Por la Lcda. Lourdes Rosado (Presidenta de LatinoJustice PRLDEF)
Casi exactamente cinco años después de que el huracán María cambiara para siempre la vida de millones de puertorriqueños, este mes, el huracán Fiona proporcionó otro devastador recordatorio de qué tan frágil sigue siendo la infraestructura de Puerto Rico.
El lanzamiento de rollos de papel por el presidente Donald Trump, a una multitud de sobrevivientes en 2017 fue una broma cruel y desconsiderada, pero precisamente captura una realidad aún más preocupante: el gobierno de los Estados Unidos todavía considera a quienes viven en Puerto Rico y otros territorios de los EE.UU. como ciudadanos de segunda clase. Hoy, casi 125 años después de que Estados Unidos adquiriera territorios extranjeros por primera vez, el estatus de los 3.6 millones de personas que viven en cinco territorios estadounidenses (el 98 % de los cuales son personas de color) sigue estando definido por un marco colonial establecido tras una serie de casos racistas de la Corte Suprema durante los principios del siglo XX, conocidos como los Casos Insulares.
Ahora la Corte Suprema tiene una oportunidad histórica para comenzar a desmantelar ese marco colonial, dejando a un lado los Casos Insulares y el precedente legal que ha perpetuado estos sesgos sistémicos — y debería hacerlo. Durante este mes, la Corte Suprema determinará si tomará el caso Fitisemanu v. Estados Unidos, un caso que pregunta si las personas nacidas en los territorios de los EE. UU. tienen derecho a la ciudadanía estadounidense y “si los Casos Insulares deben ser anulados”. La juez Sonia Sotomayor recientemente criticó los Casos Insulares por estar «basados en creencias odiosas y erróneas», y el juez Neil Gorsuch declaró que estos «descansan sobre bases podridas». La Corte debería aprovechar esta oportunidad para anular estas abominables decisiones, que están fundamentalmente basadas en la supremacía blanca.
La falta de respuesta luego del huracán María es solo un ejemplo de una extensa lista de injusticias sufridas por los puertorriqueños y otros residentes de los territorios estadounidenses. La atención de los medios nacionales que atrajo el desastre produjo una renovada conciencia a otros en los EE. UU. y en el mundo, sobre la discriminación sistémica y las doctrinas legales arraigadas en la supremacía blanca que continúan afectando a millones de personas que forman parte de los EE. UU. Este racismo estructural «separado y desigual» está legalmente consagrado en los Casos Insulares, que se refirieron a los habitantes de territorios estadounidenses como “semi-civilizados”, “salvajes” y “ de razas alienígenas”.
Los mismos jueces que establecieron este marco colonial a través de los Casos Insulares, son más conocidos por su decisión en el caso Plessy v. Ferguson, que uno años antes creó la doctrina de segregación racial “separados, pero iguales”, similarmente fundada en la supremacía blanca. Las acciones de la Corte Suprema que anularon a Plessy en Brown v. Board of Education prepararon el escenario para el desmantelamiento de Jim Crow y la segregación racial de facto. Ahora, al anular los Casos Insulares, la Corte Suprema puede ayudar a iniciar el proceso de derrumbar las estructuras coloniales racistas que ayudó a crear. Es tiempo de que los Casos Insulares se unan a Plessy en el vertedero de la historia.
Una democracia plena permitiría al pueblo usar el proceso político para hacer a sus líderes responsables de fracasos como el del huracán María. Pero, los residentes de los territorios de EE. UU. no pueden votar por el presidente, no tienen representación electoral en el Congreso, y se les continúa negando su derecho a la autodeterminación. Los territorios del Pacífico tienen la tasa más alta de registro militar en Estados Unidos; los puertorriqueños han sido condecorados con la Medalla de Honor, sin embargo, ninguno de ellos puede votar por su Comandante en Jefe.
La forma en que se trata a las personas de los territorios estadounidenses es incomparable con los principios democráticos y constitucionales más fundamentales delos Estados Unidos. La congresista Stacey Plaskett, quien representa a las Islas Vírgenes de los EE. UU. como delegada sin derecho a voto, hizo este contraste con estas: “Las ramificaciones de los Casos Insulares van mucho más allá de la capacidad de votar de los ciudadanos en los territorios. Pagamos miles de millones de dólares en impuestos federales y, sin embargo, a los residentes de los territorios de EE. UU. se les niega acceso crucial a apoyo federal”. Si la Corte Suprema no actúa ahora cuando se le presenta la rara oportunidad de dejar atrás los Casos Insulares, no está claro cuándo, o si alguna vez, tendrá otra oportunidad.
Los huracanes y desastres naturales continuarán siendo una realidad para las personas en Puerto Rico y otros territorios, pero ya no se puede aceptar la denegación de los derechos constitucionales, democráticos y humanos básicos y la promoción del colonialismo en suelo estadounidense. Tanto jueces liberales como conservadores de la Corte Suprema han reconocido que el status quo colonial en Puerto Rico y otros territorios es «odioso» y «vil», es hora de que el resto de la Corte – y el resto de los Estados Unidos – hagan lo mismo.
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