NOTICIAS

Municipios podrían solicitar desahucio en propiedades arrendadas por PRIDCO

Cuando el arrendatario deje la propiedad en desuso por más de un año.

El Senado de Puerto Rico aprobó, con las enmiendas del informe y de sala, el Proyecto del Senado 398, que permitiría que la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO) cancele contratos y desahucie a aquellos arrendatarios que dejen sin uso por más de un año las propiedades alquiladas.

La votación final terminó 16 a favor, 6 en contra, y un abstenido.

¿Quieres estar al día con lo que sucede en la legislatura? Suscríbete aquí

Los alcaldes y alcaldesas de los municipios también podrán solicitarle a PRIDCO iniciar este proceso.

Lee el proyecto

Específicamente, la medida dispone que PRIDCO podría proceder con la cancelación del contrato y posterior desahucio de sus propiedades arrendadas a motu proprio o tras la evaluación de una solicitud realizada por el alcalde o alcaldesa del municipio donde ubica la propiedad y/o por una parte con interés en la propiedad.

Para que esto suceda, la propiedad debe estar un año o más arrendada sin que el arrendatario haya iniciado las gestiones para obtener los permisos necesarios para la operación del negocio o su construcción; con los permisos necesarios otorgados para su operación sin iniciar construcción u operaciones; con los permisos necesarios otorgados para su operación e iniciada la construcción, pero la misma lleve detenida por un año o más; o con los permisos necesarios otorgados para su operación, la construcción finalizada y no haya iniciado operaciones comerciales, cooperativistas, manufactureras o industriales.

El proyecto aclara que esas situaciones no representan una lista taxativa.

El arrendatario podrá presentar como defensa afirmativa que el atraso en la obtención de los permisos necesarios, la construcción y/o el inicio de las operaciones es por causas atribuibles al Estado o por fuerza mayor.

PRIDCO no podrá iniciar el proceso automáticamente. La agencia tendrá 30 días para evaluar la solicitud de los alcaldes, alcaldesas o cualquier parte con interés. Si PRIDCO no actúa dentro de esos 30 días, la persona solicitante podrá acudir al Tribunal de Primera Instancia a solicitar la cancelación del contrato.

La propuesta legislativa que estará hoy bajo consideración del pleno del Senado recibió enmiendas en la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor.

La medida es de autoría del senador Juan Zaragoza Gómez y la senadora Migdalia González Arroyo. Figuran como coautores la senadora Gretchen Hau y el senador Ramón Ruiz Nieves.

¿Ya te suscribiste a Microjuris?
A %d blogueros les gusta esto: