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Resumen argumentos de Vaello-Madero ante Supremo federal

Conversamos con una de las abogadas en el caso.

Por Daniel Rivera Vargas

«Escribiendo la opinión de la Corte (el Tribunal Supremo de Estados Unidos), el juez (Henry Billings) Brown estaba preocupado que los niños nacidos en Puerto Rico «sean salvajes o civilizados», se convirtieran en «recipientes de todos los derechos, privilegios e inmunidades de los ciudadanos» al nacer».

Recordando el tono racista de las decisiones del alto foro federal, como Downes v. Bidwell de 1901, y dándole gran peso al problema colonial de Puerto Rio, la representación legal de José Luis Vaello-Madero compareció por escrito ayer ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para insistir en que hay un discrimen contra Puerto Rico por parte del gobierno federal, y que afecta a mucha gente pobre y enferma.

En el más reciente giro de la pugna por la igualdad en el Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), la representación legal de Vaello-Madero presentó una moción de 49 páginas en la que pide que se ignoren precedentes, que se considere el trasfondo histórico de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, que se use el escrutinio más estricto en el análisis de este caso por el estatus de la Isla y describe a los residentes de Puerto Rico como politically powerless (políticamente carentes de poder).

«De acuerdo al peticionario (el Departamento de Justicia de Estados Unidos), el Congreso puede legítimamente denegar a los ciudadanos más necesitados de Puerto Rico igual acceso a beneficios federales como precio por su autonomía local. Esta explicación no solamente está increíblemente lejana de la realidad fiscal y política de Puerto Rico, sino que falla en explicar por qué los pobres y discapacitados americanos en Puerto Rico deben llevar esta carga cuando no se les requiere esta carga a los americanos en situaciones similares en las jurisdicciones más autónomas de nuestro sistema federal, los estados», lee parte del argumento.

Según el recurso de Vaello-Madero, la realidad es que Puerto Rico lleva 120 años bajo control de Estados Unidos sin poder de voto federal, sin poder políticos para impulsar su propio destino, en una indefensión política basada en discrimen racial y étnico, y plantea que la exclusión congresional de Puerto Rico «puede trazarse directamente al deseo histórico de aislar a la gente de Puerto Rico para un tratamiento menor solamente por ser de raza mixta y sus ancestros hispanos».

«Al final, el argumento del peticionario se expone por lo que es: un intento de reescribir la historia y lavar la Doctrina de la Incorporación con un lenguaje cortés. De hecho, revertir la decisión (de Gelpí y Boston) sería una reafirmación del fundamento de los Casos Insulares de que la Constitución reconoce dos Estados Unidos, uno en el que los ciudadanos indigentes y discapacitados y a los no ciudadanos se les garantiza un estándar mínimo bajo las leyes nacionales de bienestar, y otro en el que ciudadanos estadounidenses en situación similar que han experimentado una historia de discriminación se les puede negar lo mínimo sin ningún poder de voto para cambiar esto. Es hora de poner fin a esa injusticia», reza el recurso.

El documento menciona cómo la base del trato diferente en el Congreso son los llamados casos insulares, serie de casos promovidos por jueces que validaron la segregación racial y que con decisiones como Downes permitían que los territorios como Puerto Rico y sus ciudadanos tuvieran protecciones menores que los estados.

En un breve recorrido histórico, el escrito plantea que Puerto Rico es un territorio políticamente hablando, que el Congreso es la última fuente de poder en Puerto Rico, que sus residentes son una «discreta e insular» minoría, que ha dado gran cantidad de soldados a las fuerzas armadas estadounidenses, así como contribuye a la sociedad norteamericana con figuras que hoy día son embajadores y hasta jueces federales, pero al mismo tiempo, Estados Unidos no provee para los sectores más necesitados en Puerto Rico, como los que se pueden beneficiar de programas SSI, que atiende personas con diversidad funcional con altos niveles de pobreza.

En la actualidad, este sector de la población en Puerto Rico recibe unos $58 mensuales de otro programa similar, AABD, que se ofrece como alternativa al SSI en Puerto Rico.

Si en Puerto Rico aplicara el SSI, unas 354,000 personas recibirían un promedio de $418 mensuales, según la moción.

La moción plantea que los residentes de Puerto Rico son una minoría sin poder que ha experimentado una historia de discriminación racial y étnica, y que no hay un interés legítimo del gobierno para excluir a los residentes del SSI.

«El Congreso no debe restringir el acceso a bienes públicos, incluyendo beneficios públicos, solo porque no haga contribuciones adecuadas»’, reza el recurso.

También el recurso plantea que detrás de la negativa de conceder SSI a Puerto Rico, hay discrimen en su origen por expresiones vinculadas a casos insulares, porque, según la moción, parte del rechazo se debe al origen étnico, hispano, de la mayoría de quienes habitan Puerto Rico.

El recurso indica que lo que el gobierno federal llama una relación política «única», crea en realidad «ciudadanos de segunda clase» en el ejercicio de su poder en un territorio y debe motivar el escrutinio estricto, doctrina de derecho que hace más difícil al gobierno validar sus posturas en un pleito judicial.

El planteamiento gubernamental para de excluir a Puerto Rico del SSI está relacionado a geografía, lo que es considerado en el recuso como una forma de usar el tema de raza. Esto también implica, según la representación legal, «escrutinio estricto”.

Se trata además, según la moción, de una medida arbitraria e irracional.

Responden argumento sobre taxes

La representación legal de Vaello-Madero le da validez al argumento de que se puede excluir a los residentes de Puerto Rico del SSI porque no se pagan ciertos impuestos federales.

