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Tribunal federal se prepara para un nuevo edificio y más programas comunitarios

El juez presidente del Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, Raúl M. Arias-Marxuach, detalló durante entrevista con Microjuris sus planes futuros, que incluyen más programas comunitarios y enmiendas a las reglas locales del foro.

Por Daniel Rivera Vargas

El Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico podría tener un nuevo edificio de cinco pisos para finales de esta década, explicó el juez presidente de ese foro, Raúl M. Arias-Marxuach al detallar que el desarrollo significará una inversión de $20 millones solamente en la etapa de diseño.

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La nueva instalación sería un anexo al actual edificio Federico Degetau, en la calle Chardón, de Hato Rey, y albergaría salas y oficinas adicionales para los jueces. Debe estar completado entre finales de esta década y principios de la próxima, explicó el juez Arias-Marxuach.

El juez no precisó el costo final del proyecto, pero dijo que la empresa que tendría encargado el diseño debería estar seleccionada para otoño, y que de ese contrato de $20 millones “al menos el 35% de los servicios de diseño se deben realizar en Puerto Rico”.

El juez Arias-Marxuach asumió la presidencia del tribunal federal en Puerto Rico en octubre de 2021, cuando el ex juez presidente, Gustavo A. Gelpí fue ascendido al Tribunal de Apelaciones de Boston.

Entre los planes del juez para su término como presidente del foro está aumentar las actividades de alcance comunitario desde el tribunal, y dar a conocer al tribunal entre la mayor parte de la ciudadanía.

Actualmente, hay varias iniciativas encaminadas con escuelas en las que han participado la jueza Silvia Carreño y los magistrados Marshal D. Morgan y Marcos López, así como abogados y fiscales, en áreas como promover debates públicos, o explorar como situaciones cotidianas pueden tener consecuencias penales.

“Lo que me sorprende mucho, y me llena de mucha satisfacción es que los estudiantes se preparan, con la asesoría de esos abogados, prepararon argumentos orales en un caso de primera enmiendas y redes sociales, y fue muy agradable ver la calidad de los argumentos y la presentación de los estudiantes”, contó con entusiasmo el juez.

La jueza Carreño también mantiene una iniciativa en la que participa hace años de orientar en escuelas sobre delitos del ciberespacio, esto junto a personal de Homeland Security, dijo el juez Arias-Marxuach, quien agregó que desea explorar es realizar en la Isla eventos que ha visto en otras jurisdicciones, donde se fomentan torneos de asuntos civiles.

“Para mí es un tema que me interesa mucho que la ciudadanía conozca al tribunal”, indicó el juez.

Enmiendas a las reglas locales del foro

Al hablar de otros cambios que vislumbra como presidente, dijo que buscará una enmienda a las reglas locales del foro para regular las videoconferencias.

El mecanismo, que comenzó a ser usado masivamente por los tribunales como alternativa para ver procesos con distanciamiento físico debido a la pandemia del COVID-19, ha demostrado ser una herramienta útil para ciertos procesos judiciales.

Además, es más económica y ágil que los procesos presenciales, explicó el juez. No hay planes de cambios mayores pronto en el resto de las reglas porque estas fueron enmendadas sustancialmente hace pocos años, dijo.

Aunque algunos procesos en la pandemia se están transmitiendo por audio a ciertos sectores, sin que estos puedan grabarse y difundirse posteriormente, el juez dijo que no se vislumbra por el momento la entrada de cámaras a procesos judiciales. Hay un proyecto de cámaras en ocho de los 94 tribunales de distrito federal, pero Puerto Rico no es uno de esos distritos.

“No es un tema que estoy estudiando”, dijo el juez. “No tengo una opinión formada”, agregó cuando se le preguntó si apoya este mecanismo.

Cargada la agenda del Tribunal federal 

El juez estimó que en el foro federal el 60% de los casos son penales, principalmente violaciones a las leyes federales de drogas y armas, y el resto son civiles. Una mínima cantidad de casos son por corrupción.

El juez negó que la corte haya hecho cambios en la forma en que se manejan los casos de corrupción, esto a la luz de que la entrada y salida de acusados por esos delitos ha sido percibida de forma diferente por representantes de los medios de comunicación.

Dijo que, de haber algún cambio, los jueces no se inmiscuyen en esas decisiones, y que eso quizá dependa de otros componentes del sistema de justicia, como los alguaciles, los fiscales o los abogados.

Sobre su relación con las ramas de gobierno estatal, dijo que no mantiene ninguna con las ramas legislativa y ejecutiva, y que con el Tribunal General de Justicia ha habido colaboraciones entre ambas ramas de intercambio de ideas.

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