La Cámara de Representantes aprobó, en su sesión de ayer, 7 de junio, Resolución de la Cámara 444, que propone investigar la situación sobre la reválida de la abogacía.
La resolución fue aprobada de forma unánime por el cuerpo y fue referida a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara.
La presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Daisy Calcaño López, había solicitado esta semana a la Cámara de Representantes que le diera paso a la resolución.
La Resolución de la Cámara de Representantes 444 fue radicada por el representante Orlando Aponte, el 11 de junio de 2021. La misma se encuentra detenida en la Comisión de Asuntos Internos de la Cámara y no ha podido ser considerada por el pleno de ese cuerpo legislativo, afirmó Calcaño López.
La medida ordena a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, a realizar una investigar las reválidas de derecho general y derecho notarial y las notas de pase de los estudiantes de derecho; y para otros fines.
«Esta Resolución, en su exposición de motivos, recoge la urgencia y necesidad de un informe exhaustivo en relación con la reválida, sus métodos y criterios de corrección y la nota de pase entre otros factores. Existe una legítima preocupación por la nota de pase de la reválida, los criterios de corrección y la acreditación de las escuelas de derecho de parte de la “American Bar Association (ABA). La pérdida de la acreditación es un asunto muy serio, porque afectará negativamente el acceso a préstamos estudiantiles y poder tomar la reválida federal o ejercer en otras jurisdicciones», reaccionó la líder del gremio.
Calcaño López puso particular preocupación por aquellos estudiantes de escasos recursos, los cuales estarían a riesgo de no poder sufragar sus gastos de estudios, de ocurrir una desacreditación de las escuelas de derecho. «Sólo podrán estudiar aquellos y aquellas que tengan los recursos económicos. Ello, quebrando metas académicas y profesionales de cientos de estudiantes de clases menos privilegiadas y afectándose el acceso a la justicia».
«En esta situación están envueltos inversiones económicas cuantiosas en estudios universitarios que, en la mayoría de los casos, las familias puertorriqueñas hacen sacrificios para ayudar a sus hijos e hijas a estudiar derecho, sumado a los miles de dólares en préstamos, el tiempo invertido, y toda la suma de los costos adicionales que ello conlleva, como el deseo de progresar, de estudiar, de servir al país como abogados y abogadas», puntualizó Calcaño López.
«La transparencia y el compromiso de atender responsablemente los factores que afectan el pase de reválida, amerita un análisis ponderado con miras a que el Tribunal Supremo y las escuelas de derecho unan esfuerzos para atender las causas y buscar soluciones que hagan justicia a los cientos de aspirantes, que se esfuerzan para obtener la nota de pase. Tiene que haber un diálogo constructivo y objetivo entre las partes», comentó.
El CAAPR está disponible para unirse a esos esfuerzos, dijeron. «El tiempo apremia; ha transcurrido 42 años desde el último estudio conocido y divulgado sobre la Educación Jurídica y la Reválida en Puerto Rico, se presentó en diciembre de 1979 al entonces juez presidente, Hon. José Trías Monge, por la comisión especial designada con esa encomienda. Reiteramos nuestra solicitud a la Cámara de Representantes atienda la R de la C 444 con urgencia», concluyó la licenciada Calcaño López.
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