- El Tribunal Supremo, por 5 a 4, avaló el interdicto que mantiene a Liza Cook, lo que constituye un revés para el presidente Trump.
- La opinión sostiene que la ley exige causa para destituir a miembros de la Reserva Federal, preservando su independencia; cambios requieren acción del Congreso.
- Fortalece los reclamos de los miembros de la Junta de Supervisión de Puerto Rico; su condición territorial puede favorecer resultados distintos en tribunales federales.
Para el licenciado Rolando Emmanuelli, la reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Trump v. Cook es un revés para el presidente estadounidense en esa controversia pero también lo puede ser en la disputa entre la actual administración de Casa Blanca y miembros de la Junta de Supervisión y Administración Financiera.
La decisión del caso Cook fue una votación dividida 5 a 4 avalando el interdicto que mantiene en su cargo a la integrante de la junta de gobierno de la reserva federal, Liza Cook. El juez presidente John Roberts y el considerado conservador Brett Kavanaugh se unieron al ala descrita como liberal del más alto foro, para darle un revés al mandatario.
La decisión emitida ayer, que entre opiniones de mayoría, de conformidad y disidentes cuenta con 83 páginas, subraya que la ley relacionada a la Reserva Federal limita a los presidentes a que solo pueden remover a un miembro de la junta de esa entidad con una “buena razón”, esto en aras de preservar la “larga tradición” de independencia de esa entidad.
“Cualquier cambio a ese esquema debe venir del Congreso, no de los tribunales”, concluye la opinión mayoritaria.
Trump había despedido a Cook súbitamente, y sin el requisito de proveer una justificación para su despido.
En entrevista con Microjuris, Emmanuelli, quien es un abogado estudioso de la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico, (PROMESA, por sus siglas en inglés), Rolando, dijo que hay que poner en perspectiva que no es una decisión basada en los méritos. “Es interlocutoria. Lo que se está cuestionando era el ‘stay’ o una paralización a los despidos”, sostuvo el también autor de un libro sobre la ley PROMESA .
Para una decisión basada en los méritos, ahora el caso debe continuar su trayecto en los tribunales de menor jerarquía, dijo el letrado. Pero, aunque es interlocutoria tiene un peso importante, explicó, porque al mantener el ‘injunction’ o interdicto se reafirman los factores detrás de esa doctrina, entre ellos que la persona que reclama prueba la posibilidad de un daño irreparable, que hay un interés público, el balance de intereses y que tiene una buena probabilidad de prevalecer en los méritos.
Esto último, buena probabilidad futura de prevalecer, es quizá lo más importante para el caso en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico entablado por miembros de la Junta de Supervisión que fueron destituidos sin justa causa por el presidente Trump, al igual que ocurrió con Cook, explicó Emmanuelli.
“Es una buena noticia para los miembros de la junta que están impugnando el despido, el caso pudo haber muerto ahí, haber dicho que el ‘injuction’ no procedía”, afirmó.
Trump despidió a casi todos los miembros de la Junta de Supervisión, pero varios de estos demandaron y prevalecieron con un recurso de interdicto ante la jueza federal en Puerto Rico, Maria Antongiorgi Jordan, y los abogados de la Casa Blanca apelaron a Boston.
Sin embargo, tanto los abogados del presidente como de la Junta solicitaron desde diciembre que se paralizaran los procesos hasta que el Supremo federal resolviera el caso Cook, y el caso está paralizado desde el pasado 22 de diciembre. Ayer temprano, ninguna de las partes había todavía comparecido al tribunal luego de la decisión del alto foro.
Emmanuelli entiende que el reclamo de los miembros de la junta se fortalece con la decisión, pero explicó que el caso local tenía unas ramificaciones adicionales a su favor que no los tenía la gobernadora Cook: mientras la integrante de la reserva es claramente una funcionaria federal, los miembros de la junta responden al gobierno local
“En el caso de Aurelius se resolvió precisamente que esta gente son funcionarios territoriales, esto hace una distinción que favorece a los miembros de la junta”, indicó Emmanuelli. “hay que ver que piden ahora las partes. Las partes pueden ir al tribunal y decir que el caso (de los miembros de la Junta) es tan distinguible que amerita que se vaya viendo”.
Asimismo, Emmanuelli dijo que el resultado de la decisión del Supremo federal, un revés para el presidente, responde a que no siempre los jueces van a resolver controversias en bloque, pero ciertamente se puede ver como un traspiés a la doctrina de la presidencia unitaria que se promueve en sectores de la administración Trump que el cargo de presidente reciba un trato al estilo de un rey.
