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Planes de pago de sentencias judiciales contra el gobierno seguirán vigentes

La intención legislativa es que los planes de pago del gobierno en casos judiciales operen ex propio vigore una vez existe una sentencia adversa, final y firme, y sean autorizados por el Secretario de Justicia de Puerto Rico.

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El gobernador Pedro Pierluisi tiene ante su consideración una propuesta legislativa para aclarar, entre otras cosas, que las disposiciones relacionadas con el plan de pago de sentencias finales y firmes  contra agencias, corporaciones públicas o municipios no tienen que alegarse como defensa afirmativa en reclamaciones judiciales para evitar responder por la reclamación.

El Proyecto del Senado 245, que fue presentado por la senadora Migdalia I. González Arroyo, y contó con la coautoría del senador Ramón Ruiz Nieves,  propone enmendar la Ley para atender la crisis económica, fiscal y presupuestaria para garantizar el funcionamiento del gobierno y la Ley Especial de sostenibilidad fiscal y operacional del gobierno de Puerto Rico.

Ambas leyes establecen el mecanismo de los planes de pagos sobre aquellas sentencias en donde las agencias, instrumentalidades, o corporaciones públicas del Estado Libre Asociado, y los municipios, estén en la obligación de efectuar un desembolso de fondos con cargo al Fondo General, el fondo de la corporación pública que se trate, o con cargo al presupuesto municipal, según fuera el caso.

Con las enmiendas aprobadas  se aclara que los planes de pago a los que se acoja el Estado o los municipios para todo caso cuyos hechos ocurrieran antes de 1 de julio de 2021 mantendrán su vigencia y disposiciones por el tiempo establecido en el plan de pago sin que pueda afectarse o invalidarse por haber expirado su vigencia al 30 de junio de 2021. De igual forma, se aclara que los planes de pago serán aplicados a todo caso cuyos hechos hayan ocurrido antes del 1 de julio de 2021.

Lee aquí la medida 

Se plantea  que la intención legislativa es que los planes de pago establecidos en ambas legislaciones operen ex propio vigore una vez existe una sentencia adversa, final y firme, y sean autorizados por el Secretario de Justicia de Puerto Rico.   La Carta Circular Núm. 2020-07 del Departamento de Justicia, dispone que la política pública establecida continúa siendo, evitar los pagos de sumas globales de sentencias que puedan afectar la estabilidad fiscal y operacional del Estado Libre Asociado, incluyendo los municipios.

Poco antes de finalizar la recién concluida tercera sesión ordinaria, la medida tuvo que ir a un Comité de Conferencia luego del Senado no acoger las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes. Sin embargo, dicho informe de conferencia fue aprobado por ambos cuerpos, por lo que pasará a la consideración del gobernador de Puerto Rico para su firma.