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Legislan para estabilizar el costo de las rentas de vivienda en Puerto Rico

La medida busca proteger de los aumentos en el costo de alquiler de viviendas y aminorar los efectos de la gentrificación.

La representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, presentó un proyecto de ley para proveer protección en contra de aumentos exorbitantes en el costo de alquiler de viviendas, proteger el derecho a la vivienda accesible, y aminorar los efectos de la gentrificación en Puerto Rico.

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Se trata del Proyecto de la Cámara 1242, que busca crear la Ley para la Estabilización de Rentas en Puerto Rico.

La ley impondría una serie de limitaciones al incremento del costo de los alquileres de vivienda en Puerto Rico.

Lee aquí el proyecto de ley

Específicamente, la medida veda el que se incremente el costo de alquiler durante el primer año del contrato de arrendamiento. El incremento máximo permitido luego del primer año será calculado por el aumento en inflación comparado por el promedio para el año anterior, según los datos más recientes del Índice Oficial de Precios al Consumidor de Puerto Rico.

Además, si una persona arrendadora planifica imponer un aumento en el alquiler a su persona inquilina, este aumento tendría que ser notificado 90 días antes de ser efectivo.

El proyecto de ley también provee unas imitaciones al desahucio.

De convertirse en ley, la pieza legislativa requerirá que los desahucios sean por justa causa y establece el derecho del inquilino o inquilina sobre la unidad de alquiler, de haber sido removido por propósitos de remodelación o construcción.

Además, estaría prohibido que la persona arrendadora aumente el costo de alquiler al próximo inquilino o inquilina, después del desahucio.

La propuesta legislativa también establece el Registro de Precios de Alquiler de Puerto Rico adscrito al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico con el fin de levantar información sobre los precios de alquiler en Puerto Rico, sus aumentos y notificaciones.

Dicha ley tendría una vigencia de 10 años a partir de su aprobación. Un año antes de su vencimiento, la Asamblea Legislativa realizará una investigación para medir su efectividad.

El proyecto fue referido a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara.

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