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Ley permitiría liberación de personas mayores

La medida está cerca de llegar a La Fortaleza.

Una legislación especial propone una Ley de Liberación Compasiva del Gobierno de Puerto Rico.

La medida crea una política pública para la liberación de personas privadas de libertad:

  • con enfermedades terminales
  • mayores de 60 años que padezcan de alguna o varias condiciones de salud crónica
  • mayores de 65 años que hayan cumplido el 50% de su sentencia o le resten 24 meses de sentencia
  • que presenten alguna situación extraordinaria y convincente que no haya podido ser prevista al momento de imponer su sentencia

El Proyecto del Senado 85, de la autoría del senador Thomas Rivera Schatz, busca atender la situación personas adultas mayores, que enfrenten condiciones severas de salud o que presenten una situación meritoria que al momento de ser encarcelado no era previsible.

El confinamiento de una persona significa $40,000 anuales, pero podría llegar a más.

Sin embargo, cuando tienen condiciones de salud o pasan de cierta edad, este costo aumenta sustancialmente.

Conoce el Proyecto del Senado 85

¿Cuál sería el proceso?

La persona privada de libertad, su representante legal o sus familiares podrán solicitar que se evalúe el caso para ser cualificado para liberación compasiva, si este cumple con los requisitos establecidos en la ley.

El tribunal tendrá un término de 14 días para emitir un fallo sobre la solicitud de liberación compasiva.

Solo se considerarán para el programa de liberación compasiva:

  • las personas que no hayan sido convictas por un delito de naturaleza sexual, robo, secuestro, incendio, violaciones a la Ley de Armas o el Código Anticorrupción
  • las personas que no tengan historial delictivo de violencia
  • las personas que no hayan cometido actos indisciplinarios en los últimos seis meses
  • las personas que no hayan sido convictas por terrorismo
  • las personas que presentes alguna condición de salud grave (si aplica)
  • las personas que no representen peligro para cualquier persona o la comunidad en general

Será también necesario:

  • solicita comentarios de quienes hayan sido víctimas
  • conocer el comportamiento institucional
  • obtener constancia del tiempo de la sentencia y el tiempo servido

Estos requisitos no serán de aplicación en casos de personas confinadas con enfermedades terminales, para las cuales la expectativa de vida es de 18 meses o menos.

La Junta o el Tribunal podrán considerar cualquier otro factor que entiendan meritorio.

Ya existen leyes de este tipo en varios estados y a nivel federal.

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