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Se convierten en ley medidas vinculadas a la salud, seguridad, CRIM y educación

Entre estos hay un proyecto dirigido a mitigar deudas de aseguradoras y entidades de Salud con Recinto de Ciencias Médicas.

El gobernador, Pedro R. Pierluisi, convirtió en ley varias medidas legislativas incluyendo el Proyecto del Senado 975 para garantizar que las aseguradoras, las administradoras de beneficios de farmacia, y diversas entidades relacionadas a la salud, puedan contratar con cualquier instrumentalidad, dependencia o agencia del Gobierno al certificar que no poseen deuda pendiente de pago o la existencia de un plan de pago de deuda, en cumplimiento y sin atrasos, con el «Plan de Práctica Médica Intramural» del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) o con las Clínicas Externas y la Clínica Dental.

Esta pieza legislativa, que fue endosada por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), la Administración de Seguros de Salud (ASES), la Administración de Servicios Médicos (ASEM) y el Departamento de Justicia, establece un término inicial de 30 días para que los contratistas, en la alternativa, certifiquen que se encuentran en un proceso contable activo de reconciliación de facturas y pagos, que pueden ser extendidos por 20 días adicionales.

En la continuación de temas de Salud, el gobernador avaló el Proyecto del Senado 287 para que las farmacias que dispensen medicamentos al detal y que brinden servicios a pacientes ciegos o con discapacidad visual parcial, según reflejado en el récord electrónico, ofrezcan el servicio de etiquetas parlantes. También, firmó la Resolución Conjunta del Senado 251 que autoriza a ampliar los servicios de salud y cuidado médico en el Antiguo Centro Médico que ubica en la Avenida Tito Castro, en el municipio de Ponce.

Por otro lado, con la firma del Proyecto del Senado 707, se elevó a rango de ley el que el Negociado de la Policía de Puerto Rico publique en tableros de anuncios digitales información vital para los ciudadanos cuando se activen las siguientes alertas: Silver, Mayra Elías, Rosa, Ashanti, así como otras situaciones de emergencia e información y contacto de la policía.

También, el gobernador Pierluisi firmó el Proyecto del Senado 598 que clarifica que la localización física de un estudiante registrado en el Programa de Educación Especial es un componente inherente a su ubicación, según pactado en el Programa Educativo Individualizado (PEI). Por lo tanto, no puede ser dividido, desvinculado ni alterado sin el consentimiento de la madre, padre o tutor legal y sin el debido proceso de ley.

De otra parte, se convirtió en ley el Proyecto del Senado 64 que enmienda el Código de Incentivos de Puerto Rico para incluir el criterio de horas trabajadas por obrero agrícola como una alternativa para otorgar el subsidio salarial, así como aclarar la jurisdicción primaria del secretario del Departamento de Agricultura con relación al Programa de Subsidio Salarial a los Trabajadores Agrícolas. Dicha enmienda permite que el titular de agricultura considere el número de horas trabajadas semanalmente en relación con cultivos y actividades agrícolas estacionales y no estacionales, considerando las diferentes necesidades de trabajo humano requeridas para producir cada clase de cosecha. Asimismo, se indica que para efectos del Subsidio Salarial en las industrias de producción de huevos, leche y pollos parrilleros, se utilizará como base la Unidad de Producción o aquellas otras bases que se determine por reglamento.

El primer ejecutivo estampó su firma en el Proyecto del Senado 431 que enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), con el fin de implementar política pública de concienciación sobre la importancia de la preservación de las abejas que habitan en nuestro ecosistema. De la misma manera, dicha ley inserta a Puerto Rico en la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de establecer el 20 de mayo como el Día Mundial de las abejas.

Por otra parte, Pierluisi firmó la Ley de Orientación al Consumidor sobre la Información de Contacto de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor en las Facturas de las Compañías de Telecomunicaciones. Según contenido en el Proyecto de la Cámara 555 que viabilizó dicha ley, las compañías de telecomunicaciones que están bajo el Negociado de Telecomunicaciones deberán incluir en sus facturas que los clientes podrán objetar las mismas y la información de contacto.

