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Nuevos señalamientos del monitor federal a la Policía

Se indica que hay una plataforma de correos electrónicos llamados Policía Informa, donde los agentes reciben y pueden acceder informes y manuales, pero la policía no tiene forma de confirmar si los agentes están abriendo y leyendo estos mensajes.

Por Daniel Rivera Vargas

En la continuación de un pleito que lleva 11 años, el más reciente informe de la oficina del monitor federal de la Policía señala numerosas fallas cometidas por la agencia de ley y orden para cumplir con el acuerdo entablado tras ser objetos en el 2012 de una demanda federal por violación de derechos civiles.

Lee el informe aquí 

El resumen ejecutivo de 17 páginas -el informe es de 287 – avalado por el monitor John Romero, vincula el limitado adiestramiento para el periodo del informe, que comprende seis meses entre abril y septiembre de 2022, a razones como las restricciones por el COVID-19, pero que además incluyen la falta de una plataforma para adiestramientos virtuales, poca supervisión a los itinerarios de adiestramientos, y escasez de personal, lo que ha impedido que muchos agentes no cumplan las 40 anuales de adiestramiento que se les requiere.

Algunas de las fallas cometidas por la Policía son temas que ya el monitor federal ha denunciado, cómo el lenguaje usado en informes de arrestos, poca documentación en el tema de la causa probable, no supervisar las acciones correctivas y el incumplimiento en los términos para investigaciones internas.

El informe sometido al juez Francisco Besosa, que incluyó entrevistas a ciudadanos y visitas a puntos de la isla como Arecibo, Aguadilla, Caguas, Bayamón, y Guayama, indica que no ha habido progreso, o ha sido mínimo, en el actual periodo en comparación al anterior, y que incluso el gobierno ha incumplido en recomendaciones del propio monitor propuestas por facilitar el cumplimiento con el acuerdo federal, que son descritas como «low hanging fruit» o que requieren un mínimo esfuerzo para implementarla.

«La Oficina del Monitor aprovecha esta oportunidad para subrayar al Gobierno que es esencial que el Negociado de la Policía y el Departamento de Seguridad Pública (DSP) trabajen en colaboración para mover hacia adelante el cumplimiento (del acuerdo federal)», reza el informe.

Cuando se discute las diferentes áreas del acuerdo entre el gobierno federal y la policía, se indica poco avance en el renglón de profesionalismo, donde existe un código de ética ya creado, pero no hay consistencia en la ejecución de las políticas relacionadas con el profesionalismo.

En lo que se refiere a Uso de Fuerza, el gobierno se ha mostrado incapaz de validar sus cifras en ese renglón, incumpliendo en áreas como que las investigaciones se extienden por más de los 45 días que se requieren, con demoras en la evaluación de un programa piloto para adiestramiento en intervenciones en crisis y la no contratación de personal para este renglón.

En el tópico de allanamientos, el informe indica que el gobierno somete informes incompletos, con poca información, y hay poca evidencia por parte del gobierno de que los supervisores toman acción correctiva para atender este problema. También se critica que se ha creado una nueva categoría de allanamiento llamada «propio conocimiento», donde se está permitiendo allanar si una orden o consentimiento escrito alguno.

«La policía debe investigar este asunto para determinar su legalidad e informar al respecto a la Oficina del Monitor», reza el informe.

En lo que se refiere a la Igual Protección y a No Discriminación, el informe indica que se revisaron 79 alegaciones de violencia doméstica y 45 de agresiones sexuales, que identificaron que la Policía no documento el uso de métodos de respuesta informada a traumas, no se le proveyó de forma consistente ayuda en áreas de seguridad a esas víctimas, no se le dio seguimiento de forma oportuna a las víctimas de estos crímenes.

Se plantea que el cumplimiento en estos renglones se daría con informes escritos, supervisión, y aumento en el entrenamiento. Algunas de estas alegaciones fueron cometidas por miembros de la propia Policía, y en cinco de esos casos el gobierno incumplió en sus políticas de desarmar a ese agente o referir a programas de asistencia a los empleados.

«El monitor reitera que la policía de Puerto Rico debe ser consistente en sus políticas de cómo investigar miembros de la Policía de Puerto Rico», subraya el informe

En el subtema de procedimientos, la policía tiene adiestramientos que «testarudamente permanecen en un nivel que es menor que deseable» y no hay sanciones por esos incumplimientos.

Se indica que hay una plataforma de correos electrónicos llamados Policía Informa, donde los agentes reciben y pueden acceder informes y manuales, pero la policía no tiene forma de confirmar si los agentes están abriendo y leyendo estos mensajes.

Asimismo, en lo relacionado a supervisión, el monitor indica que hay un esfuerzo del gobierno en la promoción de agentes a puestos como sargentos, y ya se ha identificado que se necesita 740 supervisores, pero solo se han ascendido a 103 agentes a sargentos, y 10 sargentos a rehenes, por lo que aun la policía carece de 627 supervisores, incluyendo ascender a 68 a los rangos de inspectores y coroneles, para lo que “no hay presupuesto identificado para esas posiciones”.

Respecto a disciplina, el monitor entiende que «en términos generales, las investigaciones internas se conducen bien», aunque áreas para mejorar incluyen documentación, y las fechas.

Asimismo, se indica que en el adiestramiento hay mucho retraso, incluyendo en lo relacionado con el programa de quejas de civiles. También ha habido mejoría en asuntos como el que los agentes de la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional (SARP) tengan equipo, como vehículos, para hacer su trabajo.

En lo que se refiere a Participación Comunitaria, se trata de un área con poco crecimiento o ningún cumplimiento, esto por asuntos como falta de personal, poco adiestramiento o insuficiente transparencia pública. También se critica el deficiente uso de los medios y recursos internos para educar, clarificar y aclarar concepciones públicas incorrectas sobre asuntos como querellas administrativas y procesos investigativos, «particularmente durante manifestaciones públicas».

Finalmente, en lo concerniente a sistemas de información, el monitor dice que el gobierno no muestra capacidad propia para moverse en este tema, y ha habido avances porque ha habido intervención directa del monitor, de expertos en el tema, de la fiscalía federal y del propio tribunal.