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Demócratas consideran cambios en la composición del Tribunal Supremo de Estados Unidos

Por Daniel Rivera Vargas

La administración Joe Biden podría intentar aumentar el número de jueces en el Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU), una movida que algunos conocedores entienden es arriesgada y controversial.

Una de las promesas de campaña del presidente Biden fue crear una comisión de reforma de la judicatura federal, y ya diversos medios han reseñado que está en proceso la confección de ese organismo. Aunque la entidad evaluará diversos temas, uno de ellos podría ser aumentar el número de jueces.

Para la profesora de derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Yanira Reyes, el aumento de jueces se puede ver desde diversas perspectivas: la histórica, la política, la legal y la constitucional.

«Aunque hay un debate sobre la expansión del Tribunal Supremo por razones políticas, históricamente se ha interpretado que el Congreso tiene la autoridad para expandir el Tribunal Supremo. En el siglo 19 se hizo en varias ocasiones, siempre habían razones públicas como la cantidad de trabajo, pero siempre se había percibido como una razón política para controlar el tribunal”, indicó.

La profesora explicó que ya en en el siglo XX, para 1937, el presidente Franklyn D. Roosevelt, intentó lo que se conoció como “court packing”, para nombrar numerosos jueces federales, esto en momentos en que intentaba aprobar la legislación que se conoció como el Nuevo Trato.

En ese momento, la iniciativa fue duramente atacada por la Academia y la judicatura como un atentado al principio constitucional de separación de poderes.

Roosevelt, uno de los presidentes más influyentes en la historia de Estados Unidos, finalmente no logró el “court packing”, pero se entiende que el debate sobre la importancia de sus proyectos logró que sus medidas fueran declaradas legales por las juezas y jueces que las evaluaron.

La catedrática explicó que la propuesta de expandir en el Supremo en este momento viene como un reclamo de sectores progresistas de Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump –poco antes de las pasadas elecciones– nombrara a la conservadora Amy Coney Barrett para sustituir la silla de la fallecida voz liberal en el Supremo, Ruth Bader Ginsburg, colocando el balance ideológico en el alto foro judicial como uno de 6 conservadores, tres de ellos nombrados por Trump, frente a tres liberales.

Aquí es que comienza a perfilarse en el ángulo político la expansión, porque aunque figuras como Trump hablan claramente de que con sus nombramientos buscaba colocar a personas claramente de ideologías conservadores, y en los debates congresionales son temas que se discuten abiertamente, “cualquier intento de cambiar la composición por propósitos políticos para incorporar aliados se ha visualizado como que es políticamente incorrecto, arbitrario y antidemocrático”, dijo Reyes Gil.

Entonces en su campaña, Biden anunció la creación de la comisión judicial, y aunque en eventos como los debates surgió el tema de la expansión judicial, ni el entonces candidato presidencial ni su compañera de papeleta Kamala Harris rechazaron esa posibilidad, esto a pesar de que aumentar la cifra de jueces del Supremo, al igual que en 1937, tiene detractores.

“En términos políticos, Biden va a tener un problema. Es una de las propuestas más controvertibles del ticket Biden-Harris, porque esta idea de que un presidente aumente la composición del tribunal para mover, controlar, influenciar las decisiones del tribunal, se entienden que es una movida antidemocrática, y va en contra de la independencia judicial, por lo tanto es antipático. Incluso personas liberales y democráticas están en contra, posiblemente jueces demócratas van a estar en contra de eso. De hecho, Ruth Bader Ginsburg en el 2016 hizo expresiones sobre eso y se manifestó en contra. Ella decía que iba a minar la objetividad del tribunal”, dijo Reyes Gil.

«Creo que es una movida peligrosa porque puede tener muchos detractores de muchas partes, no solo de conservadores, sino de personas liberales de Estados Unidos», afirmó la profesora.

El efecto de la comisión

Al colocar el tema de la expansión dentro de lo que evaluaría una comisión, Biden logra una “movida cautelosa”, si coloca en manos de juristas la evaluación inicial de cualquier decisión.

Esa comisión debe contar con figuras republicanas y demócratas.

La profesora mencionó que ya han sonado nombres de figuras que trabajaron bajo la administración Obama, como Bob Bauer y Cristina Rodríguez, de la Universidad de Yale.

