Exgobernadores, congresistas, ex jueces federales y del Tribunal Supremo de Puerto Rico, profesores, historiadores y hasta la descendiente de una demandante boricua en un caso resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos hace un siglo han sometido recursos de Amigos de la Corte (Amici Curiae) en el caso Fitisemanu v. United States, esto en un intento de revocar la racista doctrina de los casos insulares que atenta contra los puertorriqueños.
“Este caso (Fitisemanu) provee la rara oportunidad de, a la vez de corregir uno de los más terribles errores de la historia de la Corte, y finalmente proveer certeza de la ciudadanía de las personas nacidas en Guam, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico e Islas Vírgenes”, lee el recurso en conjunto presentado por funcionarios y exfuncionarios, entre los que destacan por Puerto Rico los exgobernadores Pedro Rosselló y Aníbal Acevedo Vila.
El caso Fitisemanu v. United States fue llevado por ciudadanos de Samoa Estadounidense que disputan una ley que no les reconoce ciudadanía americana a los nacidos en ese territorio. En 2019, un juez de distrito de Utah determinó que esas personas eran ciudadanos americanos bajo la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, pero el caso fue apelado y el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito no les reconoció esa ciudadanía. Entonces, acudieron ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Los numerosos Amici Curiae se unen a los demandantes ante el Supremo federal y argumentan diversas razones para que el alto foro incluya el caso para futura evaluación, en parte por el alcance de los llamados casos insulares. En el caso Vallejo, que denegó el acceso de los residentes de Puerto Rico a programas como el Seguro Social Complementario (SSI, por sus siglas en inglés) el juez Neil Gorsuch los llamó “derecho podrido” en la opinión y en la vista oral expresó sin reservas de que estaban mal resueltos.
Los casos insulares, según el Amici Curiae de los exgobernadores y otros funcionarios, “están enraizados en prejuicios y no en la Constitución”.
“Es hora de dejar claro que esta desacreditada línea de casos, no tiene lugar en la jurisprudencia estadounidense”, lee el recurso.
Además, el recurso plantea que queda en el tintero la posibilidad de que un Congreso revoque la ciudadanía estadounidense de los residentes de estos territorios porque es de “segunda clase“ y no un derecho de nacimiento como en los estados. “Lo que el Congreso da, el Congreso puede quitar”, se indicó.
Además de los exgobernadores, en el recurso de funcionarios y exfuncionarios se incluyen a los congresistas Stacey Plaskett, de Islas Vírgenes, y Michael F.Q. San Nicolás, de Guam, la representante Sheila Jack Babauta, de Marianas del Norte, los exgobernadores de Islas Vírgenes Kenneth E. Mapp y John de Jongh, la excongresista por ese archipiélago Donna M. Christian-Christensen, el vicepresidente de la legislatura de Guam Tina Rose Muña Barnes y el ex teniente gobernador de Guam, Kaleo Moylan.
Otro de los recursos es presentado por descendientes de personas afectadas por decisiones relacionadas con el caso Fitisemanu, como Belinda Torres-Mary, bisnieta de Isabel González, una mujer que en 1902 dejó Puerto Rico para mudarse a Nueva York y fue tratada como inmigrante ilegal por las autoridades migratorias. Ella reclamó en el tribunal que era una ciudadana, y ganó el caso y no fue devuelta a Puerto Rico, pero el Supremo federal resolvió a favor de la mujer en González v. Williams, de 1904, sin expresarse sobre el reclamo de ciudadana de González.
La otra descendiente que se unió es Lynne M. Jackson, tataranieta de Dred Scott, un hombre que nació esclavo, y reclamó su libertad a base de la ciudadanía, pero en 1857 el Tribunal Supremo federal “rechazó el reclamo de libertad de Dred y, en el proceso, declaró que ninguna persona de ascendencia africana era o podría convertirse en ciudadano de los Estados Unidos”.
Esta “decisión infame” se corrigió años más tarde, pero no directamente por el tribunal, sino por la decimocuarta enmienda que concede la ciudadanía a todo nacido o naturalizado en ese país. En el Amici Curiae el planteamiento de la descendiente de Dred Scott es que no se repita el trato discriminatorio.
“La decimocuarta enmienda es la joya de la corona en nuestra Constitución. Promulgada a raíz de una guerra sangrienta para preservar la Unión y extinguir la esclavitud, la enmienda anuncia la fundamental igualdad de todos los estadounidenses, independientemente de su raza o credo, color o etnia», recuerda el recurso.