Al firmar la Resolución Conjunta del Senado 242, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés), deberá realizar todas las gestiones pertinentes y necesarias para incluir en el Portal de Transparencia los datos sobre los programas e iniciativas que se creen o subsidien al amparo de los fondos recibidos por concepto del Bipartisan Infrastructure Investment and Jobs Act.

De igual forma, el primer ejecutivo firmó los Proyectos del Senado 638, 730 y 313. Las primeras dos piezas legislativas enmiendan la Ley de Procedimiento Uniforme. En el caso del Proyecto 638 es para atemperarla al Código Municipal en cuanto a la revisión judicial de las deficiencias, tasaciones e imposiciones contributivas del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Mientras, con el Proyecto 730 se establece como primera opción la celebración de vistas adjudicativas mediante el mecanismo de videoconferencia en las agencias del Gobierno. En el caso del Proyecto 313, se enmienda el Código Municipal y el Plan de Reorganización de la Comisión Apelativa del Servicio Público para reafirmar que este ente de gobierno es quien tiene jurisdicción exclusiva sobre las decisiones o acciones del personal.

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También, el gobernador convirtió en ley el Proyecto del Senado 750 que excluye de la Ley de Cumplimiento de Plan Fiscal de 2017 a todo bien inmueble propiedad del Gobierno, sus agencias, departamentos o instrumentalidades que forman parte del Registro de Zonas Históricas de la Junta de Planificación. Lo mismo sucedió con la Resolución Conjunta del Senado 192 que ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), a dar acceso al Colegio de Químicos de Puerto Rico a todos los pozos bajo su jurisdicción o custodia para tomar muestras de agua.

Finalmente, el Proyecto del Senado 295 declara el 23 de junio como el Día del Olimpismo Puertorriqueño y reconoce a los atletas que han representado a la Isla en las Olimpiadas.

Por otra parte, el gobernador envió varias comunicaciones a los presidentes legislativos en los que les expresa las razones para no firmar los Proyectos del Senado 704, 446, 577, 337 y la Resolución Conjunta del Senado 357. Sobre el Proyecto del Senado 704, que crearía la Ley para el Desarrollo Integral del Estudiantado a través de las Bellas Artes en la Educación Pública, les recordó que, aunque el proyecto es loable, el Gobierno, mediante la Ley de Reforma Educativa de 2018, ya tiene una política pública implantada referente a los cursos de bellas artes para todos los estudiantes.

En lo que respecta al Proyecto del Senado 446, cuyo objetivo era enmendar el Código Municipal para reconocer la legitimación activa de los municipios para comparecer en procesos administrativos o judiciales ante entidades locales o federales como representantes de las comunidades, Pierluisi informó que no firmó la medida por varias razones. La primera es que la medida persigue ampliar los parámetros de justiciabilidad establecidos hasta el presente «lo que podría tener como consecuencia un incremento considerable de pleitos irrazonables, improcedentes e inmeritorios y aumentaría la gestión judicial».

Por otra parte, el gobernador les explicó que el Proyecto del Senado 577 que pretendía enmendar varias leyes para viabilizar que vehículos confiscados puedan ser utilizados por agencias e instrumentalidades del Gobierno, al igual que municipios, tiene un “error insalvable”. Sobre este particular, Pierluisi informó que, al enmendar la Ley de Confiscaciones de 2011, en el proyecto legislativo se incluyó un párrafo que no refleja el texto vigente introducido por la Ley 33 de 2022 que subsana la Ley de 2011. Por lo tanto, la aprobación del Proyecto senatorial tendría el efecto de excluir al Departamento de Justicia como una de las agencias con prioridad para adquirir, a título gratuito, vehículos de motor confiscados y que el Negociado de la Policía pueda obtenerlos sin costo alguno.

En torno a las enmiendas que se proponían al Código de Rentas Internas, a través del Proyecto del Senado 337, para eliminar las disposiciones relacionadas a agentes acreditados especialistas en planillas y permitir que los especialistas en planillas activos puedan completar un formulario de verificación de diligencia debida, el gobernador indicó que la pieza legislativa, lejos de simplificar los procesos y de promover una fiscalización adecuada, mermaría los estándares y la calidad, promoviendo riesgos más costosos para los contribuyentes.  Como cuestión de hecho, esta medida no fue avalada por el Departamento de Hacienda ni por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados.