Por Daniel Rivera Vargas
Aunque mantiene la controversial propuesta de reducir pensiones a parte de los empleados públicos, el proceso para que el gobierno de Puerto Rico salga de la multimillonaria quiebra que encara desde la pasada década ha dado nuevos pasos en las pasadas horas, luego que la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico radicó el plan de ajuste de deuda enmendado.
¿Dónde se presentó el plan?
El plan se presentó en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, ante la jueza Laura Taylor Swain, que supervisa la bancarrota del gobierno de Puerto Rico y sus dependencias.
El proceso se lleva la luz de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, mejor conocida como la Ley PROMESA.
¿Qué hace el plan?
El plan reduce la deuda pendiente del Estado Libre Asociado y otras reclamaciones en casi un 80%.
Es decir, de $35,000 millones a $7,400 millones.
El plan establece un pago deuda anual de menos del 8% de los ingresos de origen propio del año fiscal 2020.
Es decir, reduce el servicio máximo de deuda anual de hasta $4,200 millones a $1,1500 millones.
El plan permite que se usen $3,000 millones por año para los servicios que necesita el pueblo de Puerto Rico y reduce los pagos totales de la deuda en más de un 60%.
Es decir, de $90,400 millones a $34,100 millones.
El plan mantiene una reducción de 8% a los pensionados que ganan más de $1,500 mensuales, que es cerca del 20% de las personas jubiladas del gobierno.
Pudiesen no haber recortes si Puerto Rico llegar a cumplir con ciertas métricas.
La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, Natalie Jaresko, explicó que ese marco de los $1,500 permite que numerosos servidores públicos no se vean afectados por el recorte.
Por ejemplo, el promedio que gana un maestro de pensión es $1,450. Los policías y las policías reciben unos $1,322 y otras personas empleadas por el gobienro reciben unos $1,185, según la directora ejecutiva.
¿Quiénes apoyan el plan?
El plan enmendado es apoyado por los tenedores de más de $13,000 millones de bonos.
Estos tenedores han firmado el Acuerdo de Apoyo al Plan de GO y de la AEP, lo cual representa más del 70% de las reclamaciones agregadas de bonistas Obligación General (GO) y de bonistas de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).
El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, le dio la bienevenida al plan de ajuste de deuda, pero con reservas en la sección de recortes a las pensiones.
Jaresko sostuvo que el proceso de mediación continúa con los que no hayan aceptado al momento el acuerdo.
¿Qué incluye el plan?
El plan de sobre 200 páginas incluye tres acuerdos de apoyo:
- el acuerdo con los bonistas de Obligación General (GO) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) alcanzado el mes pasado
- el acuerdo con el Comité Oficial de Retirados (COR)
- el acuerdo con el grupo Servidores Públicos Unidos (SPU)
La SPU representa a gran parte de los empleados públicos en la actualidad, para proteger las pensiones a largo plazo y asegurar los acuerdos de negociación colectiva.
¿Cuánto abarca el plan?
Este acuerdo abarca el 90% de la deuda, se explicó en la conferencia de prensa.
¿Qué se quedó fuera?
Quedan fuera en esta etapa los acuerdos con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y de la Autoridad de Carreteras y Transportes (ACT).
¿Qué pasará ahora con el plan?
Ahora la jueza debe analizar el acuerdo.
La Junta Fiscal esperará que la jueza les de su aval antes de fin de año.
Opiniones del liderato de la Junta Fiscal
Jaresko dijo hoy en conferencia de prensa que se trata de un plan que en algunos asuntos será beneficioso para los acreedores y en otros para el gobierno.
En su opinión, lo principal es que encamina la recuperación de Puerto Rico.
«Este plan es justo, confiable, protege las pensiones y asegura que el gobierno no vuelva a quedarse sin fondos para pagar esas pensiones», dijo Jaresko en sus declaraciones a periodistas de diversos medios.
«Es sustentable hoy, mañana y por años venideros», añadió.
“Es un paso hacia adelante para la recuperación, estabilidad y prosperidad de Puerto Rico”, expresó, por su parte, en declaraciones escritas, el presidente de la JSF, David Skeel.
¿Más contexto?
Esta es la segunda versión del plan de ajuste.
El primero se sometió en febrero pasado, pero se volvió a trabajar a la luz del impacto de la pandemia en las finanzas del gobierno.
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