Agentes del FBI allanaron la residencia en Mar-a-Lago del expresidente Trump.
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Demasiado en juego al procesar a Trump

El licenciado Leo Aldridge conversó con Microjuris al respecto.

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Por Perla del Mar Rodríguez Fernández

Luego que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) allanó la residencia en Mar-a-Lago del cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muchas personas se podrían preguntar cuáles podrían ser los cargos por los que se puede acusar al exmandatario, cuáles podrían ser sus defensas y hasta lo que se está jugando el Departamento de Justicia federal al intentar procesar al expresidente.

El licenciado Leo Aldridge conversó con Microjuris y explicó que, aunque no hay una acusación hasta el momento y lo esencial para que comience un proceso penal, es un instrumento acusatorio como pueden ser un indictment o accusation. A partir de la orden de registro y allanamiento se puede concluir que hay potencialmente tres cargos que podría enfrentar el expresidente. Se trata de (1) violaciones a la Ley de Espionaje, (2) obstrucción a la justicia y (3) manejo criminal de documentos gubernamentales (sección 2071 del Código Penal federal).

Aldridge explicó que la última posible acusación podría significar que, de ser encontrado culpable, no pueda ocupar nunca más un cargo federal, como puede serlo la presidencia de Estados Unidos.

El abogado recordó que hay sectores en la academia que plantean que los requisitos para ejercer la presidencia están claramente descritos en la Constitución estadounidense y que añadir requisitos mediante legislación (como puede ser impedir la candidatura por la violación a la sección 2071 del Código Penal federal) puede ser inconstitucional porque excede los poderes del Congreso de Estados Unidos.

18 U.S. Code § 2071 – Concealment, removal, or mutilation generally

(b)Whoever, having the custody of any such record, proceeding, map, book, document, paper, or other thing, willfully and unlawfully conceals, removes, mutilates, obliterates, falsifies, or destroys the same, shall be fined under this title or imprisoned not more than three years, or both; and shall forfeit his office and be disqualified from holding any office under the United States. As used in this subsection, the term “office” does not include the office held by any person as a retired officer of the Armed Forces of the United States.

Al preguntarle al abogado cómo piensa que el Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) resolvería la controversia sobre los poderes del Congreso para añadir requisitos para que una persona pueda aspirar a la presidencia del país, respondió que hay dos formas de observar el asunto y que nos llevan al mismo lugar.

Por un lado, la mirada más simple sería decir que en el TSEU hay una mayoría de cinco jueces y una jueza que se asocia con el Partido Republicano, que tres personas de esa mayoría fueron nombradas por el expresidente y que resolverían a favor del exmandatario.

Otra mirada sería recordar las más recientes decisiones del Tribunal Supremo federal, donde han limitado o aclarado los poderes que tienen los estados, el Congreso y las agencias públicas.

«No es risible o enajenado pensar que al ver una ley dispuesta por el Congreso y reñida con la Constitución, resolverían que la ley dispuesta por Congreso que presenta mayores requisitos que los dispuestos es inconstitucional», sostuvo Aldridge a Microjuris.

¿Cuáles son las defensas que podrían presentar Trump?

El abogado recordó las expresiones que ha hecho la representación legal de Trump en los últimos días, entre las que se encuentra que el presidente tiene el poder de desclasificar cierta información (y que de alguna forma, lo hizo al retener ciertos documentos) y que no había una intención criminal de parte del exmandatario, porque se puso a la disposición de las autoridades federales en cuanto se comunicaron con él.

¿Realmente existe la posibilidad de que se le acuse por traición?

Para Aldridge, es jurídica y políticamente válido considerar un señalamiento por traición. Sin embargo, considerando una perspectiva de litigio, el abogado no cree que se explore mucho esa vertiente porque el Departamento de Justicia va a tratar de limitarse a lo que está en la letra de la ley.

«No van a querer ser muy creativos. Van a mantenerse en lo que se pueda probar más allá de duda razonable», puntualizó.

Al considerar cuáles son los retos más grandes en términos probatorios que podría enfrentar este caso, Aldridge sostuvo que puede ser probar la mente culpable o intención criminal. «Va a ser difícil tratar de meterse en su mente [la del expresidente Trump]. Por eso, están registrando y allanando para ver qué pensaba y cuál era su estado mental», señaló el abogado.

Nunca hemos visto este tipo de casos en Estados Unidos, donde el gobierno procese criminalmente a una persona que fue presidente. Lo más parecido fue cuando el 8 de agosto de 1974, el presidente Richard Nixon se dirigió al pueblo estadounidense para anunciar su renuncia a la presidencia debido al escándalo del Watergate. Un mes después y a través de la Proclama 4311, Gerald Ford concedió un indulto total e incondicional a Nixon, su predecesor, por cualquier delito que hubiera cometido contra los Estados Unidos como presidente.

¿Cuál puede ser el mejor camino para atender la división que hay en Estados Unidos por esta situación?

El abogado planteó que el mensaje en este proceso es que nadie está por encima de la ley. Ese es un ángulo legal y público.

Por otra parte, el abogado pidió que miráramos el asunto al revés: «¿Qué pensaríamos de un Departamento de Justicia que, sabiendo que se violaron disposiciones penales y que se violó la ley, no procesa a alguien sobre el cual se tiene información fehaciente? ¿Qué pensaríamos de un Departamento de Justicia que no investiga?», puntualizó.

Aldridge no descartó que el Departamento de Justicia federal tenga fallas. Lo ve todos los días de su vida profesional. Por supuesto, ha conocido a funcionarios públicos del más alto calibre, que cuando dicen algo, se puede confiar totalmente en su palabra. También hay personas que no son razonables y abusan de su poder, pero el abogado afirmó que son los menos.

El abogado concluyó diciendo que «estamos viviendo en tiempos la mar de interesantes», cuando el gobierno más poderoso del mundo está investigando a quien fue su presidente y podría estar en juego lo que une a este país.

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