«El peticionario argumenta que Puerto Rico puede recaudar más ingresos a nivel local como resultado de estas exenciones de impuestos federales y por tanto el Congreso puede concluir racionalmente que Puerto Rico debería asumir la responsabilidad de proporcionar beneficios a los necesitados residentes de edad avanzada, ciegos y discapacitados. Pero esta justificación plantea la pregunta: ¿por qué Puerto Rico?».

El programa, en la actualidad, incluye estados pobres que son receptores netos de transferencias, estados ricos que podrían permitirse tomar cuidado de sus residentes más necesitados, y las Islas Marianas del Norte, que se beneficia de exenciones tributarias similares a las de Puerto Rico, se indicó.

El escrito jurídico cita más de 70 decisiones del propio Tribunal Supremo, algunas de hace casi un siglo, como Balzac v. Porto Rico, de 1922, o del siglo XIX como Cross v. Harison, de 1854, que alude a leyes del Siglo XVIII, o al Plan Fiscal de 2020 Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF), y cita en diversas ocasiones artículos de jueces federales puertorriqueños como José Cabranes y Juan R. Torruella.

También se menciona el reciente Puerto Rico v. Sánchez Valle, que menciona el estatus «único» de Puerto Rico.

El recurso fue presentado el lunes por el siguiente grupo de representantes legales, de la firma Curtis, Mallet-Prevost, con oficinas en Nueva York, y fungiendo como abogado en San Juan John W. Ferré Crossley:

  • Hermann Ferré
  • Juan O. Perla
  • Robert Groot
  • Andrew Larkin

“Queda fuera del cálculo del peticionario por completo el legítimo interés de puertorriqueños como el demandante, que espera que su ciudadanía estadounidense y el derecho del asistente a moverse libremente a lo largo de la nación les dará derecho a los mismos beneficios federales en Puerto Rico a los que tienen derecho en el continente. Esa confianza se frustra cuando se les niegan los beneficios a menos que abandonen sus hogares y sus familias y se trasladan a la unión continental, o cuando los beneficios nacionales que recibidos legalmente mientras residen en el continente son despojados de ellos simplemente por regresar a Puerto Rico, su hogar en suelo estadounidense”, lee la conclusión del recurso.

Más sobre el caso

Vaello-Madero es un ciudadano que recibía el SSI en Nueva York desde 1985 y se mudó a Puerto Rico en el 2013.

Aunque esta ayuda no aplica por ley a ciudadanos en Puerto Rico, Vaello-Madero siguió recibiendo el beneficio hasta que la Administración del Seguro Social se enteró y lo demandó para que devolviera el dinero recibido hasta 2017, unos $28,081.

El juez federal Gustavo Gelpí emitió una opinión a favor de Vaello-Madero en la que declaraba inconstitucional que se excluyera al demandado del SSI por vivir en Puerto Rico.

El fallo fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en Boston, por violación a la Cláusula de Igual Protección en la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump y ahora bajo Joe Biden, acudieron ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Otro recurso

En los próximos días, como parte de un plazo judicial, se deben estar radicando otros recursos relacionados a Vaello-Madero, según explicó a Microjuris la abogada Isabel Abislaiman, que presentó recientemente un recurso de Amigo de la Corte en nombre de dos ciudadanos.

La abogada explicó a Microjuris que coincide con gran parte de lo argumentado por Vaello-Madero.

«Yo entiendo que los casos insulares tienen un razonamiento completamente racista y está muy bien descrito por Vaello-Madero», comentó Abislaiman. «El perfil de estos individuos es bien vulnerable, sufre de discapacidades, es súper pobre. Cualquier libro o seminario sobre el tema te dice que estos son los más pobres de los pobres», continuó.

El recurso presentado por Abislaiman incluye a Arnold Jay Ruiz Avilés, un ciudadano que enfrenta una situación similar a la de Vaello-Madero porque le quitaron la ayuda de SSI por mudarse de Estados Unidos a Puerto Rico, y otro de ellos, Emanuel Rivera Fuentes, que cumple con todos los requisitos para recibir el SSI, excepto que vive en la Isla, y que según le letrada representa un posible pleito de clase.

Argumentos principales

Entre los aspectos medulares del recurso de Abislaiman, explicó, se encuentra que se observa esa relación entre los individuos con el gobierno federal, y el uso desproporcional de la cláusula territorial.

«Es David v. Goliat y mi labor principalmente, más que hablar de la cláusula territorial, fue enfocarnos en los individuos. Cuando el gobierno invoca la cláusula territorial, el gobierno está evitando tratar de describir su razonamiento de por qué un discapacitado elegible en Estados Unidos es diferente al de Puerto Rico, por qué una persona de edad avanzada es diferente cuando está en Puerto Rico, por qué no están protegidas por el hecho de que estas personas viven en Puerto Rico», sostuvo la abogada.

Precisó que el gobierno en su escrito de junio pasado presentó en su opinión «dos excusas para esconder el discrimen», siendo el primero de ellos que puede discriminar por geografía.

“Aquí hay gente. Están deshumanizando el problema. ‘Ah, yo legislé sobre el territorio, no sobre la gente’, pero el territorio está poblado», indicó.

El otro argumento que usa el gobierno federal, dijo Abislaiman, es el tema de si Puerto Rico paga impuestos federales, y ahí el juez Torruellas extensamente ha escrito para refutar esas alegaciones.

«Al final del día (según analizó Torruella), Puerto Rico paga más que seis estados y las islas Marianas, pero te añado, y esto no se está discutiendo, no es un pretexto válido que los puertorriqueños no pagan taxes federales porque los refugiados no ciudadanos afganos cualifican para este programa (SSI), y ellos no pagan taxes. Hay ciertas categorías de inmigrantes que cualifican para este programa, como los afganos y los iraquíes, sin pagar impuestos», puntualizó la abogada.

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