Una reforma judicial

«Esto estratégicamente se va a plantear como una reforma judicial más amplia».

Una opción que se ha mencionado en esa reforma constitucional es imponer por ley un balance político en el tribunal, propuesta que de entrada -expresó la profesora- esto enfrenta diversos retos constitucionales, como libertad de expresión porque estarías tratando de obligar a un juez o una jueza a asumir una postura política como requisito para aspirar a un cargo en el más alto foro de la nación.

Otro tema que esa reforma judicial amplia podría evaluar es limitar el término de la judicatura federal, que actualmente es de por vida, algo que está expresamente en la Constitución por lo que requiere enmienda constitucional, que a nivel federal es un proceso que implica el voto de dos terceras partes de los miembros de cada cuerpo legislativo.

Los demócratas necesitan votos republicanos,ñ y luego tres cuartas parte de las legislaturas de cada estado que lo aprueben.

Elementos constitucionales

El número de jueces del Tribunal Supremo no está establecido en la Constitución, por lo que no requiere enmienda constitucional.

El incremento de jueces se lograría mediante aprobación congresional por mayoría simple, pero la profesora dijo que podría representar un nuevo escenario de choque entre poderes constitucionales porque, en momentos en que hay derechos en juego como el aborto, una legislación de ampliación de número de jueces podría interpretarse como que “violentaría la separación de poderes, violentaría el espíritu de la Constitución porque estaría el ejecutivo tratando de controlar una de las ramas”.

“Sin embargo, la mayoría es obvia, es 6 a 3, que no se ha visto en décadas… si eso se aprobara, una legislación del Congreso, de seguro va a verse algún caso que va a subir, y va a ser el propio tribunal el que determine si es constitucional o no”, sostuvo Reyes Gil.

Una promesa de campaña

Federico de Jesús, analista y presidente de la firma de consultoría en Washington DC, FDJ Solutions, comentó a Microjuris.com que la comisión evaluadora de reforma judicial fue una promesa de campaña, y lo que ha trascendido hasta ahora es que deberá rendir un informe en seis meses.

Para De Jesús, los temas de mayor controversia en la comisión serán la expansión del Supremo, la recusación de jueces en algunos casos de conflicto y los términos a estos cargos federales.

Pero, independientemente de lo que recomiende la comisión, en la actualidad no es viable políticamente aumentar el número de jueces.

Por los próximo dos años los demócratas tienen una mayoría débil en el Senado, dependiendo de votar de forma unánime para con el voto de la vicepresidenta Harris aprobar legislación, y ya uno de esos 50 demócratas, Joe Manchin, de West Virginia, ya ha dicho que no aprueba una expansión del Supremo.

Aunque ya sin él los demócratas no tienen la mayoría que necesitan, podrían haber otros senadores demócratas de centro que también entienden que no es apropiado intervenir en la cantidad de jueces del Supremo.

“Va a ser difícil en los próximos dos años, pero es un reflejo de la ansiedad que hay sectores progresistas de Estados Unidos… Hay ansiedad entre los liberales de que se corten derechos constitucionales como reformar el derecho al voto, o la aprobación de leyes para financiamiento de campaña, ejercicio del voto quizá leyes de armas de fuego”, sostuvo De Jesús.

Para las elecciones congresionales de 2022, un tercio de los escaños del Senado está en juego, pero históricamente el partido de un presidente en su primer término pierde escaños senatoriales en esas primeras elecciones congresionales, siendo la excepción más reciente en el 2002, bajo la presidencia de George W. Bush, cuando Estados Unidos acababa de ser atacado por Al-Qaeda en el 11 de septiembre.

Además, De Jesús opina que Biden realmente no favorece expandir el número de jueces del Supremo, y la creación de la comisión le da tiempo al presidente para impulsar otros temas como sus prioridades de los primeros 100 días de gobierno.

«El corrió bajo una plataforma más centrista”, dijo el analista.

«Obviamente, su promesa de campaña de crear la comisión era una forma de no desalentar a los liberales que lo están apoyando, por no darle todo lo que estaban pidiendo y que desalentó a los centristas y republicanos anti Trump que entendían que expandir la corte era un ‘deal breaker’. Fue una movida para atender el tema antes de las elecciones”, sostuvo.

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