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Se indica que hay una plataforma de correos electrónicos llamados Policía Informa, donde los agentes reciben y pueden acceder informes y manuales, pero la policía no tiene forma de confirmar si los agentes están abriendo y leyendo estos mensajes.
El Primer Circuito de Boston opinó que el juez Francisco A. Besosa en su veredicto no aclaró qué fue lo que motivó la severa sentencia impuesta.
En el expediente del caso surge una orden reciente del viernes, una anterior del 13 de junio, y otra sobre este mismo tema de la contratación el 24 de mayo para cumplirse el 7 de junio, pero no se cumplió.
Sobre este tema, el abogado federal Leo Aldridge destacó durante entrevista con Microjuris que para los jueces federales a veces es sumamente difícil determinar qué sentencia le impondrá a un ciudadano convicto.
El juez federal Francisco Besosa describe la Ley 9 como una reliquia del pasado, que ya un estudio de 1993 indicaba que se había costado más de $100 millones en fondos del pueblo en demandas por discrimen político para esa época.
El acusado apeló al Primer Circuito por varias razones, incluyendo que la celebración de la videoconferencia se hizo en violación a las reglas federales de procedimiento penal y en violación a la ley federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el coronavirus.