¿Qué argumenta la demanda de Pierluisi contra la Comisión Estatal de Elecciones?

El precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi-Urrutia, presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en la que solicita que se deje sin efecto la determinación de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para suspender la primaria hasta el domingo, 16 de agosto de 2020.

La determinación de la comisión suspende la primaria en los precintos en que la votación comenzó luego de la 1:45 p.m. Luego, la pospone hasta el domingo, 16 de agosto de 2020.

Descargue la determinación

ARGUMENTOS

El precandidato sostiene en su demanda que:

  • La actuación impugnada constituye un atentado contundente contra la democracia de los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico y contra el derecho de los ciudadanos a manifestar su voluntad política en las urnas y a asegurar que su voto sea contado.
  • La suspensión o paralización del conteo y transmisión de resultados del proceso electoral, sin autoridad para ello y en perjuicio de los electores, constituye un acto ilegal y antidemocrático, cuyos efectos el tribunal viene obligado a evitar sin dilación alguna.
  • La intervención del tribunal resulta apremiante y necesaria, mientras esté en riesgo la pureza del proceso electoral y el derecho más importante que cobija a los puertorriqueños.
  • El acuerdo que emitió la CEE y los comisionados electorales del Partido Nuevo Progresista y Partido Popular Democrático (los dos partidos que participaron de la primaria) resulta nulo y ultra vires porque no se sustenta en la Resolución Conjunta 37 de 2020, la Ley 58 de 2020 o en algún otro estatuto electoral de Puerto Rico.
  • Las primarias del Partido Nuevo Progresista fueron pautadas para celebrarse el 9 de agosto de 2020 y su administración se rige por la Resolución 37 de 2020 y del Código Electoral de Puerto Rico de 2020.
  • El interés público milita a favor de que el tribunal intervenga, tomando en consideración la importancia y la primacía del derecho de los electores sobre cualquier otro derecho, según surge de la Ley 58 de 2020.

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