Carmen Damaris Quiñones Torres, donde reclama violación a su derecho al voto.
Quiñones Torres fue esta mañana a la Escuela Francisco Prisco Fuentes en Trujillo Alto para votar en las primarias locales que, de acuerdo con la Resolución Conjunta 37 de 2020 y el Reglamento para la Celebración de Primarias de los Partidos Políticos, se celebrarían el 9 de agosto de 2020.
La señora Quiñones Torres supo que en su colegio de votación no había papeletas. Luego, supo que la Escuela Francisco Prisco Fuentes estaba cerrada y había un funcionario indicando que el domingo, 16 de agosto de 2020 podría votar en las primarias.
Sin embargo, Quiñones Torres argumentó en su demanda que la Comisión Estatal de Elecciones y sus comisionados electorales no tienen potestad legal para posponer ni suspender las elecciones primaristas del 9 de agosto de 2020.
«Por lo que, las actuaciones de la agencia administrativa y sus comisionados representantes es una actuación ultra vires que lacera los derechos constitucionales de los electores», argumentan.
La demandante reclama que se (1) explique por medio de comunicación, reglamento, o cualquier documento de manera específica y contundente las formas en que garantizará la pureza y confiabilidad de los procesos de Primarias de Ley a llevarse a cabo el domingo, 16 de agosto de 2020.
En segundo lugar, (2) solicita que se explique de manera específica, clara y contundente, cómo se asegurará que todas las papeletas y todos los procesos estén seguros y disponibles para el domingo, 16 de agosto.
«Es menester que Puerto Rico sepa que habrá papeletas y que la CEE cumplirá con su deber, hará llegar las papeletas a tiempo y garantizará los procesos constitucionales. Esto significa que debe publicar la hora, día y proceso por el cual se harán llegar las papeletas a los colegios y cualquier proceso necesario. De esta forma, notificando pasos específicos y claros, Puerto Rico podrá volver a confiar y habrá más estabilidad democrática», explica la demanda.
Al final de su demanda, Quiñones Torres plantea —junto a la representación de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés)— que se ordene un cese y desista contra la Comisión Estatal de Elecciones y su presidente, Juan Ernesto Dávila Rivera, para detener el cierre de colegios de votación y «para que reabran los colegios de votación ilegalmente cerrados, hasta que se celebre una vista de injunction preliminar y permanente, y de mandamus, declarando inconstitucional e ilegal la práctica, con cualquier otro remedio que proceda en derecho, justicia o equidad.
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