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Enmiendas a procesos de reclamaciones de facturas de servicios esenciales

Los requisitos de notificación sobre suspensión de servicios aplicables a agencias y aplicarían también a las alianzas público privadas.

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El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael «Tatito» Hernández Montañez, propone enmiendas a la Ley para establecer requisitos procesales mínimos para la suspensión de servicios públicos esenciales a fin de extender la aplicación de la ley a las alianzas público-privadas participativas y agilizar los procesos de revisión de facturas y apelación de decisiones administrativas.

La Ley 33 del 27 de junio de 1985 estableció requisitos procesales mínimos para garantizar los derechos de los abonados o usuarios cuando se enfrentan a suspensiones de servicios públicos y velar por que reciban tiempo suficiente para objetar la notificación de suspensión del servicio y un procedimiento administrativo ágil que atienda dicha objeción en un término oportuno.

El Proyecto de la Cámara 1381 propone reducir varios términos del proceso para promover mayor agilidad, tal como el término para la resolución de objeciones de clientes, del término actual de 60 días a 30 días. El resultado de la investigación se le notificará al abonado por escrito quien, si el resultado de la investigación le es adverso, tendrá  10 días a partir de la notificación para pagar la factura o para objetar la decisión y solicitar una revisión de esa decisión y vista administrativa ante el director ejecutivo regional de la autoridad concernida.

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Se dispone que en caso de que la resolución sea en contra del abonado y se confirme la exigibilidad del pago de la factura, el abonado deberá pagar el balance de la deuda en un plazo de 15 días a partir de la notificación de la decisión.  De ser necesario, la agencia deberá establecer un plan de pago de la deuda que no será mayor al 50% del total de la deuda. Si el abonado no cumple con el pago lentonces se podrá suspender, desconectar y dar de baja el servicio.

Sin embargo, en ningún momento mientras se desarrollen estos procedimientos administrativos la autoridad instrumentalidad gubernamental, corporación pública, y/o alianza público-privada participativa, podrá suspender el servicio.

De igual forma, se extiende a las alianzas público privadas el mandato de ley que requiere programar las interrupciones de servicio con 15 días de antelación y  notificar al abonado con un mínimo de 48 horas previas.

Se incluyen nuevas disposiciones para que la agencia, corporación públoica o alianza públoico privada,  provea al abonado un enlace a través de los medios digitales, telefónicos o por correo postal, para informar el estado actualizado de la objeción del abonado en cada uno de los pasos establecidos en esta ley. Si cualquiera de las partes incumpliera con cualquiera de los términos dispuestos mediante esta ley, la controversia se resolverá a favor de la parte que se encuentre en cumplimiento.