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El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) lamentó la decisión emitida ayer, jueves, por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso que estaban litigando por acceso a documentos contra la Junta de Supervisión y Administración Financiera (FOMB, en inglés).
Junta de Supervisión conserva su inmunidad soberana ante requerimientos de información
La opinión de hoy fue escrita por la jueza Elena Kagan con el aval de todos los jueces del Supremo federal, excepto el veterano Clarence Thomas, quien emitió una opinión disidente. El documento, con ambas opiniones, consta de 19 páginas.
«En resumen, nada en PROMESA deja inequívocamente clara la intención del Congreso de derogar la inmunidad soberana de la Junta. La ley no despoja explícitamente a la Junta de inmunidad ni autoriza expresamente la presentación de demandas contra la Junta. Además, sus disposiciones en materia de revisión judicial y protección frente a la responsabilidad civil son compatibles con el derecho general de la Junta a conservar la inmunidad soberana», reza parte de la opinión.
Según el CPI, con esta decisión el Supremo federal parte de la premisa de que la Junta posee inmunidad soberana en una controversia en la cual se decide el derecho puertorriqueño de acceso a la información pública.
«La Junta no quiere darnos los documentos públicos y el Tribunal Supremo federal hoy les permite esto. Es una opinión judicial muy débil, porque su argumento principal y neurálgico es asumir que la Junta tiene inmunidad, sin entrar en los méritos de si realmente tiene esa protección», dijo en declaraciones escritas Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
Según el CPI, la decisión del Tribunal Supremo federal tiene el efecto de darle el poder a la Junta de no tener que responder al derecho fundamental que tienen los ciudadanos en Puerto Rico a conocer lo que ocurre en su gobierno.
Esta decisión solo aplica a la Junta y no al Gobierno de Puerto Rico ni a ninguna de sus dependencias, que siguen sujetas al derecho constitucional de acceso a la información que reconoció el Tribunal Supremo de Puerto Rico hace más de 40 años.
El equipo legal del CPI está evaluando las implicaciones y posibles alternativas de respuesta ante esta decisión.
«Rechazamos de la manera más enérgica posible que el Tribunal Supremo federal haya tomado una decisión que pisotea los derechos de los puertorriqueños. Estamos ante otro capítulo más de la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos, esta vez, con el resultado de obstaculizar la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas en nuestro País», añadió Carla Minet.
Por su parte, el cofundador del CPI y director del Programa de Transparencia, Oscar Serrano, manifestó que «dentro de la trayectoria de la Ley PROMESA, esta decisión es una prueba más de la intención de Estados Unidos de validar y defender el carácter colonial de Puerto Rico y a la Junta, sin distinción de partido político. La Ley PROMESA fue un acto de demócratas y republicanos, y esta decisión es una decisión de jueces republicanos y demócratas, con la participación de la única jueza puertorriqueña en el Tribunal Supremo».
Jueces del Supremo encaran complejidad del caso Centro de Periodismo Investigativo contra la Junta
Se expresa la Junta de Supervisión
Mientras, también en declaraciones escritas, el ente fiscal indicó que «acoge con satisfacción» la decisión de hoy del Tribunal Supremo.
La Junta de Supervisión solicitó que se desestimara la demanda del CPI por motivos de inmunidad soberana y otras razones.
Contexto del caso
El CPI demandó a la Junta en el 2017 para lograr acceso a varias categorías de información pública, incluyendo sus comunicaciones con el Gobierno de Puerto Rico y el de los Estados Unidos, contratos suscritos, minutas e informes financieros sometidos o recibidos por los miembros de la Junta de Supervisión, entre otros.
Luego de que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y el Tribunal para el Primer Circuito decidieran a favor del CPI, la Junta acudió al Tribunal Supremo federal, que aceptó ver el caso.
Un panel dividido del Primer Circuito confirmó la decisión del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico que denegaba la petición de la Junta de Supervisión de desestimar la demanda.
La Junta de Supervisión argumentó ante el Tribunal Supremo que es un principio fundamental del federalismo que una ley federal no abroga la inmunidad soberana, a menos que la intención del Congreso de abrogar sea «inequívocamente clara» en el texto de la ley.
El derecho de acceso a la información es un área en la que el Gobierno de Puerto Rico ha renunciado a su inmunidad, por lo que los ciudadanos pueden demandar al Gobierno para solicitar documentos públicos.
«No es sorpresa», aseguran
Mientras, para el abogado Luis José Torres Asencio, profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y codirector del proyecto de acceso a la información en la Clínica de Asistencia Legal, la decisión no vino como una sorpresa.
«Sabemos obviamente que la práctica del Tribunal Supremo en la mayoría de los casos es que cuando se expide un auto, en dos terceras partes lo que hace es revocar el dictamen del foro anterior, así que la expedición del auto de certiorari era un mal presagio, pero no deja de ser una opinión desilusionante y desagradable para los que defendemos el acceso a la opinión pública y el derecho del pueblo de mantenerse informado del quehacer de la Junta de Supervisión Fiscal», sostuvo Torres Asencio.
Este es el quinto caso en unos ocho años del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre Puerto Rico y en todos se repite un patrón, dijo el profesor.
«Hay un hilo conductor en esas decisiones y es, digamos, el cuidado con que se trata de la naturaleza de la relación política de Puerto Rico… El tribunal toma sus decisiones sin querer, digamos, enfrentarse a los problemas constitucionales o a los grandes problemas de visibilizar o apalabrar la relación política de Puerto Rico y Estados Unidos al presente», sostuvo.
Se unen más voces
«La decisión de hoy destaca el problema más amplio del marco colonial antidemocrático que gobierna Puerto Rico y otros territorios de los Estados Unidos. Debido a la intervención de hoy del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la Junta de Supervisión podrá continuar ignorando las leyes de transparencia del gobierno consagradas en la constitución de Puerto Rico», sostuvo la abogada Adi Martínez Román, cofundadora de Right to Democracy.
«Dada la importancia de los valores de transparencia pública en juego en el caso, es decepcionante que el Tribunal Supremo de Estados Unidos falle a favor de la Junta de Supervisión, sin resolver si su justificación para negarse a seguir las leyes de libertad de información de Puerto Rico es válida», dijo, por otra parte, el abogado Neil Weare, de Equally American Legal Defense & Education Fund.