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Cuestionan constitucionalidad de vacunación obligatoria

Fueron al tribunal federal.

Cuatro trabajadoras cuestionaron, ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, la constitucionalidad de la Orden Ejecutiva 2021-58, que obliga a las personas que trabajen en las agencias del gobierno local a terminar su ciclo de vacunación contra COVID-19 antes del 30 de septiembre de 2021.

Zulay Rodríguez Vélez, Yohama González, Leila G. Ginorio Carrasquillo y Julissa Piñero, presentaron la demanda federal para obtener una reparación y que se declare inconstitucional la orden ejecutiva sobre vacunación obligatoria.

Descargue la demanda

La demanda explica que las demandantes, como empleadas de carrera del gobierno de Puerto Rico, tienen un interés patrimonial en sus puestos, en el desempeño de sus funciones, en su compensación, y un derecho fundamental a la integridad corporal, la autonomía y la elección médica en virtud de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

De acuerdo con la demanda, la orden de vacunación adolece de varios defectos. Particularmente, sobre vaguedad.

La demanda cuestiona que no se defina qué es «trabajar en persona».

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Las demandantes sostienen que las excepciones religiosas y médicas en la orden de vacunación también son vagas, porque no les está claro si las excepciones son incluso «verdaderas excepciones».

Durante su presentación, también señalan que las agencias han dado instrucciones distintas sobre cómo se aplicará la orden.

«Los demandantes deberían, como mínimo, recibir algún tipo de debido proceso para determinar si podrían satisfacer todas sus obligaciones laborales trabajando a distancia antes de tener que sacrificar su derecho fundamental a la autonomía personal, la integridad corporal y la elección médica. Y si la agencia respectiva sigue insistiendo en que el empleado debe «trabajar en persona», la agencia podría proporcionar las pruebas COVID-19 […] lo que reduciría la carga de los empleados que eligen ejercer sus derechos constitucionales», señalan.

La demanda está firmada por los abogados Arturo V. Bauermeister, José R. Dávila-Acevedo e Ilya Shapiro.

Ninguna de las demandantes trabaja en el sector de la salud o son maestras.

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