Por Daniel Rivera Vargas
El presidente de la Junta de Supervisión y Administración Financiera, David Skeel, y la directora ejecutiva de la entidad, Natalie Jaresko, anunciaron los detalles de un nuevo acuerdo con un grupo de acreedores que, en su opinión, encamina al gobierno de Puerto Rico a salir de la quiebra este mismo año.
El nuevo acuerdo es con bonistas de Obligación General (OG) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).
¿Qué significa esto para los acreedores?
Según se indicó en una conferencia de prensa virtual con Skeel y Jaresko, el acuerdo implica, para los acreedores, recibir un primer pago de casi $7.7 mil millones, recibir posibles ingresos de COFINA en años donde las finanzas públicas superen las expectativas del plan fiscal y el pago anual de $1,125 millones.
¿Qué significa esto para el gobierno?
Para el gobierno de Puerto Rico, el acuerdo representa una reducción sustancial en lo que tenían que pagar antes de la Ley Promesa, cuando los pagos anuales a los acreedores ascendían a unos $4,200 millones, esto porque bajo en este acuerdo se reduce el total de pagos del servicio de la deuda en un 62%.
Es decir, de $90,400 millones en el marco de los acuerdos de deuda previos a la ley federal PROMESA, a $34,100 millones.
A partir de la negociación, los bonos por las obligaciones generales y PBA se estarían pagando por 25 años. Los bonos de COFINA tomarán hasta el 2049.
«Es una herramienta importante para levantar el peso de la bancarrota, de las personas y los negocios de Puerto Rico», dijo el presidente de la JSF y profesor de derecho.
Jaresko, por su parte, indicó que este acuerdo se suma a otros ya alcanzados y que permitirán que Puerto Rico pueda resolver su insolvencia.
«Piensa en tu hipoteca: es como reducir tu hipoteca en un 60%», indicó Jaresko.
¿Cuáles son los próximos pasos?
Aunque este acuerdo fue definido como «la ruta», Skeel y Jaresko definieron nuevos pasos que tienen que darse en este proceso de negociación:
- La Junta de Supervisión debe presentar un plan a la jueza Laura Taylor Swain del Título III de la Ley federal PROMESA para el 8 de marzo.
- La jueza tendría que pautar una primera vista, que sería una audiencia de declaraciones financieras o disclosure statements.
- Los acreedores, que incluyen ciudadanos que pueden verse afectados, recibirían por correo papeletas de votación para que decidan si respaldan o rechazan el acuerdo.
- Se tiene que celebrar una segunda vista en la que la jueza tendría que confirmar el acuerdo.
«Esto podría ocurrir en otoño», dijo Jaresko.
«Esperamos salir de la quiebra en este año natural», agregó.
Tras este proceso, se supone que el gobierno de Puerto Rico podría comenzar a buscar presupuestos balanceados y después de cuatro años salir de la junta, dijo Jaresko.
Una suma de acuerdos
Jaresko dijo que este acuerdo se suma a otros previamente alcanzados y otros que esperan alcanzar antes del 8 de marzo.
Skeel afirmó que en la actualidad se han logrado acuerdos sobre el 60% de los bonos. Pero hay todavía tres grupos de acreedores con los que se sigue negociando, indicó.
El profesor dijo que un acuerdo es mejor que la alternativa de pasar años litigando la validez de una parte de la deuda, con el resultado de que quizás se pueda anular en el tribunal una parte de la deuda, pero pasaría mucho tiempo y se gastaría mucho en el litigio legal.
Ante una auditoría de la deuda
Sobre las posibilidades de una auditoría de la deuda, el profesor y presidente de la Junta de Supervisión señaló que ya el cuerpo hizo en gran medida lo que se podría hacer con una auditoría, con un estudio realizado por cerca de un año que llevó a que se redujeran millones.
¿Las pensiones son parte del acuerdo?
Las pensiones de los empleados públicos no son parte de este acuerdo.
Jaresko mencionó que se mantienen los parámetros de recortes anunciados en octubre.
Es decir, de recortar el 8.5% a los pensionados que ganen más de $1,500.
Cuando se cuestionó que el liderato legislativo y el gobernador Pedro Pierluisi se hayan expresado consistentemente en contra de cualquier recorte en las pensiones, Jaresko sostuvo que hay que ver qué finalmente resuelve la jueza, para ver entonces la posición del liderato político.
La directora ejecutiva añadió que la mayoría de los jubilados —como las y los maestros y las y los policías— no se verán impactados.
«Las que se afectan son las pensiones que aquí llaman Cadillac», puntualizó Jaresko.
«Es el mejor acuerdo que podemos obtener», dijo Jaresko.
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