Ley de Puerto Rico NOTICIAS

Ya es ley medida que procura la rehabilitación de menores juzgados como adultos

Aclara los términos de la libertad bajo palabra, con el propósito de evitar castigos crueles e inusitados.

El gobernador Pedro R. Pierluisi estampó su firma en el Proyecto de la Cámara 467 para aclarar disposiciones sobre la imposición de penas a menores en los casos en que son juzgados como adultos en la comisión de delitos. La medida enmienda el Artículo 308 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, y el Artículo 3 de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, a los fines de aclarar los términos para cualificar para la consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra, en los casos de menores procesados como adultos.

Curso de interés – ¿Cuándo procede la solicitud de un juicio nuevo? Reglas y jurisprudencia aplicable en casos penales 

La pieza legislativa establece que en los casos en que se imponga a un menor de edad procesado y sentenciado como adulto, una sentencia por más de un delito a ser cumplida de manera consecutiva, el término para cualificar será calculado tomando solamente como base la pena del delito mayor. En caso de que la pena más alta a cumplirse sea idéntica para dos o más delitos, se utilizará el término de uno solo de ellos, independientemente si la ley en virtud de la cual resulta convicto sea una ley especial. 

Elige lo que te conviene - cursos

La exposición de motivos del proyecto expone que aunque en Puerto Rico no existe la cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo palabra, la sentencia más larga contenida en el Código Penal es de 99 años, y muchas veces se imponen sentencias consecutivas que pueden sumar cientos de años lo cual en efecto, constituyen sentencias de por vida sin posibilidad de libertad bajo palabra. 

Asimismo, señala que en los casos de menores de edad procesados y sentenciados como adultos, el sentenciarlos de por vida sin posibilidad de libertad bajo palabra redunda en un castigo cruel e inusitado, pues entienden que la capacidad de los menores para decidir no incurrir en conducta delictiva está disminuida por la realidad biológica y social de que, antes de cumplir la mayoría de edad, ni el cerebro ni la capacidad cognoscitiva de una persona están plenamente desarrollados. 

Curso relacionado – Derecho a la fianza: Condiciones, restricciones y servicios con antelación al juicio 

«Nuestra política pública es procurar los procesos de rehabilitación para todo ser humano, especialmente cuando se trata de menores de edad que pudieran ser elegibles para obtener libertad bajo palabra. Las particularidades que presentan los menores de edad justifican que se les trate de manera distinta a un adulto, garantizándoles un proceso de rehabilitación más amplio. Nuestro sistema judicial y correccional debe procurar siempre el proceso de rehabilitación ante el punitivo», sostuvo el gobernador en comunicación escrita.

Los Departamentos de Justicia, Familia y Corrección y Rehabilitación avalaron la medida.

En el proyecto legislativo se dispone que la ley «aplicará de manera retroactiva, independientemente del Código Penal o ley penal especial vigente al momento de los hechos delictivos. Las cláusulas de prohibiciones absolutas de libertad bajo palabra en los delitos de leyes penales especiales no serán aplicables al caso de menores juzgados y sentenciados como adultos cuando contravengan lo aquí establecido».

Hace unas semanas, el Tribunal Supremo de Puerto Rico no acogió una petición de certiorari en el caso Pueblo v. Josué U. Torres Pérez, en el que un recluso alegó que su condena de 549 años era inconstitucional por tratarse de un castigo cruel e inusitado proscrito por la Octava Enmienda de la Constitución federalLa condena fue impuesta cuando Torres Pérez tenía 16 años, tras ser acusado y procesado criminalmente como adulto por cuatro cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas. Actualmente, Torres Pérez ha cumplido 18 años en prisión de máxima seguridad. Sin embargo, la posibilidad de que este pueda reingresar a la libre comunidad es prácticamente nula, pues tendría que cumplir 103 años en prisión antes de ser elegible para libertad bajo palabra. 

El juez asociado Luis Estrella Martínez y la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez no estuvieron de acuerdo con el proceder de la mayoría del tribunal, por lo que sometieron disidencias para explicar los fundamentos por los cuales la sentencia de Torres Pérez puede ser catalogada como un castigo cruel e inusitado, por lo que debió ser revisada.

Banner tu opción local más completa suscripción 15% descuento