Dos abogados explicaron a Microjuris.com que los próximos pasos para atender la quiebra de Puerto Rico podrían estar en manos de las personas que componen la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico.
Se trata de Rolando Emmanuelli Jiménez, que representa a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) en el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y Alvin Velázquez, que representa a a Unión Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas en inglés).
Al mismo tiempo, la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, Natalie Jaresko, aseguró que el proceso de mediación continuará, a pesar de lo que ocurra con el plan de ajuste que se presentó en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, ante la jueza Laura Taylor Swain, que supervisa la bancarrota del gobierno de Puerto Rico y sus dependencias.
¿Pero por qué dicen que la ficha de tranque puede estar en el Senado y la Cámara de Representantes?
Lo dicen porque la primera pregunta importante que habrá que contestar en la sala que preside la jueza Swain es si el plan de ajuste es viable, pero la segunda pregunta es si las personas que componen la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico estarían dispuestas a desarrollar las leyes habilitadoras para el plan de ajuste.
Por leyes habilitadoras, se refieren a crear la corporación emisora de los nuevos bonos, la legislación que ajuste pensiones y otro gran etcétera.
«La ficha de tranque la tiene la legislatura», aseguró Emmanuelli Jiménez.
Mientras tanto, aseguró el abogado, la Junta de Supervisión espera hasta una cuarta versión del plan de ajuste.
Además, quedarán preguntas por responder como «cuáles son los términos que aplicarán para aprobar el escrito de divulgación», «cuándo serán las vistas de consideración» o «cuándo habrá discovery con las partes que se oponen al plan».
El abogado sostuvo que una parte importante en esta parte del proceso será el Comité de Acreedores No Asegurados (UCC, por sus siglas en inglés).
Próximos pasos
Luego que la Junta de Supervisión presentó el segundo borrador de la quiebra ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, habrá que fijar un itinerario, aprobar vistas sobre el escrito de divulgación y todo antes del 15 de diciembre, porque el acuerdo con los bonistas vence ese día.
«Esta es la crónica de una segunda quiebra anunciada. La misma junta anticipa problemas en esta misma década», sostuvo el representante de la Utier.
Para Velázquez, que representa a la SEIU, otra pregunta importante es si el Congreso de Estados Unidos estará dispuesto a considerar enmiendas a la Ley PROMESA para evitar que surjan los elementos que lleven a una segunda quiebra antes de que termine la década.
Velázquez también coincidió con la postura de Emmanuelli Jiménez sobre la Legislatura como ficha de tranque y destacó el impacto que pueda lograr la Ley de Retiro Digno, que está ante la consideración del Senado tras ser aprobada por la Cámara de Representantes.
Para el abogado de la SEIU, este tipo de medida es necesaria para establecer la política pública del gobierno local sobre asuntos relacionados a la quiebra de Puerto Rico.
Volviendo al rol de la legislatura, el abogado puntualizó que este cuerpo tendrá la posibilidad de «darle la bendición» o rechazar los acuerdos a los que se lleguen.
Sin embargo, la directora Jaresko puntualizó que el plan que se presentó ante el Tribunal de Quiebra es justo, confiable, protege las pensiones y asegura que el gobierno no vuelva a quedarse sin fondos para pagar esas pensiones.
«Es sustentable hoy, mañana y por años venideros», añadió.
Jaresko explicó que se trata de un plan que en algunos asuntos será beneficioso para los acreedores y en otros para el gobierno.
“Es un paso hacia adelante para la recuperación, estabilidad y prosperidad de Puerto Rico”, expresó, por su parte, en declaraciones escritas, el presidente de la JSF, David Skeel.
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