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Aprueban protecciones laborales en casos de cierres o despidos masivos

Patronos estarían obligados a notificar las cesantías a las personas trabajadoras con más tiempo del que establece el ordenamiento jurídico federal.

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La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que busca requerir una notificación con al menos 60 o 90 días de anticipación a empresas que planifiquen un cierre de local o despido masivo.

El Proyecto de la Cámara 1256 persigue crear la “Ley de Aviso Legal al Empleado de una Reestructuración para la Transición y Adaptación (ALERTA)”, con el fin de brindar más protecciones a las y los trabajadores en Puerto Rico ya cubiertos a nivel federal bajo la Ley de Notificación de Ajustes y Reentrenamiento del Trabajador (WARN, en inglés).

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La medida establece que, bajo la Ley ALERTA, las y los patronos deben cumplir con la notificación de cierre o despidos masivos cuando se vayan a afectar 25 o más empleados y empleadas. Actualmente, la ley federal requiere esta notificación con el estándar de 60 días de anticipación en empresas con 100 o más empleados y empleadas, cuando se afecten 50 o más.

Una empresa con entre 50 y 99 empleados y empleadas tendría que notificar con 60 días de anticipación. Las empresas con más de 100 empleados y empleadas tendrían que notificar con 90 días de anticipación.

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Estarían exentos de dicha notificación los patronos que el cierre de local o cesantía nativa se da por condiciones imprevistas o cuando se da pese a los esfuerzos de buena fe del patrono de mantener abierta la empresa mediante la obtención de financiamiento o nuevos ingresos.

Aquel patrono que no cumpla con la notificación se expondría a una responsabilidad de restitución a los y las empleadas por los salarios y beneficios no devengados por aquel periodo bajo el cual el patrono debió haber notificado bajo la Ley ALERTA y no lo hizo.

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Además de a los empleados y empleadas afectadas, el patrono debe notificar durante el tiempo previsto en la propuesta de ley a cualquier representante laboral de las personas trabajadoras, al Departamento del Trabajo, al municipio donde se ubica, al Programa de Desarrollo Laboral y a al Junta Estatal de Desarrollo Laboral.

El proyecto recibió apoyo unánime por parte de la Cámara de Representantes. Ahora pasa al Senado, para ser considerado por ese cuerpo. Figuran como autores y autores del mismo el representante José B. Márquez Reyes, el representante Jessie Cortés Ramos, el representante Domingo J. Torres García, la representante Mariana Nogales Molinelli y el representante Ángel R. Peña Ramírez.

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