El Tribunal de Apelaciones le puso una pausa a la entrega de las comunicaciones entre la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSAF) y el gobierno de Puerto Rico bajo la administración Ricardo Rosselló Nevares.
El 16 de febrero de 2021 el Tribunal de Primera Instancia (TPI) determinó —en un pleito de acceso a la información que llevó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI)— que estas comunicaciones por correo electrónico se podían considerar información pública.
Sin embargo, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y la Oficina del Gobernador le plantearon al Tribunal de Apelaciones que en el caso abundan los errores.
Ahora el Centro de Periodismo Investigativo deberá expresarse sobre los planteamientos de AAFAF antes del 23 de marzo de 2021 a las 11:00 a.m.
«Se ordena la paralización de los efectos de la sentencia emitida el 16 de febrero de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia», sostuvo un panel de Tribunal de Apelaciones.
El panel del Tribunal de Apelaciones que tomó la determinación estuvo compuesto por la jueza Olga Birriel Cardona, el juez Fernando J. Bonilla Ortiz y la jueza Nereida Cortés González.
La jueza Bonilla Ortiz no le hubiese dado luz verde a la paralización del proceso.
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