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Derecho a la libertad de culto, ¿condicionado?

Conoce más sobre esta discusión.

Por Sandra E. Rosa-Rodríguez

El pasado 28 de julio del 2021, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, firmó la Orden Ejecutiva número 2021-058. Esta orden ejecutiva fue emitida con el fin de cubrir la situación relacionada a la pandemia por COVID-19.

En síntesis, la orden ejecutiva va dirigida a ordenarle a los empleados de las agencias públicas del país a estar vacunados contra el COVID-19 para poder trabajar de manera presencial. Esto, con el fin de salvaguardar la salud y la seguridad pública. Sin embargo, la orden ejecutiva establece dos excepciones a este requerimiento obligatorio de vacunación para los empleados de agencias públicas.

Estas excepciones van dirigidas a eximir de la vacunación a empleados cuyo sistema inmune esté comprometido o que deban abstenerse de la vacunación por contraindicaciones médicas. También, se exime de este requerimiento a los empleados para quienes la vacuna pudiera ser contraria a sus creencias religiosas.

Quiero llamar la atención específicamente a la excepción de no inocularse por motivos religiosos. La sección 2ª de la orden ejecutiva, específicamente establece lo siguiente:

«…se permite -a manera de excepción – el no inocularse por motivos religiosos siempre y cuando la vacuna vaya en contra de los dogmas de la religión del empleado. Para cumplir con esta excepción, el empleado deberá presentar una declaración jurada, en la que certifique junto al ministro o líder eclesiástico de su religión o secta, ambos declarando bajo juramento y sujeto a perjurio, que por causa de sus creencias religiosas el empleado no podrá ser inoculado contra el COVID-19».

El requisito que obliga a que la declaración jurada también esté firmada por el ministro o líder eclesiástico da a entender que, el gobierno de Puerto Rico presume (de manera incorrecta) que toda creencia o práctica religiosa se lleva a cabo exclusivamente bajo las directrices o guía de un líder religioso.

Tanto la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, así como la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, otorgan a nuestros ciudadanos un derecho a la libertad de culto. De igual manera, establecen firmemente la prohibición de aprobar leyes con respecto a la adopción de una religión.

Ninguna de estas dos grandes constituciones ha establecido condiciones para limitar la libertad de culto.

Cuando la Constitución honra y reconoce un derecho a la libertad de culto, no ata esa libertad a unas prácticas específicas.

No establece como requisito de ese derecho que las personas tengan «líderes religiosos» ni que deban asistir a una iglesia o congregación. Hay muchas maneras en que una persona puede decidir practicar sus creencias religiosas y no necesariamente es siguiendo a iglesias, a curas o pastores.

Hay personas que tienen sus propias creencias religiosas y que no interesan congregarse en una iglesia ni mucho menos seguir a líderes religiosos (por las razones que sea). Así que, el gobierno tiene que reconocer que las personas tienen derecho a llevar sus creencias de manera privada, en sus hogares, con sus familias. En estos casos, ellos son sus propios líderes. Es totalmente inconstitucional que se pretenda honrar el derecho de libertad de culto solo a aquellos que cuenten con la firma de un líder religioso en una declaración jurada.

Sin lugar a duda, el hecho de que la excepción de inoculación por motivos religiosos sea condicionada a que un líder eclesiástico o ministro firme la declaración jurada del empleado, tiene el efecto entender que el gobierno de Puerto Rico pretende adoptar como «culto» únicamente las prácticas religiosas que se lleven a cabo bajo las directrices de un tercero. Requerirle a los empleados puertorriqueños la obligación de tener un guía religioso para que se le honre su derecho constitucional a la libertad de culto es discriminar contra las personas que practican sus creencias religiosas de manera individual y privada, en el seno de su hogar.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso de Frazee v. Illinois del 1989, dejó claro que, el hecho de que una persona no profese pertenecer a una secta religiosa en particular no es razón para denegarle beneficios. En este caso, El Tribunal Supremo consideró exclusivamente la postura del apelante, la cual estaba basada en una creencia religiosa sincera, sin importar que no expusiera pertenecer a una secta o congregación.

Aplicando este precedente jurídico a la excepción de inoculación por motivos religiosos en Puerto Rico, le debe bastar al gobierno la declaración del empleado bajo juramento que establezca una sincera creencia religiosa que vaya en contraprestación a la administración de la vacuna.

Esto debe permitirse sin la necesidad de requerir la comparecencia de terceros, ya que lo contrario, no solo impondría una carga onerosa a estos empleados, sino que sería una violación a los derechos constitucionales en su faz.

No se trata únicamente del proceso de vacunación contra el COVID-19.

Defender en este momento la protección constitucional que tenemos a una libertad de culto, sin que medie una intervención indebida por parte del gobierno, nos ayudará a evitar que se abra una puerta que permita mayores violaciones a nuestros derechos constitucionales, sea por razón de religión o cualquier otro aspecto.

Sobre la autora 

Sandra Rosa-Rodríguez es lareña, estudiante de cuarto año en el programa nocturno de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y ganadora del Debate Nacional Miguel Velázquez 2021.

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