NOTICIAS

CAAPR solicita enmienda a la nueva Ley 52-2022

Muy en particular, lo referente a las enmiendas al Artículo 11 de la Ley Notarial.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, a través de su presidenta, la licenciada Daisy Calcaño López se expresó preocupado con relación a las enmiendas introducidas al proyecto de la Cámara 1367, convertido en la  Ley 52-2022. Muy en particular, lo referente a las enmiendas al Artículo 11 de la Ley Notarial.

«Estamos ante una situación que se ha criticado por décadas en cuanto a la aprobación de medidas sin la debida discusión y análisis para enmendar proyectos de ley en comités de conferencia, sin que las organizaciones de la sociedad civil   interesados nos demos por enterados;  y ya esta medida es ley», expresó a través de declaraciones escritas.

Según el comunicado, las enmiendas a la Ley Notarial son similares a las contenidas en el Proyecto de la Cámara 827 el cual fue aprobado en la Cámara y el proyecto se quedó en el Senado.

«Las enmiendas  a la Ley Notarial tienen su génesis en la actualización de las tasaciones de los inmuebles que  le  están requiriendo al CRIM.  Nos fuerza a  concluir que con estos requisitos se le está haciendo el trabajo de  tasación que le corresponde al CRIM.  Eso  surge en las entre líneas del proyecto  PC 827  que  se quedó  en  el Senado, pero la Cámara y el Senado  en conferencia  lo incorporaron  en el proyecto 1367, hoy  Ley 52 de 2022.  Del  PC 827, surge la intención clara,  en la exposición de motivos que lee como sigue: ‘Este cambio, unido al uso de la tecnología, incorporando las tasaciones, plot plan o mensura y estudios de título en la planilla informativa que va al Departamento de Hacienda y al CRIM permitirá darles certeza y agilidad a estas transacciones'», señaló.

Añadió que, el P de la C 1367,  cuyo  título es Ley para la Estabilización de las Finanzas Públicas de Puerto Rico  y enmienda cerca de 14  leyes, según se  consigna en la  propia  medida,  impone  una carga  onerosa  en el proceso de   disponer del título de los bienes  inmuebles.

El Artículo 86 de la medida, dispone que, en toda transacción de compraventa, donación, cesión, permuta, traslado, segregación, agrupación se requiera una tasación  de la Propiedad  inmueble realizada por un tasador licenciado, estudio de título y un plano de mensura (plot plan). “El estudio de título ha sido requisito por ley; inclusive  se incluye  como parte del contenido de las  escrituras sobre  el traslado o disposición de  bienes inmuebles”, sostuvo.

«La Ley 52-2022 entró en vigor inmediatamente, lo que trastocó los negocios jurídicos pendientes que de ordinario no intervine una institución bancaria o hipotecaria.  Esta medida no debió  incluir esa enmienda a la  Ley Notarial. El efecto es que impone un costo oneroso a la  ciudadanía  que  desea vender su propiedad y se ve obligada  a   contratar  un agrimensor  y un tasador.  Más  aun,  trastoca inclusive a municipios y al Departamento de Vivienda  cuando otorga las escrituras  de viviendas  y  solares de interés social.    Ayer  quedaron   detenidos  los  negocios jurídicos  de bienes inmuebles   donde   no se  tiene  ni tasación ni plano de mensura.    La disponibilidad  de contratar tasadores y agrimensores, en estos  tiempos   es difícil.   La tardanza y  el costo en   completar  estos  requisitos  desalienta  a la ciudadanía y trastoca  el  tráfico  jurídico de los   negocios    sobre bienes  inmuebles  e impone   cargas adicionales  al ejercicio de la notaría», expresó Calcaño López.

Informó que, según evaluación realizada sobre el trámite, la enmienda a la Ley Notarial no estuvo incluida en las primeras etapas de consideración de la medida.

«Sin lugar a duda, una  enmienda  de esta  naturaleza  incluida  en   la etapa  de conferencia  entre los dos  cuerpos  legislativos,  sin  informarlo  a la ciudadanía,  a los y las afectados, es una práctica lesiva que va en detrimento al  sano  ejercicio de la democracia.  Ello, sin menoscabar la soberanía de los  cuerpos legislativos», manifestó Calcaño López.

«Nuestra solicitud al señor gobernador Pedro Pierluisi Urrutia  es que cite a una sesión extraordinaria  para enmendar  la  Ley 52 de 2022, eliminando  el  Artículo  86 de la misma que enmienda a su vez el Artículo 11 de la Ley Notarial. El llamado a la Asamblea Legislatura es que atiendan este asunto con la urgencia requerida. Esperar a la sesión ordinaria de mediados del mes de agosto tiene un costo económico para todas las partes, especialmente para  los constituyentes», concluyó.

1 comentario

Los comentarios están cerrados.