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“Este Tribunal debería tomar este caso para declarar que todos somos igualmente americanos. De lo contrario, tal como lo hizo hace más de un siglo en González esta Corte, a través de un estratégico silencio: premiará la política sobre el texto y permitirá a las ramas políticas vaciar (hollow out) la promesa perdurable de la Decimocuarta Enmienda”, afirmó el Amici Curiae.
Mientras, el grupo de constitucionalistas, que incluye a los puertorriqueños Christina Duffy Ponsa-Kraus, de la Universidad de Columbia; Rafael Cox Alomar, de la Universidad de Distrito de Columbia; y Luis Fuentes Rohwer, de Indiana Bloomington, afirman que los casos insulares se aprobaron en momentos donde en el gobierno federal se presumía la “estigmatización racial y la supremacía blanca”, tiene “raíces xenofóbicas” en los que jueces planteaban que las “diferencias de raza” implican “graves cuestionamientos”, en la que los residentes de los nuevos territorios “no estaban aptos” para recibir la ciudadanía” por ser de una “raza incivilizada”.
“Las premisas racistas e imperialistas de los casos insulares no tienen lugar en la jurisprudencia moderna”, reza el escrito.
Además, recuerdan las expresiones de la jueza Sonia Sotomayor en su disidente en Vallejo sobre esta polémica doctrina. “Estos casos se basan en creencias tanto diosas como erróneas”, indicó la jueza puertorriqueña.
También agregan que estos casos dan paso a la doctrina de incorporación, que crea unas distinciones entre territorios que permite que se trate a unos diferentes que a otros, y es una creación legal que es usada por “las ramas políticas para ‘apagar y encender la constitución según su voluntad’” y que “carece de un anclaje en el texto constitucional o la historia”.
El caso Fitisemanu “es una oportunidad ideal y rara de sacar de los libros en su totalidad la doctrina de incorporación”, lee el escrito de los académicos, en el que también participan los profesores de derecho constitucional e historia legal en este Amici Curiae son Gary Lawson, de Boston University, Guy-Uriel Emmanuel Charles, de Harvard; J. Andrew Kent, de Fordham; y de la Universidad de Texas Sanford Levinson y Stephen I. Vladeck.
Por su parte, en otro escrito, un grupo de jueces, entre los que destaca la expresidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Liana Fiol Matta, y los exjueces presidentes del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, José A. Fusté, y Héctor Laffitte, plantearon que “Al aprobar la denegación de derechos constitucionales ‘única y explícitamente sobre la base de la raza’, los casos insulares son ‘gravemente erróneos’”.
El recurso de los exjueces plantea que, aun aceptando para efectos de argumentación que había diferencias en las tradiciones de derecho entre los Estados Unidos y las nuevas jurisdicciones, ya han pasado 100 años y estas diferencias se han borrado.
“Mientras estos casos sigan siendo precedentes vinculantes de esta Corte, los tribunales inferiores deben aplicarlos. Y cada vez que lo hacen, los tribunales respaldan implícitamente los supuestos raciales inaceptables que dieron lugar a la doctrina”, expresaron los exjueces federales y estatales.
También participan en este escrito los exjueces estatales de Islas Vírgenes Soraya Diase Coffelt y Adam G. Christian.
Por otro lado, entre los Amici Curiae destaca además el presentado por una serie de académicos expertos en el tema de ciudadanía, entre ellos los profesores Sam Erman (USC Law), Michael Ramsey (San Diego Law), Linda S. Bosniak (Rutgers Law), Stella Burch Elias (Iowa Law), Kristin Collins (Boston Law), Christopher R. Green (Mississippi Law), Torrie Hester (St. Louis University), Linda K. Kerber (Iowa), D. Carolina Núñez (BYU Law), Nathan Perl-Rosenthal (USC), Polly J. Price (Emory Law), Lucy E. Salyer (New Hampshire), Rogers M. Smith (Pennsylvania), Katherine R. Unterman (Texas A&M), Charles R. Venator-Santiago (Connecticut), y Ryan C. Williams (Boston Law).
Otros que presentaron un recurso de forma consolidada fueron los siguientes grupos: American Civil Liberties Union, ACLU of Utah, Asian American Legal Defense and Education Fund, Autistic Self Advocacy Network, Brennan Center for Justice at NYU School of Law, Dēmos, Human Rights Campaign, Lambda Legal Defense and Education Fund, Inc., LatinoJustice PRLDEF, The Leadership Conference on Civil and Human Rights, OCA–Asian Pacific American Advocates, y Washington Lawyers’ Committee for Civil Rights and Urban Affairs.
Finalmente, también el Colegio de Abogados de Islas Vírgenes y la Federación Americana de Samoa presentaron un recurso solicitando que el Supremo decida atender el caso Fitisemanu.