Por Daniel Rivera Vargas
Tras décadas de debate, la despenalización de la marihuana a nivel federal podría ser un hecho en un futuro cercano.
Esto, ante el apoyo inequívoco del líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Charles Schumer.
En sus redes sociales y en declaraciones recientes a la prensa estadounidense, Schumer reiteró su compromiso con aprobar una legislación federal para acabar con la prohibición a la marihuana, algo que viene apoyando al menos desde el 2018.
Schumer trabaja este proyecto con el pasado aspirante presidencial y senador por Nueva Jersey, Cory Booker, y con el demócrata por Oregon y presidente del poderoso comité de finanzas, Ron Wyden.
«Debemos poner fin a la prohibición federal a la marihuana, hacer reformas al sistema de justicia criminal y asegurar equidad a comunidades —especialmente de color— impactadas por la guerra contra las drogas», expresó Schumer el domingo.
Aunque el consumo de la marihuana es permitido en diversas jurisdicciones de maneras variadas, como en Puerto Rico de forma medicada, sigue siendo considerada como una sustancia peligrosa bajo los estándares federales.
Si se le pone fin a la prohibición federal, se facilitará las operación de negocios de cannabis en Puerto Rico en lo que respecta a depositar dinero en al banca regular, en las posibilidades de que discriminen contra empleados que usan esos medicamentos o que le restrinjan derechos, como que se cuestione la posesión legal de un arma de fuego porque eres paciente de cannabis, explicó a Microjuris.com el fundador y editor de la Revista Crónicas, José Maldonado.
Contribuciones del cannabis
Según Maldonado, en Puerto Rico la industria del cannabis generó ventas en el 2019 de $109 millones, dejando ingresos en el Impuesto de Ventas y Uso de $11.9 millones.
A febrero de 2021, en Puerto Rico habían 38 cultivos, 166 dispensarios, 30 manufactureros, unos 115,000 paciente activos que pagan licencias anuales que pueden costar más de $100 para atender diversas condiciones —las más comunes son ansiedad, insomnio y dolor crónico— y hay 3,800 licencias ocupacionales, o personas autorizadas a ser empleados de esos negocios.
Se pudo legislar a nivel local
Maldonado lamentó que en Puerto Rico se haya desperdiciado la oportunidad de «hacerlo nosotros mismos», refiriéndose a que otros estados ya han despenalizado el uso de la marihuana, mientras que en Puerto Rico desde el 2016 lo que se legitima es el consumo medicinal y que —a palabras de Maldonado— solo atiende a sectores pudientes, recordando que para adquirir estas medicinas se tiene que hacer en locales controlados, a personas que pueden sacar una licencia que les cuesta anualmente entre $35 y $150.
El fundador de Crónicas recordó que cuando Nueva York legalizó la posesión de marihuana, uno de los argumentos del gobernador Andrew Cuomo fue que la prohibición había golpeado más duramente a sectores pobres, con un altísimo porcentaje de arrestos en comunidades como las hispanas, frente a las cifras de blancos arrestados.
Para Maldonado, esta realidad de clase existe en Puerto Rico respecto a la sustancia.
«¿Cuándo tú has visto un dispensario en un caserío?», cuestionó Maldonado.
Maldonado cree que hay buenas posibilidades de que un proyecto de Shumer se convierta en ley y resaltó que en diciembre pasado, la Cámara aprobó un proyecto de ley dirigido a estos fines, y que ya los países vecinos de Estados Unidos están en proceso o ya favorecen la despenalización de la marihuana.
«Aquí hay demasiado billete…no tiene ningún sentido mantener la prohibición», sostuvo.
En el pasado, la comisionada residente de Puerto Rico en Washington DC, Jenniffer González, ha mencionado en comunicados de prensa la radicación de legislación para evitar el discrimen contra trabajadores que consuman cannabis.
González ha expresado —en el contexto del cáñamo— que el cannabis industrial es reconocido por su viabilidad económica.
Ha resaltado que sirve para proveer material para ropa, zapatos, productos de uso higiénico, como jabón y cremas, entre otros.
Para un exoficial jurídico del tribunal federal, José Rafael Dávila Acevedo, quien laboró para el fallecido juez Salvador Casellas, el presidente Biden probablemente cambie de posición eventualmente y apoye una propuesta como la de su líder en el Senado.
«Creo que se deberá legalizar por varias razones: quita al mercado negro, ayuda a las industrias a que puedan depositar su dinero en banco, lo que garantiza la transparencia, y es una fuente de ingresos en impuestos y contribuciones, que de otra manera estarían en el mercado negro», sostuvo el abogado y socio de Bauermeister & Dávila LLC.
Pero es incierto si una medida de esta naturaleza tenga los votos en el hemiciclo, en momentos en que los demócratas y republicanos tienen dividido el cuerpo 50 a 50.
«No creo que vaya a ser fácil, pero no creo que sea imposible. La opinión pública está bastante a favor, pero no se ha reflejado en el cambio de posición de muchos legisladores, como en otros asuntos. Pero vemos Nueva York, Nuevo México, South Dakota, a nivel estatal. Sí se ha traducido poco a poco en votos en la legislatura. La pregunta sería qué pasará una vez el bill (proyecto) salga y vaya al floor (hemiciclo)», sostuvo Dávila Acevedo.
Auguran luz verde para la medida
Por su parte, Ricardo Aponte, director ejecutivo del Partido Republicano en Puerto Rico, no ve obstáculos para que se apruebe el proyecto.
«Yo entiendo que se va aprobar. (Schumer) tiene los votos, aunque en el senado está 50 a 50, con la vicepresidenta (Kamala) Harris rompe el empate», sostuvo.
Hay varias razones para la aprobación de la medida, dijo Aponte.
Ante los indicios de que la medida puede ser aprobada, se encuentra que hay republicanos que han votado a favor de despenalizar la marihuana a nivel federal, tan reciente como en el pasado intento de la Cámara de Representantes (que no fue a votación en el Senado).
Entre esos que votaron a favor de despenalizar la sustancia se encuentra una figura conocida para los puertorriqueños, el congresista por Alaska, Don Young, sostuvo Aponte.
Aponte agregó que el Partido Demócrata —en su plataforma a nivel nacional— apoya despenalizar la marihuana.
Mientras, en el Partido Republicano, aunque no han asumido una postura, figuras como la chairwoman nacional, Ronna McDaniel, ha opinado que deben ser los estados los que decidan este asunto.
Bajo esa óptica, Aponte —quien dijo que habla en su carácter personal y no del partido— entiende que si son los estados los que deben decidir, entonces el gobierno federal no debe intervenir, y por lo tanto no debe prohibir el consumo.
«Es lo más lógico», dijo Aponte, quien entiende que incluso el expresidente Donald Trump en su carácter personal apoyaba la despenalización de la marihuana.
Además, sostuvo que las encuestas de opinión indican que una mayoría de la ciudadanía apoya despenalizar la marihuana, aunque Aponte entiende que sí se debe mantener un elemento de salud, “pero dentro de un proceso de legalidad”.
¿Aún no estás suscrito(a) a Microjuris? Hazlo aquí. ¿Necesitas cumplir con tus créditos de Educación Jurídica Continua? Hazlo en nuestra sección de cursos en línea.