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Lo que debes saber sobre la medida que busca penalizar el acoso callejero

Las personas que incurran en delito, deberán cumplir con un una penalidad de $50 u ocho horas de labor comunitaria, más un Taller de Sensibilización contra el Acoso Callejero.

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Actualmente, la Asamblea Legislativa se encuentra evaluando el Proyecto del Senado 326, que busca incluir el acoso callejero como una modalidad del delito de hostigamiento sexual.

La medida, además,  establece la imposición de multas o alternativa de labor comunitaria. Igualmente, impone la obligación de asistir a un Taller de Sensibilización de Acoso Callejero, que sería diseñado por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) y por ofrecido por expertos que dicha agencia recomiende.

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La medida establece que las horas deben ser completadas por una organización avalada por la OPM.

¿Qué busca la legislación? La medida busca enmendar la Ley 146 de 2012, conocida como Código Penal de Puerto Rico, para incluir el acoso callejero como delito y penalizar por estas penas.

  • Esta propuesta legislativa busca prevenir que el acoso se siga reproduciendo y brindar atención a aquellas personas que sean víctimas en espacios públicos, cuasi- públicos, espacios de transportación público, entre otros.
  • De igual forma, busca promover el mejoramiento de los espacios urbanos, creando lugares más seguros.

Los autores de la medida.  Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe.

¿Cómo define el proyecto senatorial el acoso callejero? El acoso callejero es una forma de violencia normalizada socialmente que afecta, en su inmensa mayoría, la libertad de las niñas, adolescentes y mujeres en todas sus diversidades.

Es un tipo de violencia que restringe el derecho al espacio público, o cuasi público, limitando sus movimientos. El acoso callejero es un tipo de violencia de género, que se da de forma unidireccional, proviniendo regularmente de un desconocido, que abarca desde los piropos no deseados o los silbidos, hasta la persecución.

A menudo es considerado inofensivo y se tolera socialmente, sin embargo, es una de las formas de violencia que más comúnmente sufren las menores y jóvenes, provocando en ellas incomodidad, miedo, indignación e inseguridad.

Tramite legislativo. El Senado aprobó la medida en enero. Recibió 24 votos a favor y un solo voto en contra de la senadora Joanne Rodríguez Veve. La senadora Nitza Moran se abstuvo. Actualmente, se encuentra en la Comisión de lo Jurídico, presidida por Orlando Aponte Rosario.

Postura a favor. El Departamento de Justicia entiende necesaria medida contra el acoso callejero. Con algunas sugerencias de enmiendas para fortalecer el texto,  Justicia favoreció la aprobación en la Cámara de Representantes del Proyecto del Senado 326.

  • La agencia reconoció en una segunda vista pública de la Comisión de lo Jurídico, presidida por Orlando Aponte Rosario, que está de acuerdo con la intención de la pieza legislativa que fue aprobada en el Senado el pasado 19 de enero. Sin embargo, recomendó que se aclaren disposiciones de la medida para viabilizar su “efectivo cumplimiento”.
  • “Nosotros estamos de acuerdo con la intención de la medida. Entendemos que es necesaria. Entendemos que, ciertamente, como establece la exposición de motivos, se ha hecho costumbre y naturalizado este comportamiento”, expresó Elba Cruz Rodríguez, abogada de la División de Legislación de Justicia.

Postura en contra. La Sociedad para la Asistencia Legal presentó una posición en contra del elemento punitivo, pues la entidad opinó que las sanciones contenidas en el proyecto se asemejan más al derecho administrativo sancionador que al derecho penal.

  • Según Luis Zambrana, asesor legal de la organización, la discusión de la medida puede ser una “buena oportunidad” para vislumbrar la posibilidad de crear un andamiaje administrativo en el cual funcionarios especializados en el área se ocupen de responder al fenómeno del acoso callejero sin una visión punitiva y fuera de los procesos penales.
  • “Entendemos que la norma penal no es el mecanismo más adecuado ni apropiado para atender un fenómeno social tan complejo y multifacético. Tampoco debería ser el complemento punitivo de una política pública orientada hacia la prevención de las violencias de género”, expresó.
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