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En respuesta en gran medida a controversias recientes, el llamado a la creación de un código de ética que rija a los miembros del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha estado tomando fuerza, según conocedores entrevistados.
La semana pasada, la Cámara de delegados de la American Bar Association (ABA) aprobó una resolución urgiendo al Tribunal Supremo estadounidense que adopte reglas éticas similares a las que rigen al resto de los jueces federales, esto como una manera de proteger la imagen de todos los tribunales y fortalecer la percepción pública en momentos de muchos cuestionamientos.
«Si la legitimidad de la Corte disminuye, la legitimidad de todos nuestros tribunales y todo nuestro sistema judicial está en peligro», reza la resolución.
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Igualmente, versiones de prensa apuntan a que el alto foro lleva unos 4 años discutiendo internamente si aprobar o no un código de ética interno, pero que no hay consenso entre los jueces y que hay un documento de trabajo interno ya encaminado.
El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Manuel Quilichini, expresó reservas de si existe ese documento interno, pero entiende que es razonable pensar que ya están discutiendo el tema.
«El que lo estén considerando no me sorprende», dijo Quilichini.
El presidente de los togados dijo que fue uno de los presentes en esa reunión de la ABA, una de dos que realizan anualmente, y afirmó que es la primera vez en sus 20 años en este organismo aprueba una resolución de esta naturaleza.
La inexistencia de este reglamento puede deberse en parte al apego «a la tradición» porque nunca el alto foro ha tenido uno de estos mecanismos internos. Pero, la posición de la ABA es que es hora de colocar estos parámetros internos para proteger al Supremo y a foros similares de ataques.
«La resolución no se limita al Tribunal Supremo federal, sino a otros tribunales supremos que carecen de códigos», sostuvo.
Pero Quilichini reconoció que surge en momentos en que la percepción pública del alto foro federal se encuentra en sus momentos históricamente más bajos, y cuando hay alegaciones éticas contra figuras como la esposa del juez John Roberts, Jane Roberts, por su trabajo en una firma de «headhunters» que busca abogados para firmas de abogados, y Ginnie Thomas, esposa del juez Clarence Thomas, vinculado a sectores asociados a la insurrección del 6 de enero de 2021.
De hecho, la resolución de ABA alude a reformas para evitar que crisis ocurran, y mencionan como un ejemplo de eventos recientes la insurrección del 6 de enero de 2021.
Una forma de detener el deterioro de la imagen del Supremo es este tipo de medida ética, impuesta por los propios miembros del tribunal, dijo Quilichini, esto para evitar insinuaciones que incluyan corrupción.
«La percepción de corrupción tú la combates con regulación», dijo Quilichini.
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Mientras, el profesor Guillermo Figueroa Prieto, quien supervisa la Clínica de Ética y Responsabilidad Profesional de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, dijo que esta resolución recoge el sentir que se viene palpando en relación a este tema, más a la luz de las polémicas recientes con la esposa del juez Thomas, alegaciones de filtraciones relacionadas al juez Samuel Alito, y también hay otras del pasado, como unas que se ventilaron en su momento sobre el fallecido Antonin Scalia.
«Hace tiempo que se viene discutiendo en Estado Unidos, en distintos niveles, en ABA y el Congreso, de tener algún tipo de regulación ética de los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Todos los jueces se acogen a los cánones que aprobó la Conferencia Judicial de Estados Unidos y los únicos jueces que no tienen un código de ética son los del Tribunal Supremo», dijo Figueroa Prieto.
Afirmó que siempre podría el Congreso tratar de abordar el asunto por legislación, pero pudiese haber un cuestionamiento de separación de poderes, por lo que recae en el propio foro actuar.
«El momento es el adecuado, creo que eso se cae de la mata… es una cuestión de sentido común, independientemente de que sean jueces del Supremo pueden cometer actos que sean antiéticos», agregó el catedrático.
«No es que le imponga reglas, es que ellos se las autoimpongan, es lo más aconsejable, no esperar que el Congreso haga algún intento o que ABA le ponga presión. Debería salir de ellos, nadie debería estar por encima de la ética», añadió.
Figueroa Prieto dijo que tampoco en Puerto Rico la situación es algo parecido a la de Estados Unidos, porque no hay un código específico para los jueces del Supremo, aunque a nivel local los propios jueces han expresado que se adhieren a los cánones de ética judicial que aplican al resto de los jueces estatales, aunque no lo han hecho mediante resolución.
