Por Daniel Rivera Vargas
El Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston excluyó la pena de muerte como una de las penas disponibles en el caso de Alexis Candelario, el hombre acusado a nivel federal por la matanza en el 2009 ocurrida en La Tómbola, en Toa Baja, donde murieron nueve personas y cerca de 20 personas resultaron heridas de bala.
“Devolvemos el caso con instrucciones de eliminar la notificación del gobierno de buscar la pena de muerte en este caso”, reza la conclusión de la decisión de 31 páginas que firmó el juez Howard, en la que participaron los jueces Juan Torruella y O. Rogeriee Thompson.
Candelario enfrentaba la posibilidad de —por segunda vez— ser enjuiciado a un caso de pena capital.
En el primer juicio fue hallado culpable, pero en la segunda etapa del caso —la de sentencia— los miembros del jurado no votaron de forma unánime a favor de la pena de muerte, por lo que fue condenado a cárcel de por vida.
Sin embargo, en medio de un trámite apelativo, se anuló ese primer veredicto y el acusado estuvo expuesto nuevamente a ese tipo de castigo.
El juicio por los asesinatos y tentativas de asesinato podría celebrarse nuevamente, pero sin la posibilidad de pena de muerte.
El piego acusatorio en el caso incluye 52 cargos.
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CONTEXTO
En esta decisión, Boston revocó al juez Francisco Besosa, quien sustituyó en esta etapa al otrora juez José Fusté, quien atendió el jucio en su fondo. Besosa entendía que fiscalía no estaba restringida a buscar la pena de muerte en un nuevo juicio.
El panel apelativo evaluaba si se activaba la protección contra la doble exposición por la falta de unanimidad del jurado en la etapa de sentencia.
El juez evaluó las instrucciones que se le dieron al jurado y entendió que la forma en que resolvió el jurado no necesariamente implicaba un tranque (deadlock) entre los 12 jurados, y que el juez original del caso, José Fusté, “no tomó pasos para clarificar el veredicto del jurado” y “aún en casos que no son de pena capital, la ambigüedad del jurado debe interpretarse a favor del acusado”.
En tanto, Boston se entendió obligado a resolver como lo planteó la defensa de Candelario de que “la doble exposición prohibe al gobierno buscar la pena de muerte en un nuevo juicio”.
Además, Boston plantea que el jurado solamente dijo que había concluido las deliberaciones y el juez de instancia no exploró de ninguna forma adicional si podían continuar deliberando, como sería recordarles “de su obligación de llegar a un veredicto unánime”.
“Cuando la vara (stakes) es tan alta, no podemos requerirle a un acusado en un caso de pena capital que cargue las consecuencias del resultante error o de ambigüedad”, resolvió el panel apelativo.
De inmediato, no fue posible obtener reacción del Departamento de Justicia de Estados Unidos de si solicitaran reconsideración a Boston. También habría el recurso posterior, en caso de agotar las reconsideraciones ante Boston, de pedir un certiorari ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
La decisión fue motivo de reflexión por parte del abogado Kevin Miguel Rivera, puertorriqueño que preside la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte.
“Esperamos que ahora avance un nuevo juicio que permita cerrar las heridas y aliviar el dolor que aun deja la Masacre de la Tómbola en las familias de las víctimas. Con esta decisión del 1er Circuito de Apelaciones se salva una vida y nos aleja del peligro de las ejecuciones a los puertorriqueños por parte del gobierno de los Estados Unidos”, dijo Rivera.
“Nuestra felicitación al equipo de defensa; que demuestra la importancia de una representación legal efectiva en casos de pena capital. Sin ella, el resultado hubiera sido otro. Ese es el mensaje de este 10 de octubre, Día Mundial contra la Pena de Muerte; el acceso a una representación legal efectiva puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”, indicó.