Por Daniel Rivera Vargas
Mujeres, jóvenes y prestigiosas.
Así proponen los expertos que sean las nuevas integrantes del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR), en momentos en que trascienden las negociaciones por las designaciones al alto foro judicial.
Con la certeza de que habrá una vacante a fin de año —porque la jueza Anabelle Rodríguez Rodríguez cumple 70 años el próximo 24 de diciembre, el límite constitucional para ser jueza del Supremo— el tema de los puestos en la judicatura vuelve a ser integral.
De hecho, una fuente del Partido Nuevo Progresista (PNP) indicó que en esa colectividad hay negociaciones —al menos desde el verano— con diversas figuras por el cargo del supremo.
Versiones de prensa recientes indican negociaciones que involucran a otros dos magistrados: Edgardo Rivera García, de 65 años, y Mildred Pabón Charneco, de 63, que están entre las personas de mayor edad en ese tribunal.
Lo que se sugiere que es podrían dejar sus vacantes para que sean llenadas con gente joven que pueda designar la administración que comienza en enero de 2020.
El profesor de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y académico de número fundador de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, Carmelo Delgado Cintrón, explicó a Microjuris.com que por lo que conoce del gobernador electo Pedro Pierluisi, —un egresado de la Universidad George Washington que ha ocupado la comisaría residente y la secretaría del Departamento Justicia— «la impresión que me da es que quiere quedar bien».
Para eso y conforme a los tiempos, dijo el profesor, colocará en el Supremo al menos una mujer.
«Es que los tiempos llaman (a que sea una mujer): la jueza (Sonia) Sotomayor, la jueza Ruth Bader Ginsburg, hasta la que (el presidente Donald) Trump nombró, Amy Coney Barrett. Ella es A1, es conservadora y de un grupo religioso particular, pero tiene credenciales impecables», dijo Delgado Cintrón.
La apuesta, según el profesor, es que el Partido Nuevo Progresista podría copiar lo que hizo el Partido Popular Democrático y colocará jueces de relativa corta edad, como fue el caso —por ejemplo— de la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez, quien juramentó con unos 40 años al alto foro.
«Ellos usarán el modelo de los populares: nombrar personas de menos de 50 años, deben ser mujeres de prestigio y que pueda aportar, si quiere Pierluisi una administración del PNP moderna… que hayan aportado, que distingan», sostuvo.
El profesor descartó que alguna de las vacantes del Supremo pase al exfiscal y también presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
El profesor también señaló que la gobernadora Wanda Vázquez Garced no debe hacer el nombramiento al Supremo por lo próximo que está el final de su mandato y que debe darle deferencia al gobernador electo.
La historia de las designaciones al Supremo
Sin embargo, las negociaciones por las vacantes en el Supremo no son un fenómeno reciente.
De hecho, hay constancia de estas gestiones hace más de un siglo, explicó en entrevista con Microjuris.com el profesor Delgado Cintrón.
Este fue el caso de juez de distrito Emilio Del Toro, contó Delgado Cintrón, quien en 1907 escribió cartas en las que procuraba el apoyo del exsecretario de justicia en Puerto Rico, James S. Harlan, hijo del exjuez asociado de Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Marshall Harland.
Luego, en 1922, volvió a escribir misivas en las que solicitaba que lo nombraran presidente del alto foro, un cargo que consiguió y ocupó hasta 1943.
«Él negó en la prensa que hubiera hecho negociación alguna, pero yo tengo las cartas», contó Delgado Cintrón.
Aunque en este caso no tiene cartas, Delgado Cintrón aseguró que tiene buenas confidencias de que hubo negociaciones el pasado cuatrienio de parte de la administración del Partido Popular Democrático para que la jueza Anabelle Rodríguez Rodríguez renunciara, previendo que por edad tuviera que dejar su vacante a la disposición de un gobernador del PNP, pero la magistrada declinó.
Igual suerte hubo a principios de la década, cuando los exgobernadores Sila Calderón y Rafael Hernández Colón enviaron un emisario a hablar con Jaime B. Fuster Berlingeri, tras enterarse que había sufrido complicaciones cardiacas, pero este tampoco aceptó dejar el puesto y poco después murió en su cargo tras sufrir un infarto en el 2007, sostuvo el profesor.
La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece criterios que deben tener los candidatos a la judicatura, reclamó recientemente el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), entre ellos:
- conocer y dominar el derecho en el área que se desempeñan profesionalmente
- tener conocimiento y dominio de los principios generales del derecho sustantivo y procesal
- haber contribuido con publicaciones (escritos y alegatos jurídicos)
- contar con capacidad analítica, aptitud intelectual y creativa
- haber participado en casos de importancia y notoriedad
- demostrar integridad, honestidad, imparcialidad y objetividad en el desempeño de su profesión
La presidenta del Colegio, Daisy Calcaño López, se expresó sobre el tema hace varias semanas.
«Los nombramientos de los jueces deberán recaer en profesionales altamente cualificados. Una vacante en el Tribunal Supremo es una oportunidad única de fortalecer la preservación de la integridad de esa honorable superioridad», dijo entonces Calcaño López.
El Colegio también exhortó mediante comunicado de prensa que las personas que sean designadas al Supremo también tengan:
- conocimiento superior del derecho en general y del ordenamiento jurídico puertorriqueño (con énfasis en el derecho constitucional)
- comprensión abarcadora de temas que frecuentan los foros judiciales
- sensibilidad superior ante los problemas y realidades de los abogados y abogadas
- capacidad de análisis
- entendimiento de la historia en general y el entorno social, político y económico
- tener un historial de colaboración con la clase togada
El presidente de la Asociación de Abogados, Ferdinand Ocasio, declinó hacer comentarios sobre el perfil que deberían tener los juristas que puedan ser nombrados al alto foro, cónsono con la tradición de la entidad de no expresarse en asuntos de política pública.
Sin embargo, anticipo que pudiera hacer expresiones una vez haya un nombramiento.
«Lo importante es que se cumpla con el proceso constitucional y otorgamos deferencia a las personas que tienen esa prerrogativa de hacer el nombramiento y evaluarlos», sostuvo Ocasio.
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