La Oficina del Gobernador de Puerto Rico y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) deberán entregar las comunicaciones entre la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSAF) y el gobierno de Puerto Rico bajo la administración Ricardo Rosselló Nevares, luego que el Tribunal de Apelaciones confirmó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que así lo ordenaba.
«Las dificultades operacionales para el procesamiento de una solicitud voluminosa —sin más— no constituye un interés gubernamental apremiante que satisfaga el escrutinio judicial estricto que justifique restringir el derecho constitucional de acceso a la información pública», sostuvo el Tribunal de Apelaciones en su sentencia.
El 16 de febrero de 2021 el Tribunal de Primera Instancia determinó —tras una demanda que presentó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI)— que estas comunicaciones por correo electrónico eran información pública.
El panel judicial del Tribunal de Apelaciones que tomó la determinación estuvo compuesto por la jueza Olga Birriel Cardona, el juez Fernando J. Bonilla Ortiz y la jueza Nereida Cortés González.
La jueza Cortés González fue quien escribió la sentencia.
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