Por Daniel Rivera Vargas
Nota de la editora: Esta entrevista se da antes de que el presidente Donald Trump presentara sus tres nominados para ocupar las sillas en la Junta de Supervisión Fiscal.
El actual presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), David Skeel, propuso cautela ante la discusión de enmiendas a la Ley PROMESA.
«Mi preocupación es que cualquier cambio a PROMESA tiene una alta posibilidad de consecuencias inesperadas y podría hacer las cosas peores, en lugar de mejores», explicó Skeel a Microjuris.com.
Particularmente, Skeel exhortó a la entrante administración de Joe Biden a ser cuidadosa con cambios que puedan hacerle a PROMESA, que calificó como una legislación extraordinaria.
«Entiendo por qué hay gente que no le gusta lo que hace la junta, pero entiendo que la junta es necesaria. Nuestro trabajo desde el principio es tomar decisiones difíciles, que son muy difíciles para funcionarios electos. Si nos quitan poderes, se hará más difícil hacer lo que el Congreso nos pidió que hagamos”, sostuvo.
De acuerdo con expresiones previas del senador Carmelo Ríos Santiago a Microjuris.com, la administración entrante podría reevaluar el alcance de la Junta de Supervisión Fiscal porque desde el parecer del presidente electo, «la junta no está tratando fair (justo) a Puerto Rico».
«Biden va a quitarle poderes a la junta. Entiende que tiene poderes excesivos para Puerto Rico. Vamos a aprobar legislación y vamos a tener que negociar en el Senado», sostuvo Ríos.
Al pedírsele reacción al respecto, el también profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Pensilvania indicó que Biden trae buenas propuestas, pero a veces «no son muy halagadoras con la junta».
Ante la complejidad de las relaciones que hubo entre el gobierno de Puerto Rico y el ente fiscal, Skeel señaló que «en cierto sentido, siempre será algo incómoda».
«Tienes una junta con responsabilidades fiscales, funcionarios electos con otras responsabilidades. Tenemos que trabajar juntos, la jueza (Laura Taylor) Swain ha dicho en repetidas ocasiones en la corte de título III (la que se regula la quiebra del gobierno local) que PROMESA está diseñada para que la Junta y el gobierno trabajen juntos. Y es inevitable que a veces sea incómoda», explicó a Microjuris.com.
«El gobierno tiene consideraciones políticas en las que enfocarse. La junta tiene sus consideraciones fiscales. Nuestro trabajo es asegurarnos que Puerto Rico consiga responsabilidad fiscal y obtenga acceso a los mercados de capital en el futuro e inevitablemente habrá fricción», señaló.
Sin embargo, Skeel está confiado en que el ente fiscal y el gobierno local pueden trabajar unidos.
«Lo hemos hecho. Hemos tenido partes con fricción, pero hemos tenido áreas donde hemos trabajado muy bien. AEE (Autoridad de Energía Eléctrica) es un ejemplo donde el gobierno ha trabajado con la junta de forma muy efectiva”, señaló.
Ante pagar la deuda y los servicios esenciales
Sobre el nuevo integrante del ente fiscal, Justin Peterson —que expresó que es hora de comenzar a llegar a acuerdos con los acreedores—, Skeel respondió que «todo el mundo tiene interés en que Puerto Rico complete el plan de restructuración».
«Estoy de acuerdo en que Puerto Rico se mueva hacia adelante», sostuvo.
Ante la discusión sobre cómo se deben atender los servicios esenciales, Skeel explicó a Microjuris.com que sería un error desviarse de la definición de servicios esenciales que ha trabajado la Junta de Supervisión Fiscal.
La forma en que lo ha manejado la Junta es Supervisión Fiscal es bajo la idea de «fondos necesarios para el gobierno para hacer lo que tiene que hacer».
«Hacerlo de forma detallada sería tener constantes peleas de lo que son servicios esenciales», sentenció Skeel.
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